CASANARE
Alcaldes de Casanare piden al Gobierno Nacional más puestos de control migratorio
Un llamado de urgencia hicieron los alcaldes de los municipios de Yopal, Aguazul y Villanueva, del departamento de Casanare, al presidente de la República, Iván Duque Márquez; solicitando la instalación de dos puestos de control migratorio permanentes en esa región del país, para mitigar el impacto negativo en la seguridad y convivencia ciudadana que está causando el fenómeno migratorio de población extranjera de Venezuela.
En la comunicación señalan los Mandatarios: “como alcaldes, reconocemos el compromiso y dedicación de los tres funcionarios de Migración Colombia, apostados en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios con sede en Yopal, en la atención a las problemáticas generadas por población migrante de nacionalidad venezolana, que según información oficial superaría las 15.000 personas plenamente en nuestro territorio, más un número determinado de caminantes que a diario podrían ser alrededor de 400 a lo largo de la vía Marginal de la Selva, que va desde Hato Corozal a Villanueva”.
Agregan que “sin embargo, pese a los esfuerzos hechos por los mencionados funcionarios de Migración Colombia, ha sido prácticamente imposible tener un mínimo de control permanente en el departamento de Casanare, razón por la cual consideramos que es necesario instalar en la jurisdicción del municipio de Hato Corozal, dos puestos de control migratorio (1. Puente San Salvador, sobre el río Casanare. 2. Puente La Cabuya, Sácama), que serían estratégicos para mitigar el impacto del ingreso a nuestro territorio de personas indocumentadas o reincidentes en conductas que afectan la tranquilidad de nuestros conciudadanos”.
Es importante mencionar que durante la Mesa Migratoria Regional realizada en Yopal, el pasado 10 de mayo, con la presencia del director de Migración Colombia, Chirstian Krüger, así como del gerente de zona de Frontera, Felipe Muñoz, se acordó abordar este asunto, como uno de los principales puntos a resolver.
Expresaron los Alcaldes que “conocemos y agradecemos de antemano su compromiso con la seguridad y la protección de los derechos de todos los colombianos, pero sobre todo su especial disposición de apoyo y gran aprecio por el pueblo casanareño; por eso estamos seguros de que impartirá precisas instrucciones, para tomar ésta medida, que contribuirá en mucho a la compleja tarea de atender un fenómeno humanitario sin precedentes en nuestro continente”.
Fuente: Alcaldía de Yopal
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
