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Alta accidentalidad en Casanare también afecta las finanzas de Capresoca

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ACCIDENTE MANÍ

A la compleja situación financiera que ha venido soportando Capresoca EPS en los últimos años por los malos manejos de administraciones anteriores, se suma una nueva situación que desfinancia las arcas de la entidad, la cual debe asumir la atención de personas lesionadas en accidentes de tránsito, para lo cual no recibe recursos dentro de la Unidad de Pago por Capitación –UPC- que le cancela el gobierno nacional.

Así lo dio a conocer la gerente Nuria Bohórquez Peña, al señalar que solo el año anterior debieron destinar cerca de $15 mil millones de pesos para garantizar la atención de algunos de sus usuarios, quienes resultaron lesionados en accidentes de tránsito pero al terminarse los recursos que cubre el SOAT, pasan inmediatamente a depender para su atención médica de Capresoca EPS, lo cual es bastante costoso para la entidad, y pare ello no están incluidos recursos dentro de la UPC que cancela el gobierno nacional.

“Tenemos un problema muy grave en Casanare, especialmente en Yopal donde la accidentalidad es alta, y eso no viene dentro de la UPC. El año pasado gastamos alrededor de $15 mil millones de pesos solo para pacientes accidentados. Peor aún, en este momento tenemos pacientes domiciliarios, que quedaron postrados en una cama, y que a nosotros nos toca pagarle una enfermera 24 horas. A Capresoca le está dando muy duro la accidentalidad”, explicó la gerente de Capresoca.

También la atención a población indígena

Como si fuera poco, la atención a la población indígena le está resultando muy costosa a Capresoca EPS, por lo que las finanzas de la entidad aunque se han venido saneando y mejorando, aún soportan estas pesadas cargas.

Capresoca soporta la atención de tres comunidades indígenas, en solo Caño Mochuelo existen 12 Resguardos según explicó la gerente de la EPS, y por lo tanto no se tiene la oportunidad de atención inmediata.

“Traer un usuario de Caño Mochuelo en avioneta me cuesta $8 millones de pesos, y por un usuario al año yo recibo $820 mil pesos. En el Ministerio no conocen la situación de dispersión que tenemos con esa población. Necesitamos que nos reconozcan una mejor UPC indígena”, reclama la gerente de Capresoca, agregando que la entidad no tiene ningún otro ingreso aparte de la UPC.

Bohórquez Peña destacó el permanente apoyo de la Senadora Amanda Rocío González, del representante Jairo Cristancho y del gobernador Josué Alirio Barrera, para lograr que tanto en el Ministerio de la Protección Social como en la Superintendencia de Salud sean escuchadas las solicitudes de Capresoca, especialmente para que se incremente el valor de la UPC, lo cual le convendría a las finanzas de la entidad.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Procuraduría formula cargos a exalcalde de Hato Corozal, por presunto incumplimiento del PAE

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dario Garcia Alcalde

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Darío Yesid García Barray, por presunto incumplimiento en la prestación del servicio de alimentación escolar, en 2022.

Según la Procuraduría, al parecer, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del citado municipio, no se habría iniciado oportunamente y, en consecuencia, solo se prestó el servicio durante seis jornadas escolares del mes de octubre y 17 en noviembre, de ese año.

A juicio del ente disciplinario, el PAE, para las instituciones educativas urbanas de Hato Corozal, debió darse desde el primer día de inicio de clases, según las normas generales establecidas y, al parecer, solo se habría cumplido en la parte final del año.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la aparente conducta como falta grave a título de culpa gravísima.

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Desde Casanare y Bogotá evadieron impuestos por $155.000 millones con empresas de papel

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de crear y administrar una red de 185 sociedades de papel con las que empresas del sector real se apropiaron ilegalmente del impuesto a las ventas y redujeron la base gravable del impuesto de renta, causando un perjuicio al Estado que podría superar los $155.000 millones de pesos.

Según la investigación, los procesados figuraban como socios o representantes legales de compañías de fachada que no contaban con capacidad económica, logística ni operativa. Entre 2012 y 2022 habrían simulado operaciones comerciales millonarias para respaldar maniobras fraudulentas, utilizando diversos objetos sociales sin actividad real.

De acuerdo con la Fiscalía, los procesados habrían cobrado entre el 1% y el 5% del monto total de lo facturado irregularmente. Ninguno de las empresas vinculadas tiene proveedores nacionales ni son importadores, por lo que no tendrían nada que vender.

Con apoyo del CTI, la Fiscalía estableció que a través de estas sociedades se reportaron operaciones inexistentes por más de $843.164 millones de pesos. Entre los judicializados están Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes habrían asumido roles de coordinación financiera, intermediación y representación legal.

Los implicados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento en Bogotá y Casanare, y les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos. Un juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad —cinco domiciliarias y una en centro carcelario— y ordenó la suspensión de la personería jurídica de 162 empresas vinculadas.

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Yopal fortalece procesos de resocialización, se donaron elementos de aseo, alimentos y ropa

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La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a través del programa habitante de calle y con el apoyo de la gestora social Paula Ruíz, impulsó la estrategia “diciembre es amor, y en familia es mejor”. Se realizó una jornada de donación de elementos de aseo, alimentos no perecederos y ropa, destinada a usuarios de la Fundación Caminos de Vida que adelantan procesos de desintoxicación y resocialización.

Esta iniciativa busca fortalecer las acciones humanitarias y el acompañamiento integral a quienes transitan procesos de recuperación del consumo de sustancias psicoactivas y habitabilidad en calles. La Administración Municipal reafirma su compromiso de brindar herramientas para reconstruir proyectos de vida, ofrecer segundas oportunidades y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad.

Durante la jornada, diversas entidades y personas, incluyendo ciudadanos, empresas, comerciantes y funcionarios públicos, aportaron insumos esenciales. Estas donaciones son clave para mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios y contribuir a su permanencia en el proceso terapéutico.

La Secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández Forero, enfatizó la relevancia de sumar esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para dignificar la vida de quienes enfrentan desafíos. “Estas donaciones representan más que elementos materiales; son un mensaje de esperanza para quienes están dando pasos valientes hacia su recuperación”, expresó.

Finalmente, la administración municipal hizo una invitación a toda la ciudadanía, empresas y organizaciones a unirse a estas acciones solidarias. El objetivo es claro: transformar vidas y generar oportunidades reales para que las personas puedan reinsertarse positivamente en la sociedad de Yopal.

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