CASANARE
Agricultores casanareños buscan ser incluidos en programas de compra de cartera
Agricultores casanareños que afrontan dificultades financieras se reunieron con delegados del Ministerio de Agricultura y de Finagro, para conocer las opciones de refinanciación de sus deudas o de compra de cartera que haría esta última entidad a través del Fondo de Solidaridad Agropecuaria FONSA.
Efraín Rosas, delegado del Ministerio de Agricultura, señaló que en próximos días saldrá una nueva oportunidad de compra de cartera para agricultores, tanto para deudas financieras como no financieras, en aplicación de la Ley 1731 de 2014. “Esta Ley establece unos topes y unos beneficiarios específicos, acá el mensaje es que en el pasado se hizo una compra de deudas hasta por 20 millones de pesos, en este caso se quita ese tope y se deja hasta el 70% de lo que pueda respaldar la garantía hipotecaria que suscriba el deudor con el FONSA. Toda la información va a estar disponible en la página de Finagro en un par de semanas”.
Añadió el funcionario, que desafortunadamente el programa no abarcará a todos los agricultores de Casanare que tienen deudas porque los recursos del Gobierno no alcanzan, o porque el programa exige ciertos requisitos que algunos agricultores no cumplen.Por ahora, se espera que tanto los bancos como los agrocomercios con quienes los agricultores tienen deudas las vendan al FONSA, para proceder a comprarlas y que de esta manera los productores adquieran la nueva obligación pero con el Fondo.
Hablan los agricultores
Nelson Roa, vocero de los agricultores, indicó que desde el Ministerio de Agricultura y desde el Gobierno Nacional no se han entregado verdaderas soluciones al campo, y se tiene la falsa creencia que por haber aumentado el área de siembra, especialmente en el arroz, las cosas en Casanare para los agricultores están muy bien. “La imagen en el Ministerio es de que acá no pasa nada y todo está bien, entonces llegamos a Bogotá y nos toca decir vengan a las regiones y hablan con los agricultores, no con intermediarios. Vengan y hablen con la gente que está en problemas”.
Se quejó de igual manera, que algunos Jueces en el departamento de Casanare, desconociendo pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia no han detenido los procesos jurídicos de cobros y embargos contra agricultores, mientras el Ministerio promulga una norma en tal sentido.
Con la Ley 1731 de 2014 Finagro y el FONSA se comprometen a comprar cartera de los agricultores hasta por 360 millones de pesos, pero les exige que tengan un patrimonio no superior a 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que en términos económicos son cerca de $500 millones de pesos.
“Cualquiera que tenga un tractorcito y un pedacito de tierra por ahí, eso ya le suma los $500 millones de pesos, más de los $500 millones de pesos, entonces la gran mayoría de arroceros están por fuera, o estamos por fuera por esa norma”, se quejó el agricultor.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Secretaría de Educación de Yopal alerta sobre validez de estudios no presenciales
La Secretaría de Educación de Yopal informa a la ciudadanía sobre múltiples solicitudes y quejas de padres de familia. Estas están relacionadas con dificultades para matricular a sus hijos debido a inconsistencias en la validez de estudios cursados previamente en modalidades no presenciales o “homeschooling”.
Se ha evidenciado que algunos estudiantes provienen de instituciones que ofrecen educación virtual o homeschooling sin la licencia de funcionamiento reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Esta situación impide la homologación, validación o reconocimiento oficial de los grados cursados, conforme a la normativa vigente.
La secretaría recuerda que en Colombia, la educación formal debe ser impartida por establecimientos educativos debidamente autorizados, con licencia de funcionamiento expedida por el Ministerio de Educación y registro en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). Las instituciones sin este reconocimiento no pueden emitir certificaciones válidas.
Además, se han identificado casos de estudiantes con estudios en el exterior que realizaron supuestas “validaciones” en instituciones no facultadas legalmente, afectando la continuidad académica. La presentación de Pruebas Saber 11° (ICFES) y los procesos de validación de bachillerato están regulados por el Estado y requieren autorización oficial.
Por lo anterior, se hace un llamado preventivo a padres y acudientes para que verifiquen que la institución educativa cuente con licencia de funcionamiento vigente, esté registrada oficialmente ante el Ministerio de Educación y tenga reconocimiento para la prestación del servicio educativo formal. La secretaría reitera su compromiso con el derecho a la educación y la orientación familiar.
CASANARE
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