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Aprobados en OCAD Paz 55 proyectos para financiar por regalías

Hoy se desarrolló la sesión N° 66 del OCAD Paz, en la cual se aprobaron 55 proyectos que serán financiados por la asignación de incentivos a la producción de regalías, por un valor de $163.197 millones y beneficiarán a más de 500 mil habitantes de 16 departamentos del país. Con estos ya son 58 los proyectos aprobados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro por un valor de más de $170 mil millones de regalías.
La sesión presidida por Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP), contó con la participación de los alcaldes de los municipios de Morelia (Caquetá) y Montelíbano (Córdoba), además de los gobernadores de Huila y Norte de Santander como nuevos miembros delegados al OCAD Paz.
Este avance significa el desarrollo de proyectos estratégicos en múltiples sectores como energía, agricultura, ambiente, educación, gestión del riesgo, transporte, vivienda e inclusión social y reconciliación, entre otros. En el sector minero-energético, por ejemplo, se podrán en marcha proyectos de energía alternativa para el beneficio de 8.000 colombianos y colombianas. Así mismo, dentro de lo aprobado existen propuestas para llevar gas domiciliario a 13.000 personas y conectar a 3.000 más con proyectos de redes de electrificación.
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También se aprobaron nueve ajustes a proyectos de inversión que responden a cambios que ha habido durante las etapas de ejecución, y se informó sobre la liberación de recursos de tres proyectos, en los cuales no se abrieron procesos de contratación dentro de los términos definidos. Tras esta decisión se liberarán recursos por 2.203 millones que serán de utilidad para financiar otros proyectos.
Este gobierno recibe $1.6 billones menos en el OCAD Paz, que fueron adelantados por el gobierno de Iván Duque para el cuatrienio 2023-2026 ($400 mil millones para cada año). Hoy se cuenta con $2 billones de los $2.8 que estaban proyectados para los años 2023-2024.
Dentro de los beneficiarios de los proyectos aprobados se encuentran comunidades rurales vinculadas a los PDET en seis (6) subregiones afectadas por la violencia y la pobreza en el país con 13 proyectos por valor de $43 mil millones.
Por sectores de inversión el rubro más alto corresponde a minas y energía (22 proyectos por $76 mil millones), seguido de transporte (11 proyectos por $50 mil millones), vivienda, ciudad y territorio (10 proyectos por $,18 mil millones y educación (6 proyectos por $9 mil millones). Cabe destacar la aprobación del proyecto de actualización con enfoque multipropósito de la información física, jurídica y económica predial de las áreas urbanas, y la zona de expansión de Yopal, capital del departamento del Casanare.
Los departamentos de las poblaciones beneficiadas son Meta; Bolívar; Casanare; Tolima; Putumayo; Huila; Chocó; La Guajira; Santander; Cesar; Sucre; Nariño; Boyacá; Antioquia; Córdoba Y Norte de Santander.
En la sesión del OCAD Paz se presentó a los nuevos miembros la propuesta metodológica con los criterios de priorización de los proyectos de las fuentes de Asignación para la Paz y Desahorro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET).
Al término de la sesión la subdirectora General de Regalías del DNP, Tania Guzmán afirmo: “Es fundamental que los nuevos miembros del OCAD Paz revisen la propuesta de priorización de proyectos construida conjuntamente entre Planeación Nacional y la Agencia de Renovación del Territorio para definir unas reglas de distribución más equitativas de los recursos de regalías destinados para la implementación del Acuerdo de Paz”.
Cabe aclarar que el Departamento Nacional de Planeación no aprueba ni ejecuta recursos del Sistema General de Regalías en ninguna de sus instancias, sino que ejerce un rol como secretario técnico para gestionar la información y verificar los requisitos de los proyectos, entre otras tareas.
El principal propósito de Planeación es que los recursos de regalías sirvan para impulsar un mayor desarrollo regional y un cierre de las brechas entre territorios, para lo cual está desarrollando un nuevo modelo de asistencia técnica integral para fortalecer las capacidades de ejecución en las regiones ayudando a que los municipios mejoren sus capacidades para acceder a los recursos del sistema.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación
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Colombia tendrá por primera vez una política pública de alimentación escolar

La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) oficializó la formulación de esta política estructural, que convierte el PAE en una política de Estado y no solo en un programa gubernamental. El objetivo: blindar su operación más allá de los ciclos políticos y asegurar que cada niño, niña y joven reciba una alimentación balanceada y pertinente durante su formación escolar.
“Después de 60 años, este Gobierno le dejará a Colombia su primera política pública de alimentación escolar. El Gobierno del Cambio tomó la decisión de elevar el PAE a política de Estado”, afirmó Sebastián Rivera, director de la UApA.
La nueva política se basa en cinco ejes estratégicos que buscan fortalecer el impacto del programa en las aulas y las comunidades:
- Garantía de derechos: la alimentación escolar se reconoce como un derecho fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.
- Financiamiento sostenible: se establecen mecanismos financieros a largo plazo para asegurar la continuidad y expansión del PAE.
- Calidad y nutrición mejoradas: las minutas alimentarias serán revisadas y actualizadas con base en criterios técnicos, nutricionales y participación comunitaria.
- Participación ciudadana: estudiantes, familias y comunidades educativas participarán en la toma de decisiones, promoviendo transparencia y pertinencia local.
- Monitoreo y evaluación rigurosos: se implementarán sistemas de seguimiento robustos para garantizar eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
La formulación de esta política responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde se reconoce la seguridad alimentaria como un problema estructural. Para ello, la UApA ha habilitado un espacio de participación abierta a través de un formulario en línea y sus redes sociales.
“Esto va más allá de entregar alimentos en la jornada escolar. Hablamos de soberanía alimentaria, de nutrición saludable y de una política construida entre todos: sector público, privado, ONG, comunidad educativa y familias”, explicó Rivera.
La consolidación del PAE como política pública enfrenta retos en la gestión descentralizada, la infraestructura y la capacitación, pero representa un avance determinante para proteger los derechos de la niñez y la juventud.
Con esta decisión, el Gobierno nacional fortalece su compromiso con la equidad y el desarrollo humano, sentando las bases para una Colombia donde la alimentación escolar sea un derecho garantizado, no una excepción.
Fuente: Comunicaciones Mineducación
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Antes del 30 de mayo, entidades públicas a reportar empleos de carrera que estén en vacancia

Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) solicitaron a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, orden territorial y Corporaciones Autónomas Regionales, reportar los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva.
Las entidades deben proporcionar esta información a Función Pública antes del viernes 30 de mayo de 2025 para la elaboración del Plan Anual de Vacantes que será enviado a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
El Plan Anual de Vacantes es un instrumento técnico de medición que permite conocer a la Comisión y ciudadanías el número de cargos de carrera administrativa que se encuentran vacantes en el sector público y cuáles hacen parte de procesos de selección.
Función Pública aclaró que el diligenciamiento de esta información no exime a las entidades del reporte de vacantes en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) y la inscripción o actualización del Registro Público de Carrera Administrativa (RPCA).
El cumplimiento de este reporte debe ser verificado por el o la jefe de control interno o quien haga sus veces en las entidades, ya que en caso de incumplimiento u omisión deben reportar a la Dirección de Vigilancia y Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC.
Las entidades están obligadas a diligenciar la información de los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva con corte al 31 de diciembre de 2024 a través de este enlace.
Fuente: Comunicaciones Función Pública
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Desempleo en marzo se redujo a 9,6 %, reveló DANE: El más bajo desde 2017

El desempleo en marzo de 2025 disminuyó 1,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado y se ubicó en 9,6 % desde el 11,3 % de 2024. Esto significa una variación absoluta de 1’057.000 personas ocupadas, reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE.
De acuerdo con la entidad, se trata de la tasa más baja desde 2017, resultado que se explica por la menor desocupación en las 13 principales ciudades del país y sus áreas metropolitanas que para el tercer mes de este año se ubicó en 9,3 %, que representa una disminución de 1,4 p.p. respecto del año pasado (10,8 %).
La tasa global de participación se ubicó en 67,4% (en marzo de 2024 fue de 67,1 %) y la tasa de ocupación quedó en 61,1 % (59,9 % en marzo del año pasado).
El estudio revela que la población del país en edad de trabajar llegó en marzo pasado a 40’514.000 personas, de las cuales 23’702.000 es la población ocupada (1’057.000 más que el año pasado); 2’522.000 es la población desocupada (con una disminución de 359.000 personas) y 14’289.000 personas están fuera de la fuerza laboral (amas de casa, estudiantes, pensionados, etc.) que se redujo en marzo último en 138.000 personas.
Por dominio geográfico, mientras en el total nacional la variación de población ocupada fue de 4,7 p.p., en Otras cabeceras llegó a 9 %, la cifra más alta desde 2018, y en las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas la variación fue de +3,4 p.p.
Ocupación por actividades
El DANE informó que por ramas de actividad económica, el sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aportó 381 mil nuevos ocupados y representa 15,5 % del total nacional; le siguen Industrias manufactureras con 218 mil nuevos ocupados (11,1 %); Alojamiento y servicios de comida con 153 mil nuevos ocupados (7,3 %); Transporte y almacenamiento con 132 mil nuevos ocupados (7,5 %); Construcción aportó 125 mil ocupados (7 %); Comercio y reparación de vehículos 101 mil ocupados nuevos (17,6 %) y Actividades artísticas entretenimiento y recreación con 100 mil nuevos ocupados (8,4 % del total nacional).
Por sexo, la población masculina ocupada creció en 543 mil personas, mientras la femenina en 514 mil.
Por rangos de edad, la franja de 25 a 54 años entre los hombres redujo la desocupación en 152 mil personas, mientras en las mujeres la variación fue de 47 mil personas en el mismo rango etario.
Desempleo por ciudades
El informe del DANE también da cuenta de que por encima del promedio nacional de desocupación (9,6 %) en marzo pasado estuvieron: Arauca con 29,2 %; Quibdó 29 %, Buenaventura 26,3 %, Mocoa 24,7 %, Barrancabermeja 24,6 % y Tumaco 23,3 %, entre las que da mayor tasa de desempleo.
Y las que registraron menor variación fueron Inírida 7,6 %, Mitú 6,7 %, Rionegro 6,1 % y Leticia 4,7 %.
Informalidad y juventud
El sector informal de la economía para el tercer mes del año se ubicó en 57,7 % en todo el país; en los centros poblados y rural disperso llegó a 84,3 %; en las 23 principales ciudades del país fue de 45,2 % y en las 13 ciudades con área metropolitana se ubicó la informalidad en 43,9 %.
El DANE también midió la brecha de género en tasa de desocupación. Para el trimestre enero – marzo de 2025 la brecha de género en materia de desempleo fue de 9,8 puntos porcentuales, pues mientras los hombres registraron una tasa de desempleo de 13 % las mujeres registraron 22, 8 %.
En este mismo periodo, la población más joven (15 – 24 años) la desocupación a nivel nacional se redujo en 2,9 p.p., mientras que en las 23 principales ciudades del país se redujo en 3 p.p. En Quibdó este indicador subió 8,4 %, y en Cartagena se redujo 6,7 %.
Fuente: Comunicaciones DANE