CASANARE
Alta accidentalidad en Casanare también afecta las finanzas de Capresoca
A la compleja situación financiera que ha venido soportando Capresoca EPS en los últimos años por los malos manejos de administraciones anteriores, se suma una nueva situación que desfinancia las arcas de la entidad, la cual debe asumir la atención de personas lesionadas en accidentes de tránsito, para lo cual no recibe recursos dentro de la Unidad de Pago por Capitación –UPC- que le cancela el gobierno nacional.
Así lo dio a conocer la gerente Nuria Bohórquez Peña, al señalar que solo el año anterior debieron destinar cerca de $15 mil millones de pesos para garantizar la atención de algunos de sus usuarios, quienes resultaron lesionados en accidentes de tránsito pero al terminarse los recursos que cubre el SOAT, pasan inmediatamente a depender para su atención médica de Capresoca EPS, lo cual es bastante costoso para la entidad, y pare ello no están incluidos recursos dentro de la UPC que cancela el gobierno nacional.
“Tenemos un problema muy grave en Casanare, especialmente en Yopal donde la accidentalidad es alta, y eso no viene dentro de la UPC. El año pasado gastamos alrededor de $15 mil millones de pesos solo para pacientes accidentados. Peor aún, en este momento tenemos pacientes domiciliarios, que quedaron postrados en una cama, y que a nosotros nos toca pagarle una enfermera 24 horas. A Capresoca le está dando muy duro la accidentalidad”, explicó la gerente de Capresoca.
También la atención a población indígena
Como si fuera poco, la atención a la población indígena le está resultando muy costosa a Capresoca EPS, por lo que las finanzas de la entidad aunque se han venido saneando y mejorando, aún soportan estas pesadas cargas.
Capresoca soporta la atención de tres comunidades indígenas, en solo Caño Mochuelo existen 12 Resguardos según explicó la gerente de la EPS, y por lo tanto no se tiene la oportunidad de atención inmediata.
“Traer un usuario de Caño Mochuelo en avioneta me cuesta $8 millones de pesos, y por un usuario al año yo recibo $820 mil pesos. En el Ministerio no conocen la situación de dispersión que tenemos con esa población. Necesitamos que nos reconozcan una mejor UPC indígena”, reclama la gerente de Capresoca, agregando que la entidad no tiene ningún otro ingreso aparte de la UPC.
Bohórquez Peña destacó el permanente apoyo de la Senadora Amanda Rocío González, del representante Jairo Cristancho y del gobernador Josué Alirio Barrera, para lograr que tanto en el Ministerio de la Protección Social como en la Superintendencia de Salud sean escuchadas las solicitudes de Capresoca, especialmente para que se incremente el valor de la UPC, lo cual le convendría a las finanzas de la entidad.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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