CASANARE
Arcenio Sandoval denunció ante órganos de control, presunta “campaña negra” en su contra en las elecciones atípicas en Yopal
El excandidato a la Alcaldía de Yopal Arcenio Sandoval Barrera, dio a conocer las denuncias instauradas ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional Electoral, por el ciudadano Alexis Lamus Sarmiento, por los presuntos delitos cometidos por un grupo de personas encabezadas por la ex agente interventora de la Empresa de Acueducto de Yopal, Luz Amanda Camacho y el actual alcalde de Yopal Leonardo Puentes Vargas, durante las pasadas elecciones atípicas en 2017.
Según el denunciante, este grupo de personas, entre los que se incluyen además el concejal Heyder Alexander Silva y directivos de la EAAAY, habrían incurrido en la comisión de delitos como constreñimiento al elector, corrupción al sufragante, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, omisión de información al aportante, concierto para delinquir y peculado por uso.
Señaló Lamus Sarmiento, que según la investigación adelantada por ellos mismos para instaurar las respectivas denuncias, al parecer, Luz Amanda Camacho, creó un grupo de whatsap desde su número celular, al que llamó inicialmente: “Apoyo Leo Alcaldía” y que después lo cambió a “Verde Trasparencia”, a través del cual se compartieron videos, audios, fotografías y mensajes escritos, con el ánimo de dar órdenes de convocar a reuniones e influenciar y direccionar una estrategia política “muy negra y engañosa, con el único fin hacer lo que fuere necesario para que René Leonardo Puentes, fuera Alcalde de Yopal”.
“El fin era estructurar una campaña de desinformación nefasta y determinante, para que la ciudadanía le tomara afecto a Leonardo Puentes, el candidato anticorrupción, y odiara a los demás candidatos, al relacionarlos que estaban aliados con personas corruptas. Ello afectó la honra, el buen nombre y el ejercicio de la sana política, especialmente a su directo rival político que lideraba las encuestas y era el favorito a ganar las elecciones, candidato del Partido Centro Democrático, hoy víctima”, dice un aparte de la comunicación dada a conocer con estos hechos.
Según el denunciante, se cumplió la orden dada por la ex agente Interventora a través del grupo de whatsap, de instalar en vehículos, recipientes de aseo, vallas y sitios estratégicos publicidad con el eslogan “Somos los verdes, los de Yopal”, el cual no hace parte de la imagen corporativa de la Empresa, además que no existe una resolución para adoptarlo, ni ésta impreso en la papelería de la Empresa, y que sólo se usó con fines políticos. Para este fin, se habría realizado un contrato publicitario utilizando recursos públicos para apoyar una campaña electoral.
De igual manera, según Lamus Sarmiento y las pruebas que adjuntaron a las denuncias obtenidas directamente del grupo de whatsap, la misión era, “hay que conseguir votos como sea y a cualquier precio”, por consiguiente, intimidaron a algunos funcionarios de la EAAAY, especialmente contra los de menor rango jerárquico como los escobitas, a quienes presionaban con votar por Leonardo Puentes, so pena de no renovárseles sus órdenes de servicio.
Según Sandoval Barrera, las denuncias no se presentaron anteriormente, aunque se había filtrado alguna información, porque se hizo dispendioso conseguir las pruebas que soportaran todas las presuntas irregularidades cometidas, hasta que uno de los integrantes del selecto grupo involucrado, solo eran 10 personas, decidió colaborar con la justicia y aportar los soportes consistentes en todas las conversaciones sostenidas a través del mencionado grupo de whatsap con videos, audios y otros elementos, que están en poder de la Fiscalía.
La pretensión ante el Consejo Nacional Electoral es que los hechos se investiguen y el Partido Verde, que avaló la candidatura del hoy alcalde de Yopal René Leonardo Puentes, sea sancionado y no se le permita la inscripción de candidatos para las próximas elecciones en la jurisdicción donde se presentaron los presuntos hechos delictivos.
Arcenio Sandoval Barrera había dado a entrever durante la reciente visita del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, que presentaría estas pruebas y las denunciadas instauradas. “No se pueden volver a presentar estos hechos en Yopal, donde el candidato anticorrupción se une con un grupo de personas, para cometer hechos corruptos”.
A continuación, la rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación sobre los hechos denunciados:
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
