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Arroceros de Casanare se unirán al Paro Agropecuario Nacional del 12 de octubre

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Ante el panorama en el que se encuentran los arroceros del país  no solo en el tema del presupuesto prometido sino del poco compromiso con  compras públicas, exportaciones, créditos para la pequeña y mediana industria con el fin de que participen en la compra de la cosecha; el sector arrocero ha decidido participar y apoyar el paro indefinido que  llevará a cabo Dignidad Agropecuaria Colombiana (DAC) el 12 de octubre para pedirle al Gobierno Nacional que los Tratados de Libre Comercio sean renegociados ya que  son lesivos para todo el sector agropecuario y exigirle que se cumplan los acuerdos que se pactaron con el Ministerio de agricultura.

El acontecimiento que rebosó la copa fue el de las declaraciones del Ministro cuando comunicó que no había más ayudas para los arroceros colombianos. Los agricultores esperaban el cumplimiento de los compromisos que adquirió el Ministerio de Agricultura en apoyo a la comercialización de arroz desde el mes de junio cuando se tenía acordado un apoyo de cinco mil ochocientos millones de pesos para los productores que recolectaron su cosecha en ese mes, dinero que se trasladó para la Resolución del mes de agosto, lo cual no era lógico  para los arroceros ya que los productores y volúmenes comercializados no son los mismos de junio.

Luego del primer incumplimiento por parte del ministro Iragorri, él mismo quedó de conseguir recursos por valor de 60 mil millones de pesos, para cubrir desde el 1 de julio y hasta el 24 de agosto, pero lo último que declaró Minagricultura es que no hay probabilidad de más recursos para el sector arrocero del país, comentó Roberto Botero, vocero de Dignidad Arrocera Nacional (DAN). La resolución del 24 de agosto que es la número 276 se expidió por dieciséis mil ochocientos millones de pesos, los agricultores esperan la publicación de un segundo tramo para cumplir con diecisiete mil millones de pesos adicionales y también queda pendiente una tercera resolución para completar un monto total de 54 mil millones de pesos entre las tres resoluciones. Roberto Botero, representante de Dignidad Arrocera, considera que el Ministerio de Agricultura no tiene los recursos y por ello ha estado dilatando el cumplimiento de los acuerdos, lo cierto es que los agricultores ya no van a aguantar más dilataciones.

El siguiente es el texto del Comunicado emitido por Dignidad Arrocera Nacional:

COMUNICADO

Con asistencia de delegados de Casanare, Huila, Tolima, Meta, Norte de Santander, Santander y sur del Cesar, se celebró en Bogotá la reunión de Dignidad Arrocera Nacional (DAN), en la que luego de un sesudo análisis de la situación de los agricultores del cereal, se advirtió sobre la crisis ocasionada por los precios de la cosecha que tienen al sector en la más grande crisis que ha atravesado el arroz,  que se recuerde en su historia.

Luego de movilizaciones realizadas en abril, junio, agosto, en las que de manera clara se expresaron ante el MADR, en las que se convinieron compromisos de parte del ministro Aurelio Iragorri, las medidas tomadas fueron insuficientes y además de no sanar las heridas ocasionadas por los precios ruinosos que se están recibiendo, no corrigieron en modo alguno las prácticas que de manera reiterada viene causando la mal denominada ‘política de libre comercio’, que de forma alterna propicia un intercambio comercial que resulta en una imposición encaminada a destruir la posibilidad de que los colombianos consuman arroz producido  por sus compatriotas.

Se concluyó igualmente que el monopolio molinero continúa aprovechándose de su posición dominante y no solo paga precios que generan gigantescas pérdidas sino que califica la calidad del grano entregado de manera irreglamentaria y anti técnica , sumando así un factor más de disminución del precio, ante la impavidez de  las autoridades encargadas de controlar y castigar esta anomalía.

Frente a las deudas, antiguas y nuevas, el gobierno continúa alargando con inexactitudes y argucias la soluciones que se le exigen y el resultado es que los acreedores financieros y no financieros no cesan en el cobro de estas acreencias, resultando de ello la amenaza de un despojo de tierras, maquinaria e implementos de trabajo necesarias para el proceso productivo, de no concretarse las medidas que se prometen e incumplen reiteradamente.

Junto al arroz, el maíz, el fríjol, la leche, la papa, la panela, el azúcar, el ñame, el plátano, la yuca, cacao, cebolla, la piña, sufren situaciones similares fruto de un mal común: una política equivocada que de no corregirse agravará la ya amenazada soberanía alimentaria nacional.

Ante amenazas comunes se impone una acción conjunta y consecuente. Con esta reflexión se decidió por parte de DAN, vincularse a la jornada de protesta nacional que se realizará el próximo 12 de octubre, fecha en la que se coincidirá con sectores indígenas, empresariales, agrícolas y ganaderos en el clamor por la revisión de los TLC, precios remunerativos para los  productos del campo, control del costo de los insumos, crédito de fomento con acceso real y solución efectiva a las deudas , con un particular reclamo arrocero contra los abusos del monopolio molinero en la calificación fraudulenta de su producto.

Por la defensa de la producción y el trabajo agrarios nos unimos a la jornada nacional de protesta.

Fuente: Dignidad Arrocera Nacional

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Alerta en Yopal: estafadores usan falsos pagos digitales para engañar a comerciantes

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En Yopal, un comerciante denunció haber sido víctima de una sofisticada modalidad de estafa digital que estaría afectando a varios establecimientos comerciales. Se trata de un grupo de aproximadamente 15 jóvenes, entre ellos varios estudiantes universitarios, quienes utilizan aplicaciones clonadas conocidas como “Nequi Glitch” o “Nequi Daisy” para simular pagos que nunca se hacen efectivos, generando pérdidas económicas a negocios locales.

El caso fue revelado por Mateo Tarquino, propietario del club deportivo “Taco de Oro”, quien aseguró que en tan solo una semana su establecimiento fue defraudado por una suma cercana a los $2 millones de pesos. La irregularidad fue detectada tras un arqueo de caja y revisión de inventarios que no coincidían con los ingresos registrados, lo que llevó a identificar múltiples comprobantes falsificados.

¿Cómo estafan a los comerciantes?

Según la denuncia, el modus operandi consiste en mostrar en tiempo real un supuesto pago desde una aplicación fraudulenta que replica con precisión los comprobantes originales, incluyendo datos como número de teléfono y nombre del destinatario. Esto engaña al personal del establecimiento, que valida visualmente la transacción sin verificar el ingreso real del dinero.

El comerciante advirtió que los presuntos responsables ya han sido identificados mediante cámaras de seguridad y no descartó acciones legales ante la Fiscalía. Asimismo, hizo un llamado a los comerciantes a verificar directamente en la aplicación oficial los pagos recibidos o utilizar herramientas de validación como el escaneo de códigos QR, con el fin de evitar este tipo de fraudes.

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Anulan actos de la moción de censura de Cateryne Porras en el Concejo de Aguazul, por violar el debido proceso

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El proceso se originó en noviembre de 2021, cuando el Concejo Municipal de Aguazul promovió una moción de censura contra Cateryne Porras Martínez, entonces secretaria de Gobierno, tras un control político sobre la gestión de su despacho. En su momento, Porras presentó impedimentos y recusaciones contra nueve de los trece concejales, alegando que el trámite vulneró garantías procesales y el reglamento interno del Concejo.

El fallo, de primera instancia, concluye que el proceso adelantado por el Concejo Municipal estuvo marcado por irregularidades que vulneraron garantías fundamentales, especialmente el debido proceso y el derecho a la defensa de la funcionaria.

Según la sentencia, la funcionaria tuvo menos de cinco días para responder el cuestionario exigido por ley; a pesar de ello, nueve concejales promovieron una moción de censura que posteriormente fue aprobada, lo que derivó en su retiro del cargo mediante decreto municipal.

El elemento determinante del fallo fue el alegato de Porras Martínez contra varios concejales sobre posibles conflictos de interés, las que debían ser resueltas por la Procuraduría; pero ocurrió lo contrario, el Concejo:

• Asumió una competencia que no le correspondía, resolviendo directamente la recusación.
• Permitió que concejales recusados participaran en decisiones sobre su propio caso.
• Tomó decisiones a través de instancias internas sin facultad legal para ello.

Finalmente, la sentencia ordena remitir copias del expediente a la Procuraduría para que evalúe si procede la investigación disciplinaria contra los concejales que participaron en esta decisión irregular.

Una defensa que terminó respaldada por la justicia

El caso de Cateryne Porras se convierte en un precedente relevante para la política regional y el uso de la figura de moción de censura, que, si bien es una herramienta legítima como parte del control político, no puede ejercerse por fuera de la ley, ni sacrificando garantías fundamentales.

Con este fallo la justicia reconoce que la actuación de la funcionaria no fue evaluada bajo condiciones justas, y que su salida del cargo estuvo basada en un procedimiento viciado.

Más allá del resultado individual, la sentencia envía un mensaje a los integrantes de las corporaciones: deben actuar con rigor jurídico, especialmente cuando sus decisiones afectan derechos fundamentales de los ciudadanos, más allá de su rol como funcionarios.

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Aumento del salario mínimo y costos operativos ponen en aprietos a Bomberos de Yopal en 2026

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Bomberos Yopal sede

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal enfrenta un panorama financiero complejo para 2026, marcado principalmente por el incremento del salario mínimo y nuevas exigencias laborales. Así lo dio a conocer el comandante, teniente Rafael Rojas, quien advirtió que estos factores representan hoy la mayor preocupación económica para la institución.

De acuerdo con Rojas, más de la mitad del personal —alrededor de 30 de los 60 bomberos— devenga el salario mínimo, lo que obliga a asumir un incremento cercano al 23% en sus ingresos. Esta situación impacta directamente las finanzas del organismo, que ha tenido que ajustar su presupuesto y buscar alternativas para sostener la operación.

A esto se suma la reducción de la jornada laboral semanal, que este año quedará en 42 horas, en cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Esta medida obligó a la institución a vincular más personal durante el último año para garantizar la prestación del servicio las 24 horas del día, incrementando aún más los costos de funcionamiento.

El comandante también explicó que en 2026 aumentaron los recargos nocturnos —que ahora inician desde las 7:00 de la noche—, así como los pagos por trabajo dominical y festivo, que alcanzan el 90%. Además, deben asumir un régimen especial de pensiones con un 10% adicional, junto con otros gastos obligatorios como exámenes médicos, dotación y elementos de protección personal.

En este último aspecto, Rojas fue enfático en señalar que los costos son considerablemente altos. Equipar completamente a un bombero puede costar cerca de 45 millones de pesos, incluyendo trajes especializados y equipos de respiración que cumplen normas internacionales. A esto se suma el mantenimiento del parque automotor, con vehículos que ya superan los 10 y hasta 15 años de servicio, lo que incrementa la necesidad de repuestos y revisiones constantes.

Frente a este panorama, el Cuerpo de Bomberos ha implementado estrategias para generar recursos propios, como la recarga de extintores y la realización de capacitaciones. Sin embargo, el comandante reiteró que el reto sigue siendo grande y que la sostenibilidad del servicio depende de una adecuada gestión financiera y del apoyo institucional para seguir garantizando la atención de emergencias en Yopal.

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