REGIÓN
Arauca y Casanare en riesgo por hechos de violencia que afectan el proceso electoral
La Defensoría del Pueblo identificó que 399 municipios en el país se encuentran en riesgo extremo y alto de que ocurran hechos de violencia que afecten el proceso electoral que termina el próximo 29 de octubre, cuando se celebran los comicios regionales en todo el territorio nacional. Así lo revela la Alerta Temprana 030 del 2023, que da a conocer el mapa de riesgo y los generadores de violencia.
La Alerta Temprana revela que 113 municipios en 16 departamentos están en riesgo extremo: Nariño (17 municipios), Norte de Santander (16), Chocó (15), Cauca (13), Bolívar (9), Antioquia y Caquetá (7 cada uno), Arauca y Huila (6 cada uno), Meta (5), Cesar, Putumayo y Valle del Cauca (3 cada uno) y Casanare, Guaviare y Santander (un municipio cada uno).
Las principales ciudades en las que existe riesgo extremo son Arauca (departamento de Arauca), Florencia (Caquetá), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cúcuta (Norte de Santander) y Bogotá (cuatro localidades: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz).
- Arauca departamento con más riesgo a nivel nacional
Señala la Defensoría que, 6 Municipios están en riesgo extremo: Arauca, Arauquita, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame.
En la zona hay actores Armados Ilegales: Facciones disidentes de las FARC-EP, a través del Comando Conjunto de Oriente – Frentes 10, 28, 45 y 56; el Frente oriental de Guerra del ELN. Señala el documento que en cuanto a conductas vulneratorias: Entre el 1º de enero y el 9 de agosto de 2023 se han registrado 3 conductas contra personas en el proceso electoral. Se han advertido homicidios selectivos, masacres, amenazas, extorsiones, combates con interposición de población civil, entre otros. Se han registrado 188 personas desplazadas y 411 familias confinadas durante el 2023.
Alertas Tempranas: Siete (7) Alertas Tempranas emitidas de manera focalizada para el departamento de Arauca. Homicidio a Líderes Sociales y Personas Defensoras de DDHH: 4 homicidios entre enero y julio de 2023 en Arauca
- Caso de alertas en Casanare
En Casanare el municipio de Maní aparece en el mapa con alerta roja (riesgo extremo); seguido se encuentran municipios como Yopal, Aguazul, Monterrey, Villanueva, Tauramena, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Sácama y La Salina (riesgo alto).
Señala el informe que, Orocué, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía, Pore, Támara, Chámeza y Recetor tienen alerta amarilla (riesgo medio) y solo Sabanalarga aparece con alerta azul (riesgo bajo).
- Niveles de riesgo
Riesgo Extremo: Municipios con una muy alta probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia, en el marco del proceso electoral y con registros de acciones por parte de grupos armados al margen de la ley.
Riesgo Alto: Municipios con alta probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia, y con consumación de amenaza por parte de grupos armados al margen de la ley
Riesgo Medio: Municipios con indicios de la presencia de actores armados en el territorio que han anunciado ataques y desarrollan acciones ilegales.
Riesgo Bajo: Municipios con indicios de la presencia de actores armados en el territorio, pero donde no han ocurrido hechos de violencia
- Más datos nacionales de riesgo en elecciones
El monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha permitido identificar la presencia, tránsito o injerencia de los grupos armados ilegales como fuente de amenaza para las comunidades y las elecciones. Entre los más relevantes están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y los grupos del crimen organizado. Todos estos grupos se han expandido el 56% en las regiones del país y diversificado sus fuentes de financiación ilegal.
“Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que la situación es compleja, por eso extendemos nuestro llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro, para que presida la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat. El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades”, solicitó el Defensor del Pueblo.
La petición va acompañada de lo consignado en la Alerta Temprana Electoral, cuyo fin consiste en que el Estado cope institucionalmente el territorio colombiano, establezca reglas claras en los diálogos bilaterales con los grupos armados organizados al margen de la ley y, finalmente, haya celeridad en la ejecución de los planes de acción de política pública de prevención y de protección.
Finalmente, el Defensor del Pueblo le solicitó al Presidente Gustavo Petro liderar la respuesta que se dará a la Alerta Temprana, con el fin de impulsar acciones articuladas de toda la institucionalidad del Estado.
Fuente: Defensoría del Pueblo
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
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