CASANARE
Alto índice de rendimiento presentó Contraloría Departamental de Casanare
Con un alto rendimiento fue calificada por los expertos las actividades desarrolladas por la Contraloría Departamental de Casanare, donde se destacaron las auditorías instaladas por la titular de esa dependencia Janeth Constanza Holguín Suárez, a los municipios de Monterrey y Maní.
De acuerdo con lo señalado por la jefe del organismo de control fiscal, se trata de auditar los recursos de gestión y de contratación de dineros propios de cada uno de los entre territoriales.
Cumpliendo los protocolos de autocuidado, los alcaldes de Monterrey Carlos Iván Díaz Solano, y Yerson Montoya de Maní, se hicieron presentes virtualmente para presentar sus respectivos equipos de trabajo y establecer los mecanismos de la auditoría.
Alianzas estratégicas
Otro hecho destacado hace relación con la firma de la alianza entre las personerías de Orocué, Pore, Maní y Nunchía, que permite continuar con el plan de capacitación de los líderes sociales con vocación de veedores ciudadanos, dispuestos a emprender de manera técnica, la vigilancia en la inversión de los recursos públicos.
La Contralora y los Personeros de Maní, Angie Yulieth Rivera Larrota, Orocué Fernando Rondón, Carlos Tibaduiza Personero Municipal de Pore y de Nunchía Libardo Pan Chaparro, suscribieron una alianza para convocar a los líderes ciudadanos e instruirlos académicamente para que puedan ejercer, de manera técnica el control de la inversión de los recursos del Estado.
La Alianza, dijo el vicecontralor José Alfredo Rojas, hace parte del programa La Contraloría en su Municipio, en que el equipo de profesionales del ente de control, se desplaza a cada sitio e invita a la ciudadanía, a un trabajo mancomunado con los líderes sociales, veedores ciudadanos, y los organismos de control a la vigilancia de la gestión fiscal de recursos públicos.
Las capacitaciones agregó Franco Vega, director de Responsabilidad Fiscal está dirigida a fortalecer conocimientos y desarrollar habilidades en las veedurías ciudadanas y sus redes, para realizar evaluación en la gestión pública a través de indicadores que los señala la ley de manera taxativa y son muy fáciles de asimilar, si se asiste a estos aprendizajes.
La Contraloría en su Municipio
Dando cumplimiento a la alianza firmada con los personeros, el martes 2 de noviembre, la contraloría se desplazó al municipio de Nunchia y junto con el personero, Libardo Pan Chaparro, se hizo la convocatoria de los lideres ciudadanos, los dirigentes sociales, los veedores ciudadanos, y los organismos de control, que tienen como misión, la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos.
Siguiendo con la estrategia La Contraloría en su Municipio, el 9 de noviembre el equipo directivo del organismo de control fiscal, atendiendo la convocatoria del personero Carlos Tibaduiza, se trasladó a Pore, para atender una buena cantidad de líderes sociales, directivos comunales, representantes de las organizaciones juveniles y desde luego, representantes de las veedurías ciudadanas de este histórico municipio.
Sobre este particular, la profesional de la oficina de participación ciudadana celebró la gran asistencia, pues de esta manera, se aprovecha la gran oportunidad para adquirir conocimientos y herramientas pedagógicas de medición, que les permiten respaldar sus juicios y observaciones con datos fidedignos, con los cuales podrán demostrar el grado de cumplimiento o incumplimiento de los contratistas o funcionarios quienes manejan recursos públicos.
Visto lo anterior, se deben destacar los excelentes resultados en capacitación que ha logrado la Contraloría en el 2021
Ciudadanos comprometidos
De acuerdo con lo señalado por Carolina Mariño, directora de Vigilancia Fiscal
más de 700 personas se han venido capacitando en el marco del Plan Institucional de Capacitación en el 2021 de la Contraloría Departamental y eso permite brindar mayores herramientas a los ciudadanos, para que puedan ejercer la labor de control social a la gestión pública.
“Hemos logrado abrir espacios de capacitación virtual, para que se logren actualizar el mayor número de sujetos vigilados y ciudadanía, al igual que los funcionarios de la Contraloría Departamental y de la Contraloría General de la República”, señaló la contralora Yaneth Constanza Holguín.
Para la institución es fundamental que la ciudadanía y los veedores, se empoderen y conozcan a fondo cómo funciona el Estado y de qué manera se puede hacer el control social a la gestión de los recursos públicos.
La temática
El vicecontralor José Alfredo Rojas Pérez, señaló que en estas capacitaciones, se abordaron entre otros temas, mecanismos de participación ciudadana; novedades del Código General Disciplinario; reformas al Proceso de Responsabilidad Fiscal contenidas en el Decreto 403 de 2020; gestión del presupuesto público; actualizaciones en contratación estatal y control social.
“En estos diálogos descentralizados, en el marco del programa “La Contraloría en su Municipio”, trabajamos en capacitaciones de control social, donde hemos vinculado a veedores y ciudadanos, en mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento del control social”, explicó el vicecontralor José Alfredo Rojas Pérez.
Jóvenes, promotores del control social a través de las veedurías ciudadanas
La importancia de la juventud en la conformación de veedurías ciudadanas es fundamental dentro de los procesos económicos, sociales, culturales y políticos, porque a través de las organizaciones juveniles, se facilita el control y vigilancia sobre la actuación de los agentes del estado y de los particulares que manejan recursos públicos.
Es el mensaje que está enviando la contralora departamental Yaneth Constanza Holguín Suárez, a través de las capacitaciones que se ofrece dentro de la estrategia La Contraloría en su Municipio, en las que, gracias a una alianza con las personerías, se convoca a la ciudadanía y en especial a los jóvenes, a capacitarse, para ejercer de manera técnica y pedagógica el control fiscal de los recursos públicos.
Franco Vega, director de responsabilidad fiscal de la Contraloría Departamental, ratificó la importancia de la presencia de los jóvenes en estas capacitaciones y en la conformación de las veedurías ciudadanas y los consejos de la juventud, mecanismos que facilita el liderazgo en los temas interés, como la ejecución de los programas, proyectos y servicios ofrecidos por las entidades públicas para verificar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas por la Constitución política.
Así mismo, Rocío Quiroga, profesional de la oficina de participación ciudadana, del ente de control fiscal de Casanare, corroboró la presencia de los jóvenes, de los líderes sociales quienes en los últimos tiempos, han mostrado un interés particular por unirse en asociaciones juveniles, con el fin de ejercer control y vigilancia con respecto al actuar de las administraciones municipales.
Es tal la aceptación de la estrategia diseñada y ejecutada por la Contraloría Departamental de Casanare, que los representantes del sector productivo y comercial, como la empresaria Elizabeth Romualdo de Orocué, celebró la presencia de la Contraloría Departamental de Casanare en la jornada de capacitación en la que se convocaron a quienes lideran los procesos de veedurías ciudadanas y el control social a la administración municipal.
Agregó la dirigente y empresaria del primer puerto sobre el río Meta, que es muy importante que la Contraloría Departamental continúe con el programa `La Contraloría en su municipio`, pues, de esa manera los dirigentes comunales, los veedores ciudadanos, los jóvenes y la ciudadanía en general, se capacite para vigilar, reclamar y denunciar los eventos anómalos que pueden detectarse en la ejecución de un contrato o una obra, que en términos reales está diseñada para buscar el bienestar social.
Fuente: Contraloría Departamental de Casanare
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
