CASANARE
Funcionaria de la Secretaría de Salud de Casanare fue agredida por su ex pareja
La Secretaría de Salud de Casanare emitió un Comunicado en el que rechaza todo acto de violencia de género que atente contra la vida e integridad de una persona, e invita a las víctimas a interponer su denuncia ante las autoridades competentes, para que la agresión de la que fueron objeto no quede impune.
La comunicación se generó luego que una funcionaria de esa dependencia, identificada como Belkys Xiomara Colmenares Rodríguez, fuera agredida por su ex pareja Héctor Roselly Gutiérrez el pasado sábado en horas de la noche en su lugar de residencia. Agresión que le generó lesiones que hicieron necesario su traslado al Hospital Regional de la Orinoquia (Yopal), para ser atendida.
Según la mujer, los hechos se generaron luego que Héctor Roselly reclamara ver a su pequeño hijo de 2 años de edad, quien por estos días está con sus abuelos maternos y regresará hoy a Yopal, por lo que el hombre se enfureció e ingresó a su residencia tirándola al piso y golpeándola, causándole una herida en la cabeza y otras contusiones.
La pareja tiene un pequeño hijo de dos (02) años pero por falta de entendimiento decidieron terminar la relación y establecer comunicación solo para los temas relacionados con el menor, pero según la mujer, en los últimos días Héctor Roselly insiste en continuar la relación, lo que habría generado el maltrato. Aseguró la mujer, que este lunes asistirá a Medicina Legal para que se valore médica y legalmente esta situación, y procederá a instaurar las denuncias respectiva ante las autoridades competentes.
COMUNICADO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
“En consecuencia, esta Secretaría se solidariza con una de nuestras funcionarias, quien fue víctima de agresiones físicas el sábado anterior, las cuales comprometen su condición de salud.
Esta cartera reitera el llamado a la población casanareña a resolver sus diferencias dentro del marco del respeto, la tolerancia y en escenarios de concertación y diálogo, que les permitan tomar buenas decisiones, de manera consciente, frente a la forma en la que dirimen sus conflictos.
La violencia de género, entendida como “cualquier acción, omisión, conducta o amenaza que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a las personas, afectaciones a sus familias e impactos a las comunidades”, es considerada una de las principales causas de muerte en el país, y uno de los primeros eventos de Salud Pública que deben contrarrestarse, mediante la puesta en marcha de acciones colectivas y particulares, orientadas por las entidades territoriales.
Los casos de violencia de género se caracterizan en maltrato psicológico, físico, negligencia y abandono, al igual que en violencia sexual. Ésta última forma de violencia está dividida en abuso sexual, acoso sexual, violación, explotación de niños, niñas y adolescentes, trata de personas, mutilación genital femenina, entre otras.
En el marco de sus competencias, la Secretaría de Salud ha realizado procesos de capacitación en los 19 municipios del Departamento, en temas relacionados con protocolos de violencia de género, Rutas Integrales de Atención, primera ayuda psicológica y normatividad vigente, entre ellas la Ley 1257 de 2008 (por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres).
Así mismo, la Ley 1146 de 2007 (por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente) y la Ley 1761 de 2015 (por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones), para prevenir y mitigar la ocurrencia de este evento, que afecta tanto a hombres como mujeres; así como para orientar a las víctimas frente a las acciones a seguir a la hora de interponer sus denuncias.
Dentro de los factores de riesgo que pueden desencadenar casos de violencia de género se destacan: la vivencia de violencia doméstica en la familia, bajo nivel cultural y socioeconómico; aislamiento psicológico y social, baja autoestima, sumisión y dependencia, el embarazo; desequilibrio de poder en la pareja, consumo de alcohol o drogas y la cultura patriarcal que fomente desigualdad de sexos.
Algunos de los factores protectores que la ciudadanía debe tener en cuenta para prevenir este evento son: la autoestima y el autoconcepto, el fortalecimiento de lazos familiares y afectivos, independencia laboral y económica, buscar ayuda profesional, establecer asertivos canales de comunicación y conciliación e incentivar la denuncia.
Cabe resaltar que, las denuncias se pueden interponer en las Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía, Fiscalía y Personerías Municipales”.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Michael Alexis Botía Gutiérrez, alias “Popi”, y a William Stiven Botía Gutiérrez, hermanos señalados de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en distintos sectores de Yopal. Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Las capturas se realizaron en flagrancia durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en una vivienda ubicada en el barrio Flor Amarillo de Yopal.
En medio del operativo, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, 13 cartuchos, cerca de 300 gramos de clorhidrato de cocaína, 600 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias alucinógenas.
Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Michael Alexis Botía Gutiérrez, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de las actividades ilegales que presuntamente desarrollaban los hermanos Botía.
La Alcaldía de Yopal adjudicó oficialmente el contrato para la demolición mecánica de las Torres del Silencio, proyecto de vivienda que durante cerca de 14 años mantuvo en vilo a sus ocupantes, por las protuberantes fallas estructurales que hacían temer que en cualquier momento iban a colapsar, por lo que las autoridades, después de un estudio de patología y muchas cosas más, determinaron que lo mejor era evacuarlas y demolerlas, para dar paso a un nuevo proyecto.
De acuerdo con el proceso publicado en SECOP II, la Licitación Pública fue otorgada a la empresa Ingoser Ingeniería de Obras y Servicios S.A.S., domiciliada en Fonseca, Guajira. Se presentaron cinco oferentes a nivel nacional, y tras cumplir cada una de las etapas únicamente Ingoser S.A.S. logró quedar habilitada en todos los requisitos exigidos.
El contrato fue adjudicado por un valor de $1.593.743.720, con un plazo de 45 días de ejecución y contempla la demolición de la infraestructura de las torres, una vez se complete la etapa de legalización y firma electrónica del contrato.
Luego de esta adjudicación, cuya audiencia final duró cerca de 8 horas con suspensiones y demás, la Alcaldía de Yopal debe dar inicio en próximos días, a la demolición de las Torres del Silencio, para que la Gobernación entre a construir el nuevo proyecto.
Un robusto dique construido en la vereda San Pascual en Yopal, ha devuelto la tranquilidad a más de 500 familias de El Amparo, San Pascual y El Barbillal, protegiéndolas de las fuertes crecientes del río Cravo Sur. La obra, entregada hace un año, ha permitido que comunidades campesinas vuelvan a sembrar y transitar con normalidad en zonas que antes eran arrasadas por el afluente.
Con la llegada de la actual temporada de lluvias, Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, realizó un monitoreo exhaustivo al comportamiento de la estructura. Los resultados confirmaron su efectividad, garantizando la protección de cultivos, viviendas y la vía de acceso, puntos críticos que históricamente sufrían las embestidas del río.
La obra, culminada en mayo de 2025, se ejecutó mediante la instalación de bolsas tipo big bag y mantos de control de erosión en un punto donde el afluente solía desbordarse. Durante años, las familias campesinas presenciaron cómo el río destruía sus sembrados, aislaba sus viviendas y convertía amplias zonas productivas en terrenos inservibles; un panorama que hoy ha cambiado radicalmente.
Este proyecto se erige como un modelo de articulación interinstitucional, involucrando al gobierno de César Ortiz Zorro, la Alcaldía de Yopal, diputados, el sector privado y la propia comunidad. El éxito y el impacto positivo de la intervención han llevado a que esta obra sea tomada como piloto para la construcción de cinco jarillones adicionales, que actualmente se están finalizando en los municipios de Paz de Ariporo, Nunchía, Trinidad, Aguazul y Villanueva.
