CASANARE
Arroceros de Casanare se unirán al Paro Agropecuario Nacional del 12 de octubre
Ante el panorama en el que se encuentran los arroceros del país no solo en el tema del presupuesto prometido sino del poco compromiso con compras públicas, exportaciones, créditos para la pequeña y mediana industria con el fin de que participen en la compra de la cosecha; el sector arrocero ha decidido participar y apoyar el paro indefinido que llevará a cabo Dignidad Agropecuaria Colombiana (DAC) el 12 de octubre para pedirle al Gobierno Nacional que los Tratados de Libre Comercio sean renegociados ya que son lesivos para todo el sector agropecuario y exigirle que se cumplan los acuerdos que se pactaron con el Ministerio de agricultura.
El acontecimiento que rebosó la copa fue el de las declaraciones del Ministro cuando comunicó que no había más ayudas para los arroceros colombianos. Los agricultores esperaban el cumplimiento de los compromisos que adquirió el Ministerio de Agricultura en apoyo a la comercialización de arroz desde el mes de junio cuando se tenía acordado un apoyo de cinco mil ochocientos millones de pesos para los productores que recolectaron su cosecha en ese mes, dinero que se trasladó para la Resolución del mes de agosto, lo cual no era lógico para los arroceros ya que los productores y volúmenes comercializados no son los mismos de junio.
Luego del primer incumplimiento por parte del ministro Iragorri, él mismo quedó de conseguir recursos por valor de 60 mil millones de pesos, para cubrir desde el 1 de julio y hasta el 24 de agosto, pero lo último que declaró Minagricultura es que no hay probabilidad de más recursos para el sector arrocero del país, comentó Roberto Botero, vocero de Dignidad Arrocera Nacional (DAN). La resolución del 24 de agosto que es la número 276 se expidió por dieciséis mil ochocientos millones de pesos, los agricultores esperan la publicación de un segundo tramo para cumplir con diecisiete mil millones de pesos adicionales y también queda pendiente una tercera resolución para completar un monto total de 54 mil millones de pesos entre las tres resoluciones. Roberto Botero, representante de Dignidad Arrocera, considera que el Ministerio de Agricultura no tiene los recursos y por ello ha estado dilatando el cumplimiento de los acuerdos, lo cierto es que los agricultores ya no van a aguantar más dilataciones.
El siguiente es el texto del Comunicado emitido por Dignidad Arrocera Nacional:
COMUNICADO
Con asistencia de delegados de Casanare, Huila, Tolima, Meta, Norte de Santander, Santander y sur del Cesar, se celebró en Bogotá la reunión de Dignidad Arrocera Nacional (DAN), en la que luego de un sesudo análisis de la situación de los agricultores del cereal, se advirtió sobre la crisis ocasionada por los precios de la cosecha que tienen al sector en la más grande crisis que ha atravesado el arroz, que se recuerde en su historia.
Luego de movilizaciones realizadas en abril, junio, agosto, en las que de manera clara se expresaron ante el MADR, en las que se convinieron compromisos de parte del ministro Aurelio Iragorri, las medidas tomadas fueron insuficientes y además de no sanar las heridas ocasionadas por los precios ruinosos que se están recibiendo, no corrigieron en modo alguno las prácticas que de manera reiterada viene causando la mal denominada ‘política de libre comercio’, que de forma alterna propicia un intercambio comercial que resulta en una imposición encaminada a destruir la posibilidad de que los colombianos consuman arroz producido por sus compatriotas.
Se concluyó igualmente que el monopolio molinero continúa aprovechándose de su posición dominante y no solo paga precios que generan gigantescas pérdidas sino que califica la calidad del grano entregado de manera irreglamentaria y anti técnica , sumando así un factor más de disminución del precio, ante la impavidez de las autoridades encargadas de controlar y castigar esta anomalía.
Frente a las deudas, antiguas y nuevas, el gobierno continúa alargando con inexactitudes y argucias la soluciones que se le exigen y el resultado es que los acreedores financieros y no financieros no cesan en el cobro de estas acreencias, resultando de ello la amenaza de un despojo de tierras, maquinaria e implementos de trabajo necesarias para el proceso productivo, de no concretarse las medidas que se prometen e incumplen reiteradamente.
Junto al arroz, el maíz, el fríjol, la leche, la papa, la panela, el azúcar, el ñame, el plátano, la yuca, cacao, cebolla, la piña, sufren situaciones similares fruto de un mal común: una política equivocada que de no corregirse agravará la ya amenazada soberanía alimentaria nacional.
Ante amenazas comunes se impone una acción conjunta y consecuente. Con esta reflexión se decidió por parte de DAN, vincularse a la jornada de protesta nacional que se realizará el próximo 12 de octubre, fecha en la que se coincidirá con sectores indígenas, empresariales, agrícolas y ganaderos en el clamor por la revisión de los TLC, precios remunerativos para los productos del campo, control del costo de los insumos, crédito de fomento con acceso real y solución efectiva a las deudas , con un particular reclamo arrocero contra los abusos del monopolio molinero en la calificación fraudulenta de su producto.
Por la defensa de la producción y el trabajo agrarios nos unimos a la jornada nacional de protesta.
Fuente: Dignidad Arrocera Nacional
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
