ARAUCA
Asamblea de Arauca realizó primer análisis del retorno a clase de estudiantes
En la Asamblea Departamental se hizo el análisis para determinar si Arauca está preparada para retomar las clases presenciales a partir del primero de agosto según se registra en las directivas 11 y 12 emitidas por el Ministerio de Educación que imparte instrucciones a los gobiernos locales para iniciar el proceso de alternancia en Instituciones Educativas públicas y privadas.
Así lo hizo saber el Secretario de Educación Departamental, William Arévalo Quintero, al anunciar que la entidad territorial certificada, viene atendiendo los llamados del Ministerio de Educación Nacional y los análisis respectivos con los directivos docentes, docentes, Consejos Directivos, del que hacen parte padres de familia. Para determinar cómo se adelantará el proceso en el departamento de Arauca.
El Secretario Arévalo Quintero, sostuvo que la decisión de adelantar la alternancia en los siete municipios se tomará en conjunto con las autoridades departamentales, locales y los padres de familia quienes determinarán si envían o o no a sus hijos al colegio.
El diputado ponente Willinton Rodríguez Benavides, planteó 3 interrogantes que tienen que ver:
📌¿Podemos controlar la propagación del COVID 19 con más de 68 mil niños y jóvenes en circulación?
📌¿Tenemos los recursos para adoptar los protocolos de bioseguridad y el transporte escolar?
📌¿Jurídicamente es viable no iniciar las clases presenciales a partir del 2 de agosto?
Entre tanto diputados como Hernando Posso Parales, sostuvo que las condiciones no están dadas por el momento para que los niños y jóvenes retornen a clase y que por ende el Gobierno Departamental podría adelantar un proyecto que le permita a toda la comunidad educativa contar con el servicio de Internet gratuito.
En la sesión, los diputados manifestaron que aún no pueden tomarse decisiones y que por ende realizarán un nuevo debate para el primero de julio, donde se aspira contar con más insumos que permitan tomar decisiones si en Arauca se sigue el estudio en casa o se retorna a las aulas.
Fuente: gobernación de Arauca
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
