REGIÓN
Arauca y Casanare en riesgo por hechos de violencia que afectan el proceso electoral
La Defensoría del Pueblo identificó que 399 municipios en el país se encuentran en riesgo extremo y alto de que ocurran hechos de violencia que afecten el proceso electoral que termina el próximo 29 de octubre, cuando se celebran los comicios regionales en todo el territorio nacional. Así lo revela la Alerta Temprana 030 del 2023, que da a conocer el mapa de riesgo y los generadores de violencia.
La Alerta Temprana revela que 113 municipios en 16 departamentos están en riesgo extremo: Nariño (17 municipios), Norte de Santander (16), Chocó (15), Cauca (13), Bolívar (9), Antioquia y Caquetá (7 cada uno), Arauca y Huila (6 cada uno), Meta (5), Cesar, Putumayo y Valle del Cauca (3 cada uno) y Casanare, Guaviare y Santander (un municipio cada uno).
Las principales ciudades en las que existe riesgo extremo son Arauca (departamento de Arauca), Florencia (Caquetá), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cúcuta (Norte de Santander) y Bogotá (cuatro localidades: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz).
- Arauca departamento con más riesgo a nivel nacional
Señala la Defensoría que, 6 Municipios están en riesgo extremo: Arauca, Arauquita, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame.
En la zona hay actores Armados Ilegales: Facciones disidentes de las FARC-EP, a través del Comando Conjunto de Oriente – Frentes 10, 28, 45 y 56; el Frente oriental de Guerra del ELN. Señala el documento que en cuanto a conductas vulneratorias: Entre el 1º de enero y el 9 de agosto de 2023 se han registrado 3 conductas contra personas en el proceso electoral. Se han advertido homicidios selectivos, masacres, amenazas, extorsiones, combates con interposición de población civil, entre otros. Se han registrado 188 personas desplazadas y 411 familias confinadas durante el 2023.
Alertas Tempranas: Siete (7) Alertas Tempranas emitidas de manera focalizada para el departamento de Arauca. Homicidio a Líderes Sociales y Personas Defensoras de DDHH: 4 homicidios entre enero y julio de 2023 en Arauca
- Caso de alertas en Casanare
En Casanare el municipio de Maní aparece en el mapa con alerta roja (riesgo extremo); seguido se encuentran municipios como Yopal, Aguazul, Monterrey, Villanueva, Tauramena, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Sácama y La Salina (riesgo alto).
Señala el informe que, Orocué, San Luis de Palenque, Trinidad, Nunchía, Pore, Támara, Chámeza y Recetor tienen alerta amarilla (riesgo medio) y solo Sabanalarga aparece con alerta azul (riesgo bajo).
- Niveles de riesgo
Riesgo Extremo: Municipios con una muy alta probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia, en el marco del proceso electoral y con registros de acciones por parte de grupos armados al margen de la ley.
Riesgo Alto: Municipios con alta probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia, y con consumación de amenaza por parte de grupos armados al margen de la ley
Riesgo Medio: Municipios con indicios de la presencia de actores armados en el territorio que han anunciado ataques y desarrollan acciones ilegales.
Riesgo Bajo: Municipios con indicios de la presencia de actores armados en el territorio, pero donde no han ocurrido hechos de violencia
- Más datos nacionales de riesgo en elecciones
El monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha permitido identificar la presencia, tránsito o injerencia de los grupos armados ilegales como fuente de amenaza para las comunidades y las elecciones. Entre los más relevantes están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y los grupos del crimen organizado. Todos estos grupos se han expandido el 56% en las regiones del país y diversificado sus fuentes de financiación ilegal.
“Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que la situación es compleja, por eso extendemos nuestro llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro, para que presida la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat. El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades”, solicitó el Defensor del Pueblo.
La petición va acompañada de lo consignado en la Alerta Temprana Electoral, cuyo fin consiste en que el Estado cope institucionalmente el territorio colombiano, establezca reglas claras en los diálogos bilaterales con los grupos armados organizados al margen de la ley y, finalmente, haya celeridad en la ejecución de los planes de acción de política pública de prevención y de protección.
Finalmente, el Defensor del Pueblo le solicitó al Presidente Gustavo Petro liderar la respuesta que se dará a la Alerta Temprana, con el fin de impulsar acciones articuladas de toda la institucionalidad del Estado.
Fuente: Defensoría del Pueblo
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
