META
Asegurados presuntos partícipes en homicidio de agentes de la Sijín en Meta
Por solicitud de la Fiscalía Seccional Meta, fueron cobijadas con detención domiciliaria tres mujeres y un hombre, señalados como presuntos responsables de delitos ocurridos en la madrugada del pasado 1 de abril en el barrio La Floresta de Guamal (Meta).
Los detenidos, en flagrancia, por policías del cuadrante estarían relacionados con los hechos que terminaron con la muerte de dos uniformados de la Sijin de la Policía.
Según se dio a conocer, los uniformados regresaban al lugar en donde minutos antes habían recogido a un ciudadano de nacionalidad Serbia identificado como Stanimirovic Dejan, alias Marcos, de 46 años de edad. El extranjero había sido herido en el rostro y falleció en el hospital de Villavicencio a donde fue trasladado.
El reporte policial indica que al momento de llegar al lugar otra patrulla de la Policía se encontró con la camioneta de la Sijin de la Policía encendida y en su interior uno de los uniformados sin vida; su compañero, también asesinado, estaba tirado en la vía.
Según se pudo conocer en el lugar de los hechos había dos personas discutiendo. Uno, al parecer, sostenía en su mano el arma de uno de los policías asesinados.
Cuando los uniformados quisieron adelantar el procedimiento respectivo con los implicados, tres mujeres y un hombre salieron de una vivienda para impedir la labor de los uniformados. Al parecer, todo fue parte de una estrategia para permitir la huida de otro hombre en moto.
Al interior de la vivienda de la que salieron las mujeres y el hombre las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de José Vicente Rivera Mendoza, alias Soldado. Además, encontraron cuatro armas de fuego.
Alias Soldado, era un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal (Meta) fueron presentados los detenidos para su judicialización. Allí la Fiscalía les imputó cargos como presuntos responsables de los delitos de favorecimiento de homicidio agravado y fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas de fuego.
Los cargos no fueron aceptados.
Los detenidos son:
- Suldery Ariza Giraldo, de 40 años, esposa de alias Soldado
- Anderson Rivera Beltrán, de 21 años, hijo de alias Soldado
- María Paula Mejía Romero de 23 años, compañera del hijo de alias Soldado
- Nicolás Roberto Mosquera Ariza de 23 años, hijastro de alias Soldado
- Nelvis Yuleth Rivera Tapia de 31 años, empleada doméstica
Los integrantes de la Sijin asesinados son:
- IT Armando Esteban Rodríguez Gómez de 40 años, con 19 años y 8 meses en la institución
- PT John Jairo Reyes Peña 36 años, 10 años y 11 meses en la institución
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
