CASANARE
Arroceros de Casanare se unirán al Paro Agropecuario Nacional del 12 de octubre
Ante el panorama en el que se encuentran los arroceros del país no solo en el tema del presupuesto prometido sino del poco compromiso con compras públicas, exportaciones, créditos para la pequeña y mediana industria con el fin de que participen en la compra de la cosecha; el sector arrocero ha decidido participar y apoyar el paro indefinido que llevará a cabo Dignidad Agropecuaria Colombiana (DAC) el 12 de octubre para pedirle al Gobierno Nacional que los Tratados de Libre Comercio sean renegociados ya que son lesivos para todo el sector agropecuario y exigirle que se cumplan los acuerdos que se pactaron con el Ministerio de agricultura.
El acontecimiento que rebosó la copa fue el de las declaraciones del Ministro cuando comunicó que no había más ayudas para los arroceros colombianos. Los agricultores esperaban el cumplimiento de los compromisos que adquirió el Ministerio de Agricultura en apoyo a la comercialización de arroz desde el mes de junio cuando se tenía acordado un apoyo de cinco mil ochocientos millones de pesos para los productores que recolectaron su cosecha en ese mes, dinero que se trasladó para la Resolución del mes de agosto, lo cual no era lógico para los arroceros ya que los productores y volúmenes comercializados no son los mismos de junio.
Luego del primer incumplimiento por parte del ministro Iragorri, él mismo quedó de conseguir recursos por valor de 60 mil millones de pesos, para cubrir desde el 1 de julio y hasta el 24 de agosto, pero lo último que declaró Minagricultura es que no hay probabilidad de más recursos para el sector arrocero del país, comentó Roberto Botero, vocero de Dignidad Arrocera Nacional (DAN). La resolución del 24 de agosto que es la número 276 se expidió por dieciséis mil ochocientos millones de pesos, los agricultores esperan la publicación de un segundo tramo para cumplir con diecisiete mil millones de pesos adicionales y también queda pendiente una tercera resolución para completar un monto total de 54 mil millones de pesos entre las tres resoluciones. Roberto Botero, representante de Dignidad Arrocera, considera que el Ministerio de Agricultura no tiene los recursos y por ello ha estado dilatando el cumplimiento de los acuerdos, lo cierto es que los agricultores ya no van a aguantar más dilataciones.
El siguiente es el texto del Comunicado emitido por Dignidad Arrocera Nacional:
COMUNICADO
Con asistencia de delegados de Casanare, Huila, Tolima, Meta, Norte de Santander, Santander y sur del Cesar, se celebró en Bogotá la reunión de Dignidad Arrocera Nacional (DAN), en la que luego de un sesudo análisis de la situación de los agricultores del cereal, se advirtió sobre la crisis ocasionada por los precios de la cosecha que tienen al sector en la más grande crisis que ha atravesado el arroz, que se recuerde en su historia.
Luego de movilizaciones realizadas en abril, junio, agosto, en las que de manera clara se expresaron ante el MADR, en las que se convinieron compromisos de parte del ministro Aurelio Iragorri, las medidas tomadas fueron insuficientes y además de no sanar las heridas ocasionadas por los precios ruinosos que se están recibiendo, no corrigieron en modo alguno las prácticas que de manera reiterada viene causando la mal denominada ‘política de libre comercio’, que de forma alterna propicia un intercambio comercial que resulta en una imposición encaminada a destruir la posibilidad de que los colombianos consuman arroz producido por sus compatriotas.
Se concluyó igualmente que el monopolio molinero continúa aprovechándose de su posición dominante y no solo paga precios que generan gigantescas pérdidas sino que califica la calidad del grano entregado de manera irreglamentaria y anti técnica , sumando así un factor más de disminución del precio, ante la impavidez de las autoridades encargadas de controlar y castigar esta anomalía.
Frente a las deudas, antiguas y nuevas, el gobierno continúa alargando con inexactitudes y argucias la soluciones que se le exigen y el resultado es que los acreedores financieros y no financieros no cesan en el cobro de estas acreencias, resultando de ello la amenaza de un despojo de tierras, maquinaria e implementos de trabajo necesarias para el proceso productivo, de no concretarse las medidas que se prometen e incumplen reiteradamente.
Junto al arroz, el maíz, el fríjol, la leche, la papa, la panela, el azúcar, el ñame, el plátano, la yuca, cacao, cebolla, la piña, sufren situaciones similares fruto de un mal común: una política equivocada que de no corregirse agravará la ya amenazada soberanía alimentaria nacional.
Ante amenazas comunes se impone una acción conjunta y consecuente. Con esta reflexión se decidió por parte de DAN, vincularse a la jornada de protesta nacional que se realizará el próximo 12 de octubre, fecha en la que se coincidirá con sectores indígenas, empresariales, agrícolas y ganaderos en el clamor por la revisión de los TLC, precios remunerativos para los productos del campo, control del costo de los insumos, crédito de fomento con acceso real y solución efectiva a las deudas , con un particular reclamo arrocero contra los abusos del monopolio molinero en la calificación fraudulenta de su producto.
Por la defensa de la producción y el trabajo agrarios nos unimos a la jornada nacional de protesta.
Fuente: Dignidad Arrocera Nacional
CASANARE
Gobernador y ministro de Salud inspeccionan obras del hospital de Maní y exigen acelerar trabajos
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, realizaron una visita al municipio de Maní para verificar el avance en la construcción del hospital de primer nivel, una obra largamente esperada por la comunidad y respaldada por el Gobierno nacional, con una inversión cercana a los 20.500 millones de pesos.
Durante el recorrido, las autoridades constataron que el proyecto registra actualmente un avance del 13 % en su ejecución. Frente a este panorama, el ministro Jaramillo hizo un llamado directo al contratista para que incremente el ritmo de trabajo y garantice una mayor eficiencia en el desarrollo de la obra, con el fin de cumplir los tiempos establecidos y responder a las expectativas de la población.
Por su parte, la gerente de Red Salud Casanare, Lady Patricia Bohórquez, explicó que, aunque el porcentaje de avance aún es bajo, el proyecto se encuentra dentro del cronograma previsto. Señaló además que ya se superó la etapa de cimentación, considerada la más compleja y demorada del proceso constructivo.
Bohórquez reiteró que, de mantenerse el cumplimiento del cronograma, el nuevo hospital de baja complejidad estaría listo para entrar en funcionamiento en el mes de julio, fortaleciendo la atención en salud del municipio de Maní y mejorando el acceso oportuno a servicios médicos básicos para sus habitantes.
Tras la visita a Casanare del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de la directora del DNP, Natalia Molina, se ratificó la asignación de los recursos para la construcción de la nueva torre de alta complejidad del Hospital Regional de la Orinoquia (HORO), una gestión liderada por el gobernador César Ortiz Zorro que hace realidad uno de los proyectos más esperados del departamento.
La financiación aprobada asciende a 106 mil millones de pesos, de los cuales 46.700 millones provienen del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y 60.000 millones del Ministerio de Salud. Estos recursos permitirán avanzar en una obra concebida para atender una de las problemáticas más graves del sistema de salud en Casanare, las constantes remisiones de pacientes hacia ciudades como Bogotá, Tunja o Villavicencio, muchas veces con desenlaces fatales por la espera o por la distancia.
El gobernador agradeció al ministro, al presidente y al personal que participó en la estructuración del proyecto, y señaló que se cumple una promesa hecha todos los casanareños, especialmente a las familias obligadas a desplazarse fuera del departamento para acceder a atención especializada.
De igual manera, Zorro afirmó que este proyecto representa el día más feliz de su vida y recordó que solo el año pasado se registraron 9.000 remisiones de pacientes hacia otras zonas del país, una situación que calificó como una tragedia para Casanare. Según explicó, con la nueva torre ese panorama va a cambiar, ya que permitirá prestar más de 23 especialidades médicas y quirúrgicas sin que los pacientes tengan que salir del departamento.
El costo total de la infraestructura es de 225 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno nacional aporta 106 mil millones y la Gobernación de Casanare asumirá el valor restante. La nueva torre ofrecerá servicios como anestesiología, cardiología general y pediátrica, cirugía general, pediátrica, de mama, de tejidos blandos, gastrointestinal, plástica y oncológica, además de oncología, cirugía maxilofacial, neonatología, neurocirugía, dermatología, gastroenterología, ginecoobstetricia, medicina interna, nefrología, neurología, nutrición y dietética, ortopedia, otorrinolaringología, urología, psicología y hematología, entre otros.
Además, el gobernador indicó que este proyecto abre la puerta a la creación de una cátedra de medicina en el departamento, con el fin de que los jóvenes puedan formarse como médicos sin salir de Casanare, un proceso que ya se viene trabajando con la Universidad Nacional y la UPTC.
Durante años, la salud mental en Yopal fue un tema relegado al silencio y atendido, en la mayoría de los casos, desde lo privado, con grandes limitaciones para las familias más vulnerables. Hoy, esa deuda histórica empieza a saldarse: el municipio contará con el hospital público de salud mental de la Orinoquía, una infraestructura pensada para cuidar la vida, prevenir tragedias y brindar atención digna y oportuna. Esta decisión se consolida bajo la administración del alcalde Marco Tulio Ruiz, como una respuesta institucional a una de las problemáticas sociales más sensibles del territorio.
Desde esta apuesta pública, la salud mental adquiere un lugar prioritario dentro del municipio, reconociendo que existen dolores que no se curan con medicamentos, pero sí con una adecuada intervención de profesionales especializados, acompañamiento oportuno y espacios diseñados para una atención integral. Con este proyecto, Yopal se posiciona a la vanguardia de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, al convertirse en sede del hospital público de salud mental de la Orinoquía colombiana.
La viabilidad de esta iniciativa, que contempla una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos, fue posible gracias al trabajo articulado del alcalde Marco Tulio Ruiz, el apoyo de la senadora Sonia Bernal y el respaldo del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El proyecto fue estructurado por profesionales de la ESE Salud Yopal y de diferentes dependencias de la alcaldía, logrando su aprobación en un tiempo récord de ocho meses.
¿Qué tendrá el nuevo hospital?
El nuevo hospital contará con áreas de urgencias, hospitalización, laboratorio, farmacia y apoyos terapéuticos, convirtiéndose en una alternativa pública y accesible para las familias que hoy no cuentan con los recursos suficientes para asumir los costos de una atención privada o que deben desplazarse a otras regiones del país. Además del hospital de salud mental, el Ministerio de Salud también respaldó recursos para fortalecer la atención primaria en el territorio, mediante la remodelación del PAPS de Quebradaseca y de los CAPS de El Morro y La Chaparrera, ampliando así la capacidad de atención y prevención en salud para comunidades rurales y urbanas.
En materia de talento humano, cerca de 300 profesionales entre enfermeras, psicólogos, psiquiatras, neurólogos y médicos familiaristas serán capacitados para implementar el modelo de atención requerido en salud mental. A esto se suma la formación de 750 gestores comunitarios, quienes desde el territorio permitirán identificar de manera temprana a las personas que requieren acompañamiento profesional. Las cifras evidencian la urgencia de esta intervención: en el año 2024 se registraron 9 suicidios en Yopal y en 2025 la cifra ascendió a 8 casos. En el departamento de Casanare, 331 personas atentaron contra su vida, una realidad que exige respuestas inmediatas desde lo público y que hoy empieza a ser atendida con acciones concretas.
