META
Alcalde de Mapiripán a la cárcel por presuntas irregularidades en contratación
Por solicitud de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía Seccional Meta, un juez de control de garantías de Villavicencio impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el alcalde de Mapiripán (Meta), Alexander Mejía Buitrago, por hechos ocurridos durante su administración.
La Fiscalía demostró que el mandatario habría celebrado y pagado seis contratos que no se cumplieron, y comprometieron algo más de $5.000’000.000 del municipio. Por las supuestas anomalías detectadas fueron imputados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y corrupción al sufragante, los cuales no fueron aceptados.
Los contratos investigados están relacionados con la compra de 137 estufas, la entrega de 100 soluciones de agua potable para familias del área rural de Mapiripán, la adquisición de refrigerios con destino al Programa de Alimentación Escolar (PAE), las interventorías respectivas, y la compra de una camioneta y 10 motos para la Policía Nacional.
Durante las audiencias en las que fue judicializado el alcalde Alexander Mejía Buitrago, la Fiscalía también imputó a otras 15 personas procesadas por los mismos hechos. Entre ellas, está el exalcalde de Mapiripán (Meta), Jorge Iván Duque Lenis; y el denominado ‘cerebro’ del desfalco, Alejandro Alberto Arias Velásquez.
El juez dispuso que estas dos personas deberán cumplir medida de aseguramiento de detención domiciliaria, decisión que fue apelada por el delegado de la Fiscalía, quien aseguró que la actuación del exfuncionario y del otro hombre que estaría involucrado en la firma irregular de los contratos, fue determinante para que se perdieran los recursos del municipio.
Los demás procesados, entre funcionarios, exfuncionarios y contratistas, recibieron diferentes medidas, cinco de ellos aseguramiento en sus lugares de residencia y los demás no privativas de la libertad.
La orden de enviar a la cárcel al actual alcalde de Mapiripán (Meta), fue comunicada a la Gobernadora del departamento, para que avance en las actuaciones administrativas de su competencia.
Fuente: Prensa y Comunicaciones Fiscalía General de la Nación
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
