CASANARE
Alcalde de Cumaribo capturado por posibles irregularidades con recursos de la salud
Investigadores del CTI de la Fiscalía, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejercito Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra el actual alcalde de Cumaribo (Vichada), Hermenegildo Beltrán Sosa, por la presunta apropiaron ilícita de más de $950.000.000 destinados a los Planes de Intervenciones Colectivas del municipio más grande del país, cuya población es principalmente indígena y presenta elevados índices de desnutrición.
El mandatario y otras cuatro personas capturadas (el exalcalde del mismo municipio 2012-2015, la exsecretaria de Desarrollo Social, la subgerente y el coordinador de la IPS indígena Matsuldani) serán presentados en audiencias concentradas ante un Juez de Control de Garantías de Bogotá.
En las diligencias la Fiscalía imputará los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público agravado por el uso, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y fraude procesal.
La investigación inició por hallazgos de la Superintendencia Nacional de Salud y luego de múltiples labores desplegadas por el Grupo de Trabajo para delitos contra el Sistema de Seguridad Social en Salud de la Fiscalía, que detectaron diversas irregularidades en los procesos de gestión administrativa, financiera y asistencial dentro de la IPS-I Matsuldani, lo que derivó en la inadecuada ejecución de los recursos destinados a la prestación de los servicios del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en el componente de salud pública.
La Alcaldía de Cumaribo (Vichada) ha celebrado de manera sistemática los contratos PIC con esta IPS-I Matsuldani en cuantía superior a $2.000.000.000 por año y, según las pesquisas, a través de otras empresas que pertenecen a los funcionarios de esa IPS indígena se contratan las actividades del PIC para apropiar indebidamente recursos públicos que corresponden al sector salud del Sistema General de Participaciones.
La evidencia recaudada indica que estos pagos fueron justificados con documentación falsa: planillas y fotografías de actividades de salud pública que no se realizaron o que pertenecían a otros eventos que ya habían sido cancelados por la Administración Municipal.
También se encontró que una de las sociedades de los funcionarios de la IPS indígena habría sido beneficiada con la adjudicación de un bien baldío, mediante la modificación irregular del Plan Básico de Ordenamiento Territorial que sustituyó la destinación rural por urbana de ese predio.
#ACTUALESAlcalde de Cumaribo (Vichada), un ex alcalde y 3 personas más capturados por apropiarse ilícitamente de $950 millones del PIC recursos de salud. Trasladados a Bogotá para ser presentados ante un Juez de Control de Garantías.
Posted by El Diario Del Llano on Wednesday, January 24, 2018
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
La actualización catastral urbana adelantada en Yopal por la empresa Catasig sigue enfrentando fuertes cuestionamientos jurídicos. En las últimas horas se conoció la radicación de dos demandas de nulidad simple ante Juzgados y una denuncia penal en la Fiscalía, relacionadas con el proceso que generó inconformidad entre miles de propietarios por los altos incrementos en el avalúo predial.
Por un lado, voceros de la Veeduría Dignidad Catastral del Casanare y de la Fundación Little Guardians confirmaron la presentación de una acción de nulidad contra las resoluciones YPL01, YPL02 y YPL03, mediante las cuales se inició, aprobó y clausuró la actualización catastral en la capital casanareña. Según Luis Pérez, representante de la organización, existen presuntas irregularidades en la competencia jurídica de Catasig para ejercer la gestión catastral en Yopal, debido a que la habilitación otorgada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) correspondería al municipio de Sabanalarga, Atlántico, y no directamente a la empresa operadora.
La acción judicial busca suspender los efectos de la actualización y que el impuesto predial vuelva a liquidarse temporalmente con la base catastral anterior mientras avanza el proceso. Además, la veeduría anunció la radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investiguen posibles responsabilidades en la contratación y ejecución del proceso catastral.
A estas acciones se sumó el diputado de Casanare Omar Ortega, quien también instauró demanda de nulidad simple contra Catasig, argumentando que la empresa no tenía competencia ni habilitación legal para adelantar la actualización catastral urbana en Yopal. El corporado sostiene que Catasig actúa únicamente como operador y no como gestor catastral, por lo que solo estaría facultada para operar dentro de la jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico.
Ortega respaldó sus señalamientos en un informe emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro en febrero de 2026, en el que se advierte que los actos administrativos expedidos por Catasig habrían sido emitidos “sin la competencia legal” por carecer de habilitación otorgada por el IGAC. En su demanda solicita declarar la nulidad de las resoluciones YPL-001, YPL-002 y YPL-003, dejando sin efectos toda la actualización catastral urbana adelantada en la ciudad.
Tanto la veeduría como el diputado pidieron que, mientras se resuelven las acciones judiciales, se suspendan los cobros coactivos e intereses moratorios derivados del nuevo avalúo predial. Asimismo, Ortega solicitó que el IGAC, en calidad de gestor catastral subsidiario, asuma nuevamente el proceso con base en la última información catastral legalmente expedida.
Con la denuncia ante la Fiscalía, se pide que el ente investigue desde la óptica penal, a todos los funcionarios que en su momento tuvieron que ver con la firma del convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Yopal y Catasig, que derivó en una actualización catastral con altísimos avalúos, lo cual generó facturas del Impuesto Predial impagables para una gran cantidad de contribuyentes.
El Grupo Anticontrabando de la Gobernación de Casanare llevó a cabo una jornada de inspección y control en los municipios de Nunchía y Maní, con el objetivo primordial de proteger la salud de la ciudadanía. La Secretaría de Hacienda continúa promoviendo un mensaje de prevención entre comerciantes y consumidores sobre la importancia de adquirir productos legales.
Durante el recorrido por diversos establecimientos comerciales, el equipo de la Secretaría de Hacienda verificó el estado de licores, cervezas y cigarrillos. Simultáneamente, se generaron espacios de diálogo para concienciar y prevenir la circulación de productos de dudosa procedencia, aquellos sin el pago de impuestos correspondientes o con posibles alteraciones que puedan afectar la salud pública.
Estas visitas se realizaron con un enfoque de asesoría técnica, explicando a los comerciantes cómo identificar una estampilla auténtica y la relevancia de exigir la factura legal al momento de abastecer sus negocios. Esta capacitación busca fortalecer las prácticas responsables y la cadena de legalidad en los municipios.
Los técnicos del Grupo Anticontrabando resaltaron que la entrada legal de productos garantiza que los recursos generados por impuestos permanezcan en el departamento. Estos fondos se transforman directamente en inversión pública, impactando positivamente en áreas fundamentales para la ciudadanía.
Finalmente, se enfatizó que el control al contrabando es una herramienta clave para asegurar que los recursos provenientes del impuesto al consumo se destinen eficazmente a hospitales, instituciones educativas y escenarios deportivos, mejorando directamente la calidad de vida en los municipios de Casanare.
Una tragedia conmociona al sector de La Pedrera en Yopal. En las últimas horas, un siniestro vial en el kilómetro 14 de la vía que conduce hacia este sector cobró la vida de Luis Alejandro Rodríguez Parada, un reconocido comerciante de 32 años.
El hecho ocurrió tras la colisión la noche anterior, entre una motocicleta de placas ADN-39H, en la que se movilizaba Rodríguez Parada junto con su pequeño hijo de 10 años, y un taxi identificado con las placas UVK-883 y número interno MY105. Las causas del choque son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito.
Lo que agrava el dolor de la comunidad es que el comerciante no iba solo: su hijo de 10 años lo acompañaba en el momento del impacto. El estado de salud del menor aún no ha sido confirmado oficialmente, aunque se señala que habría sufrido diversas fracturas producto del fuerte impacto.
Rodríguez Parada era el dueño de la ferretería El Diamante, ubicada en el sector de El Palmar, y era descrito por la comunidad como un hombre solidario, trabajador y muy querido. Su muerte repentina deja un profundo vacío entre quienes lo conocían y frecuentaban su negocio.
