CASANARE
Alta accidentalidad en Casanare también afecta las finanzas de Capresoca
A la compleja situación financiera que ha venido soportando Capresoca EPS en los últimos años por los malos manejos de administraciones anteriores, se suma una nueva situación que desfinancia las arcas de la entidad, la cual debe asumir la atención de personas lesionadas en accidentes de tránsito, para lo cual no recibe recursos dentro de la Unidad de Pago por Capitación –UPC- que le cancela el gobierno nacional.
Así lo dio a conocer la gerente Nuria Bohórquez Peña, al señalar que solo el año anterior debieron destinar cerca de $15 mil millones de pesos para garantizar la atención de algunos de sus usuarios, quienes resultaron lesionados en accidentes de tránsito pero al terminarse los recursos que cubre el SOAT, pasan inmediatamente a depender para su atención médica de Capresoca EPS, lo cual es bastante costoso para la entidad, y pare ello no están incluidos recursos dentro de la UPC que cancela el gobierno nacional.
“Tenemos un problema muy grave en Casanare, especialmente en Yopal donde la accidentalidad es alta, y eso no viene dentro de la UPC. El año pasado gastamos alrededor de $15 mil millones de pesos solo para pacientes accidentados. Peor aún, en este momento tenemos pacientes domiciliarios, que quedaron postrados en una cama, y que a nosotros nos toca pagarle una enfermera 24 horas. A Capresoca le está dando muy duro la accidentalidad”, explicó la gerente de Capresoca.
También la atención a población indígena
Como si fuera poco, la atención a la población indígena le está resultando muy costosa a Capresoca EPS, por lo que las finanzas de la entidad aunque se han venido saneando y mejorando, aún soportan estas pesadas cargas.
Capresoca soporta la atención de tres comunidades indígenas, en solo Caño Mochuelo existen 12 Resguardos según explicó la gerente de la EPS, y por lo tanto no se tiene la oportunidad de atención inmediata.
“Traer un usuario de Caño Mochuelo en avioneta me cuesta $8 millones de pesos, y por un usuario al año yo recibo $820 mil pesos. En el Ministerio no conocen la situación de dispersión que tenemos con esa población. Necesitamos que nos reconozcan una mejor UPC indígena”, reclama la gerente de Capresoca, agregando que la entidad no tiene ningún otro ingreso aparte de la UPC.
Bohórquez Peña destacó el permanente apoyo de la Senadora Amanda Rocío González, del representante Jairo Cristancho y del gobernador Josué Alirio Barrera, para lograr que tanto en el Ministerio de la Protección Social como en la Superintendencia de Salud sean escuchadas las solicitudes de Capresoca, especialmente para que se incremente el valor de la UPC, lo cual le convendría a las finanzas de la entidad.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Secretaría de Educación de Yopal informa a la ciudadanía sobre múltiples solicitudes y quejas de padres de familia. Estas están relacionadas con dificultades para matricular a sus hijos debido a inconsistencias en la validez de estudios cursados previamente en modalidades no presenciales o “homeschooling”.
Se ha evidenciado que algunos estudiantes provienen de instituciones que ofrecen educación virtual o homeschooling sin la licencia de funcionamiento reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Esta situación impide la homologación, validación o reconocimiento oficial de los grados cursados, conforme a la normativa vigente.
La secretaría recuerda que en Colombia, la educación formal debe ser impartida por establecimientos educativos debidamente autorizados, con licencia de funcionamiento expedida por el Ministerio de Educación y registro en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). Las instituciones sin este reconocimiento no pueden emitir certificaciones válidas.
Además, se han identificado casos de estudiantes con estudios en el exterior que realizaron supuestas “validaciones” en instituciones no facultadas legalmente, afectando la continuidad académica. La presentación de Pruebas Saber 11° (ICFES) y los procesos de validación de bachillerato están regulados por el Estado y requieren autorización oficial.
Por lo anterior, se hace un llamado preventivo a padres y acudientes para que verifiquen que la institución educativa cuente con licencia de funcionamiento vigente, esté registrada oficialmente ante el Ministerio de Educación y tenga reconocimiento para la prestación del servicio educativo formal. La secretaría reitera su compromiso con el derecho a la educación y la orientación familiar.
Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Tauramena la tarde del 21 de febrero de 2026. Sobre las 6:12 p.m., en la vereda Cabañas, fue ultimado con arma de fuego el ciudadano Jaime Orlando León Sierra, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba departiendo bebidas embriagantes en una tienda del sector cuando fue abordado por otro hombre que también permanecía en el establecimiento. Entre ambos se habría generado una discusión, al parecer por linderos de un predio, que escaló rápidamente, momento en el que el presunto agresor desenfundó un arma de fuego y disparó contra León Sierra, causándole la muerte en el lugar.
Tras el ataque, el señalado responsable huyó en una motocicleta color negro con azul con rumbo hacia la zona rural. Las autoridades confirmaron que el presunto agresor ya está plenamente identificado y adelantan labores para lograr su captura en el menor tiempo posible.
Según información conocida, el hombre registra antecedentes en calidad de investigado por delitos como homicidio, lesiones personales, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas, amenazas y acceso carnal. Testigos lo describen como una persona con comportamiento violento cuando consume licor. El caso quedó en manos de los organismos competentes, que avanzan en la recolección de pruebas y testimonios.
A 31 años y 3 meses de prisión fue condenado Olegario Mendivelso, de 55 años, por el feminicidio agravado de su compañera sentimental Fidelia Tarache Tumay, en hechos ocurridos el pasado 25 de septiembre de 2025 en zona rural de Yopal. La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento, quien avaló el preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con las pruebas recopiladas por el ente acusador, el hoy sentenciado llegó hasta la finca donde trabajaba la víctima e ingresó a la vivienda por una ventana. Una vez dentro, la atacó con un arma cortopunzante, causándole múltiples heridas que le provocaron la muerte. Según la investigación, el ataque se originó porque la víctima no quería continuar con la relación.
El fallo judicial también impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años, además de la suspensión de cualquier mecanismo sustitutivo o subrogado penal.
La sentencia es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. Con este resultado, la Fiscalía destacó el avance del proceso judicial y la sanción impuesta por este crimen que enluta a una familia en el departamento de Casanare.
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