CASANARE
Alcaldía de Yopal socializó polémico proyecto de pavimentación
Después de meses y meses de retraso, por fin se iniciará las obras
Han pasado más de 6 meses desde que el Ocad Nacional aprobó el proyecto de pavimentación en Yopal con recursos que superan los 33.000 millones de pesos. Este polémico proyecto que inicialmente pretendía realizar la Gobernación de Casanare y fue arrebatado por Leonardo Puentes mediante un vídeo en sus redes sociales, fue socializado ante la comunidad de los barrios a intervenir.
140 tramos distribuidos en 29 barrios de las comunas 1, 3, 4 y 5 del municipio de Yopal, serán intervenidos con los trabajos contemplados en el proyecto de pavimentación de la red vial urbana, que tiene un valor de $30.409.369.029 y beneficiará a una población de 149.426 habitantes, de estos sectores.
El Alcalde de Yopal manifestó en la socialización del proyecto que se le dio prioridad a 29 barrios de la capital del Casanare porque el estado actual de sus vías merecen una profunda intervención, a comparación de los sectores en que se pretendía ejecutar las obras inicialmente.
De igual manera el mandatario de los yopaleños aseguró que las obras iniciarán en las próximas semanas y tendrán una duración estimada de 10 meses, por lo que, de cumplirse los tiempos previstos, se haría la entrega oficial por parte de Leonardo Puentes al término de su administración atípica.
Proyecto polémico
Esta iniciativa financiada por el Sistema General de Regalías ha estado en el ojo del huracán desde que la asumió la Alcaldía de Yopal, por la demora en los trámites necesarios para su ejecución, de igual manera por las posibles irregularidades que se estarían presentando, entre ellas la adjudicación del contrato.
En el proceso de adjudicación solamente se postuló una firma contratista bajo el nombre de Construyendo Yopal, la cual tenía como representante legal a la ingeniera Astrid Constanza Parrado Rojas, quien fue parte de la interventoría de la construcción de la PTAR en Villavicencio, una obra llena de irregularidades que terminó con la inhabilidad por 12 años al ex gerente de la empresa de servicios públicos del Meta.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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