META
Asegurados presuntos partícipes en homicidio de agentes de la Sijín en Meta
Por solicitud de la Fiscalía Seccional Meta, fueron cobijadas con detención domiciliaria tres mujeres y un hombre, señalados como presuntos responsables de delitos ocurridos en la madrugada del pasado 1 de abril en el barrio La Floresta de Guamal (Meta).
Los detenidos, en flagrancia, por policías del cuadrante estarían relacionados con los hechos que terminaron con la muerte de dos uniformados de la Sijin de la Policía.
Según se dio a conocer, los uniformados regresaban al lugar en donde minutos antes habían recogido a un ciudadano de nacionalidad Serbia identificado como Stanimirovic Dejan, alias Marcos, de 46 años de edad. El extranjero había sido herido en el rostro y falleció en el hospital de Villavicencio a donde fue trasladado.
El reporte policial indica que al momento de llegar al lugar otra patrulla de la Policía se encontró con la camioneta de la Sijin de la Policía encendida y en su interior uno de los uniformados sin vida; su compañero, también asesinado, estaba tirado en la vía.
Según se pudo conocer en el lugar de los hechos había dos personas discutiendo. Uno, al parecer, sostenía en su mano el arma de uno de los policías asesinados.
Cuando los uniformados quisieron adelantar el procedimiento respectivo con los implicados, tres mujeres y un hombre salieron de una vivienda para impedir la labor de los uniformados. Al parecer, todo fue parte de una estrategia para permitir la huida de otro hombre en moto.
Al interior de la vivienda de la que salieron las mujeres y el hombre las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de José Vicente Rivera Mendoza, alias Soldado. Además, encontraron cuatro armas de fuego.
Alias Soldado, era un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal (Meta) fueron presentados los detenidos para su judicialización. Allí la Fiscalía les imputó cargos como presuntos responsables de los delitos de favorecimiento de homicidio agravado y fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas de fuego.
Los cargos no fueron aceptados.
Los detenidos son:
- Suldery Ariza Giraldo, de 40 años, esposa de alias Soldado
- Anderson Rivera Beltrán, de 21 años, hijo de alias Soldado
- María Paula Mejía Romero de 23 años, compañera del hijo de alias Soldado
- Nicolás Roberto Mosquera Ariza de 23 años, hijastro de alias Soldado
- Nelvis Yuleth Rivera Tapia de 31 años, empleada doméstica
Los integrantes de la Sijin asesinados son:
- IT Armando Esteban Rodríguez Gómez de 40 años, con 19 años y 8 meses en la institución
- PT John Jairo Reyes Peña 36 años, 10 años y 11 meses en la institución
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
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