CASANARE
Asumió nuevo Personero de Yopal César Hernando Figueredo, tras elección del Concejo Municipal
En medio de polémicas por presuntas irregularidades en el concurso de méritos y cuestionamientos de parte de algunos Concejales, fue elegido como Personero de Yopal el abogado César Hernando Figueredo Morales, con 10 votos de 17 posibles.
Figueredo Morales es abogado titulado de la Universidad de La Sabana, con estudios de posgrado como Especialista en Derecho Tributario, en Derecho Administrativo y también en Derecho Laboral, todas estas Especializaciones adelantadas en la Universidad del Rosario. Es además candidato a Magíster en Derecho Público, y se ha desempeñado como abogado consultor y litigante por más de 15 años.
Con una calificación total de 82,75 puntos, Figueredo Morales fue el único de los seis aspirantes que se presentaron a las pruebas de conocimientos y de competencias laborales en aprobar el examen, los demás lo reprobaron según Unitrópico.
Varios Concejales mostraron su inconformismo con la elección, portando camisetas como esta.
“Me parece triste que en una Corporación que representa los intereses de toda una ciudadanía se presenten situaciones como las que hoy se ven. No entiendo por qué los demás concursantes no siguieron en el proceso para que hubieran podido controvertir las razones que para ellos no eran lógicas, razonables ni jurídicas”, dijo el nuevo Personero de Yopal, respecto de los cuestionamientos de algunos Concejales sobre su elección.
Personería en déficit
De otra parte, la Personera saliente, Aminta Arenas Herrera, recordó que la Personería de Yopal está en déficit aproximado de 150 millones de pesos, generado desde cuando estuvo como representante del Ministerio Público Juan Manuel Nossa en los primeros meses del año anterior, quien generó una serie de contratos con ONG que consumieron en su mayoría el presupuesto de la entidad.
Es decir, el nuevo Personero de Yopal debe llegar a gestionar recursos para cancelar las cuentas pendientes que tiene esta dependencia, producto de los gastos realizados desde cuando estuvo el Personero que en su momento eligió el Concejo de Yopal, cuya elección fue demandada por varias inconsistencias y declarada nula por el Tribunal Administrativo de Casanare y ratificada por el Consejo de Estado.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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