REGIÓN
Alerta naranja y otras medidas en Boyacá para hacerle frente a la pandemia
El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, con el aval del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo, ha decidido decretar la alerta naranja y tomar otras medidas para este puente festivo, ante el preocupante aumento de la ocupación hospitalaria en el departamento que, en el día de hoy, en las UCI, llega a un 61,29%, con 94 pacientes asociados a COVID-19 y además, el incremento en el número de casos, que para hoy son 461 con un total de 29.999 confirmados y 647 personas fallecidas.
Según el mandatario de los boyacenses, conforme a las acciones de monitoreo y verificación que se viene adelantando a la Red Prestadora de Servicios de Salud en el Departamento y con base en la certificación expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá, se determinó que la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos, UCI, ha sido superior al 60% de la capacidad instalada, desde el pasado 31 de diciembre, por esta razón fue necesario entrar en una fase de alerta naranja, con el fin de estar preparados para responder ante una eventual escasez de disponibilidad de camas.
“En sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo decidimos unánimemente declarar la alerta naranja en todo el territorio boyacense, pero nos preocupa los índices de ocupación hospitalaria en ciudades como Tunja, con un 77% y Moniquirá con un 64%, lo que nos obliga a tomar medidas adicionales”, aseguró el Gobernador.
Agregó que teniendo en cuenta que se aproxima el Puente de Reyes, es necesario impartir instrucciones para el mantenimiento del orden público en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 como:
1. Toque de queda y Ley Seca durante los días 8, 9, 10 y 11 de enero, desde las 8:00 p.m., hasta las 5:00 a.m. del día siguiente respectivamente.
2. Mientras se mantenga la alerta naranja en el Departamento se prohíbe cualquier tipo de celebración, festividad o evento que genere aglomeraciones.
3. En los municipios donde se supere el 80% de ocupación en unidades de cuidados intensivos, automáticamente se tomará la medida del aislamiento preventivo obligatorio durante 7 días, que implicará también a los municipios del área de influencia.
4. Recomendar a los alcaldes de los 123 municipios que, de acuerdo con las circunstancias de su jurisdicción, tomen medidas más restrictivas como pico y cédula, toques de queda o ley seca, con horarios más amplios.
“El virus no se ha ido, al contrario, la situación cada día está más complicada por eso insistimos en que la única herramienta efectiva es la disciplina social, cuidemos nuestra vida y la de los seres que más queremos”, es la invitación del gobernador Ramiro Barragán.
Se exceptúan del toque de queda aquellas personas e instituciones que por su labor requieran estar en continua disposición.
Fuente: Gobernación de Boyacá
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
