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Aprobados en OCAD Paz 55 proyectos para financiar por regalías

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Hoy se desarrolló la sesión N° 66 del OCAD Paz, en la cual se aprobaron 55 proyectos que serán financiados por la asignación de incentivos a la producción de regalías, por un valor de $163.197 millones y beneficiarán a más de 500 mil habitantes de 16 departamentos del país. Con estos ya son 58 los proyectos aprobados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro por un valor de más de $170 mil millones de regalías.

La sesión presidida por Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP), contó con la participación de los alcaldes de los municipios de Morelia (Caquetá) y Montelíbano (Córdoba), además de los gobernadores de Huila y Norte de Santander como nuevos miembros delegados al OCAD Paz.

Este avance significa el desarrollo de proyectos estratégicos en múltiples sectores como energía, agricultura, ambiente, educación, gestión del riesgo, transporte, vivienda e inclusión social y reconciliación, entre otros. En el sector minero-energético, por ejemplo, se podrán en marcha proyectos de energía alternativa para el beneficio de 8.000 colombianos y colombianas. Así mismo, dentro de lo aprobado existen propuestas para llevar gas domiciliario a 13.000 personas y conectar a 3.000 más con proyectos de redes de electrificación.

Lea también:Aprobado catastro multipropósito para Yopal

También se aprobaron nueve ajustes a proyectos de inversión que responden a cambios que ha habido durante las etapas de ejecución, y se informó sobre la liberación de recursos de tres proyectos, en los cuales no se abrieron procesos de contratación dentro de los términos definidos. Tras esta decisión se liberarán recursos por 2.203 millones que serán de utilidad para financiar otros proyectos.

Este gobierno recibe $1.6 billones menos en el OCAD Paz, que fueron adelantados por el gobierno de Iván Duque para el cuatrienio 2023-2026 ($400 mil millones para cada año). Hoy se cuenta con $2 billones de los $2.8 que estaban proyectados para los años 2023-2024.

Dentro de los beneficiarios de los proyectos aprobados se encuentran comunidades rurales vinculadas a los PDET en seis (6) subregiones afectadas por la violencia y la pobreza en el país con 13 proyectos por valor de $43 mil millones.

Por sectores de inversión el rubro más alto corresponde a minas y energía (22 proyectos por $76 mil millones), seguido de transporte (11 proyectos por $50 mil millones), vivienda, ciudad y territorio (10 proyectos por $,18 mil millones y educación (6 proyectos por $9 mil millones). Cabe destacar la aprobación del proyecto de actualización con enfoque multipropósito de la información física, jurídica y económica predial de las áreas urbanas, y la zona de expansión de Yopal, capital del departamento del Casanare.

Los departamentos de las poblaciones beneficiadas son Meta; Bolívar; Casanare; Tolima; Putumayo; Huila; Chocó; La Guajira; Santander; Cesar; Sucre; Nariño; Boyacá; Antioquia; Córdoba Y Norte de Santander.

En la sesión del OCAD Paz se presentó a los nuevos miembros la propuesta metodológica con los criterios de priorización de los proyectos de las fuentes de Asignación para la Paz y Desahorro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET).

Al término de la sesión la subdirectora General de Regalías del DNP, Tania Guzmán afirmo: “Es fundamental que los nuevos miembros del OCAD Paz revisen la propuesta de priorización de proyectos construida conjuntamente entre Planeación Nacional y la Agencia de Renovación del Territorio para definir unas reglas de distribución más equitativas de los recursos de regalías destinados para la implementación del Acuerdo de Paz”.

Cabe aclarar que el Departamento Nacional de Planeación no aprueba ni ejecuta recursos del Sistema General de Regalías en ninguna de sus instancias, sino que ejerce un rol como secretario técnico para gestionar la información y verificar los requisitos de los proyectos, entre otras tareas.

El principal propósito de Planeación es que los recursos de regalías sirvan para impulsar un mayor desarrollo regional y un cierre de las brechas entre territorios, para lo cual está desarrollando un nuevo modelo de asistencia técnica integral para fortalecer las capacidades de ejecución en las regiones ayudando a que los municipios mejoren sus capacidades para acceder a los recursos del sistema.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

 

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En firme acuerdo entre arroceros y molineros para fijar precio mínimo de compra del arroz

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó, mediante Resolución No. 65722 del 29 de agosto de 2025​, la fijación del precio mínimo de referencia de compra de arroz paddy verde.

La decisión se adoptó luego de haber recibido concepto previo, vinculante y motivado por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Según se indicó, luego de analizar la situación actual de la cadena de arroz, el Ministerio de Agricultura, en su concepto, y la Superintendencia en esta resolución, concluyeron que el acuerdo propuesto por los productores e industriales del arroz resulta necesario para la estabilidad y creación de condiciones de comercio justo en este sector estratégico para la soberanía alimentaria de Colombia.

En este sentido, la resolución estableció que “una vez obtenida la autorización por parte de esta Superintendencia, la Industria, molinos o compradores, pagarán el Arroz Paddy Verde, según el municipio o departamento de compra, y bajo los parámetros de calidad establecidos en el literal (c) siguiente, como mínimo a los siguientes precios de referencia”:

 De otro lado, se informó que este acuerdo, que estará vigente hasta el 30 de octubre de 2025, comprende:

• La fijación de un precio mínimo de referencia para la compra de arroz paddy por departamentos o zonas del país, teniendo en cuenta algunos parámetros de calidad.

• La adopción de un mecanismo de compra de arroz paddy verde como arroz paddy seco equivalente utilizando los mismos criterios de calidad y de precio mínimo de referencia.

• La articulación de acciones conjuntas para el desarrollo del plan de ordenamiento productivo del arroz.

De acuerdo con la SIC, lo que se busca es que haya una estabilidad económica del sector y la garantía de condiciones de remuneración que hagan sostenible la producción, calidad y comercialización del grano.

En el informe se indicó que “el análisis de este acuerdo concluyó que, si bien la medida podía implicar una limitante a las condiciones de venta como es el precio, su adopción está llamada a generar externalidades positivas en la cadena de arroz y derivará en un beneficio para los productores. Así, el acuerdo persigue garantizar un nivel de ingreso a los productores, asegurar los planes de siembra y evitar la pérdida de un producto esencial para la canasta alimentaria del país”.

De otra parte, la Superintendencia reconoció que este acuerdo no tendría efectos negativos en el consumidor y, por el contrario, permitirá dinamizar la oferta de arroz blanco en el mercado, redundando en un beneficio para los consumidores.

Adicionalmente, con el fin de garantizar el respeto de la libre competencia económica en el sector arrocero, la Superintendencia, a través de la Dirección de Cumplimiento, realizará seguimiento y vigilancia detallado de la ejecución de este acuerdo. Para cumplir con esta función, se estableció una metodología que permitirá monitorear la cadena de arroz en Colombia.

Así, la Superintendencia determinó que las partes deberán remitir a la Dirección de Cumplimiento, información relacionada con los precios mínimos de referencia, cantidades de compra, formas de pago, los parámetros de calidad utilizados en las adquisiciones de arroz paddy verde, entre otras variables.

Fuente: Comunicaciones SIC

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Alerta por posible suspensión del PAE a nivel nacional por falta de recursos

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La Contraloría General de la República advirtió que existe riesgo en la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que podría llevar a su suspensión desde septiembre de 2025, debido al déficit de $500 mil millones que aún no han sido asignados para garantizar su continuidad. De no cubrirse este faltante, más de 3.500.000 niños, niñas y adolescentes en 53 Entidades Territoriales Certificadas quedarían sin acceso a este servicio esencial.

Esta alerta se sustenta en información presupuestal obtenida con corte a 20 de agosto de 2025, producto de unas mesas de control social participativo desarrolladas la última semana por la Contraloría Delegada para Educación en el distrito de Buenaventura, a partir de las cuales se hizo revisión a la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Además, en visitas de seguimiento realizadas en todo el territorio nacional, la Contraloría conoció comunicaciones enviadas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender- UApA al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 24 de junio y el 15 de agosto de 2025, solicitando la adición presupuestal urgente de los recursos faltantes. La no respuesta oportuna a estos requerimientos pondría en riesgo no solo la prestación del servicio, sino también la garantía del derecho a la alimentación y la permanencia educativa de millones de estudiantes.

La Contraloría General hace un llamado urgente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Educación Nacional y a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación para que, de manera articulada, aseguren los recursos necesarios que demanda el PAE.

La interrupción del Programa no solo tendría graves consecuencias sociales y educativas, sino que además generaría cuestionamientos públicos e institucionales, considerando la naturaleza constitucional del derecho a la alimentación y la obligación del Estado de garantizarlo.

Ante esta situación, la Contraloría General de la República reitera su solicitud al Gobierno Nacional de asignar y garantizar de manera inmediata los $500 mil millones faltantes, a fin de asegurar la continuidad, calidad y cobertura del PAE en todo el país durante el calendario escolar de 2025.
Así mismo, en el marco de sus competencias la entidad continuará realizando seguimiento permanente a la operación del PAE y a la gestión de los recursos destinados al programa.

Fuente: Comunicaciones CGR

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Empleo formal en Colombia sigue mostrando señales positivas, hay más personas contratadas

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El panorama del empleo formal en Colombia sigue mostrando señales positivas. En junio de 2025, el Servicio Público de Empleo (SPE) a través de su Red de Prestadores facilitó la colocación laboral de cerca de 53 mil personas, lo que representa 9,830 empleos más que en el mismo mes del año anterior. Esta mejora refleja un mayor nivel de conexión entre quienes buscan trabajo y las empresas que necesitan talento.

El crecimiento se vio reflejado en diferentes grupos. Las contrataciones de mujeres subieron de 19,375 a 22,425, mientras que las de hombres aumentaron de 23,782 a 30,561. En cuanto al nivel educativo, la mayoría de los contratados eran bachilleres (24,677), seguidos por técnicos (8,363) y tecnólogos (2,970), lo que indica una alta demanda por perfiles técnicos y medios en los sectores productivos.

Un dato para destacar: 17,773 personas sin experiencia laboral previa consiguieron empleo, lo que significa 7,230 más que en junio de 2024. 11.981 personas del total de colocaciones sin experiencia se ubicaron en las 23 principales ciudades del país. Este avance muestra el impacto del SPE como una herramienta clave para ofrecer primeras oportunidades laborales, especialmente a jóvenes que buscan ingresar al mercado formal.

En el aspecto territorial, 32,245 colocaciones se concentraron en las 23 ciudades principales del país, siendo Bogotá, Medellín y Bucaramanga las que agruparon más del 77% del total. Además, ciudades intermedias como Quibdó (de 6 a 55 empleos), Florencia (de 32 a 92) y Valledupar (de 66 a 146) también mostraron un crecimiento notable, señal de que el Servicio Público de Empleo está llegando a más rincones del país.

Por sectores económicos, los servicios administrativos y profesionales lideraron las contrataciones (10,334), seguidos por comercio y reparación de vehículos (1,923), e industria manufacturera (1,687). Sin embargo, otros sectores como información y comunicaciones, actividades financieras y construcción tuvieron una baja en comparación con junio de 2024.

En cuanto a los salarios, la mayoría de las vacantes cubiertas ofrecían entre $1,000,001 y $1,500,000. Las posiciones con salarios superiores a $4 millones fueron menos, bajando de 378 a 278 empleos, lo que indica una mayor concentración del empleo formal en rangos salariales medios.

Por el lado de la demanda, en junio se reportaron 159.772 ofertas de empleo, representando una disminución del 1,2% frente al mismo mes del año anterior. Sin embargo, estas ofertas registraron 981,993 vacantes, un aumento del 4.2% frente al año anterior, a pesar de que hubo una leve disminución en las ofertas formales, menos ofertas, pero mayor cantidad de puestos de trabajo. Bogotá, Medellín y Cali concentraron el 85.1% de las vacantes urbanas, lo que evidencia que las oportunidades siguen estando centralizadas en las grandes ciudades.

Sectores con más vacantes

Los sectores que más vacantes ofrecieron fueron servicios administrativos (576,725), tecnologías de la información y comunicaciones (74,445), comercio (46,692) y manufactura (32,141). Los sectores con mayor crecimiento en vacantes fueron actividades financieras (+68.4%), transporte y almacenamiento (+44.5%) e información y comunicaciones (+43.5%). En contraste, sectores como explotación de minas y canteras, suministro de electricidad gas, agua y Construcción, sufrieron caídas de 43,8 %, –30,1 % y 11,5% respectivamente.

El nivel educativo más solicitado fue bachillerato (503,833 vacantes), seguido por técnicos (173,797) y universitarios (92,670). Las ocupaciones más buscadas fueron en apoyo administrativo, técnicos de nivel medio y personal de ventas y servicios.

Toda esta información está disponible en DataEmpleo, la plataforma del Servicio Público de Empleo que permite consultar cómo se está moviendo el mercado laboral formal en Colombia. Es una herramienta útil para empleadores, personas en búsqueda de trabajo, investigadores y autoridades, al ofrecer datos actualizados sobre oferta, demanda y colocaciones de empleo en el país.

Fuente: El Diario del Llano

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