CASANARE
Funcionaria de la Secretaría de Salud de Casanare fue agredida por su ex pareja
La Secretaría de Salud de Casanare emitió un Comunicado en el que rechaza todo acto de violencia de género que atente contra la vida e integridad de una persona, e invita a las víctimas a interponer su denuncia ante las autoridades competentes, para que la agresión de la que fueron objeto no quede impune.
La comunicación se generó luego que una funcionaria de esa dependencia, identificada como Belkys Xiomara Colmenares Rodríguez, fuera agredida por su ex pareja Héctor Roselly Gutiérrez el pasado sábado en horas de la noche en su lugar de residencia. Agresión que le generó lesiones que hicieron necesario su traslado al Hospital Regional de la Orinoquia (Yopal), para ser atendida.
Según la mujer, los hechos se generaron luego que Héctor Roselly reclamara ver a su pequeño hijo de 2 años de edad, quien por estos días está con sus abuelos maternos y regresará hoy a Yopal, por lo que el hombre se enfureció e ingresó a su residencia tirándola al piso y golpeándola, causándole una herida en la cabeza y otras contusiones.
La pareja tiene un pequeño hijo de dos (02) años pero por falta de entendimiento decidieron terminar la relación y establecer comunicación solo para los temas relacionados con el menor, pero según la mujer, en los últimos días Héctor Roselly insiste en continuar la relación, lo que habría generado el maltrato. Aseguró la mujer, que este lunes asistirá a Medicina Legal para que se valore médica y legalmente esta situación, y procederá a instaurar las denuncias respectiva ante las autoridades competentes.
COMUNICADO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
“En consecuencia, esta Secretaría se solidariza con una de nuestras funcionarias, quien fue víctima de agresiones físicas el sábado anterior, las cuales comprometen su condición de salud.
Esta cartera reitera el llamado a la población casanareña a resolver sus diferencias dentro del marco del respeto, la tolerancia y en escenarios de concertación y diálogo, que les permitan tomar buenas decisiones, de manera consciente, frente a la forma en la que dirimen sus conflictos.
La violencia de género, entendida como “cualquier acción, omisión, conducta o amenaza que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a las personas, afectaciones a sus familias e impactos a las comunidades”, es considerada una de las principales causas de muerte en el país, y uno de los primeros eventos de Salud Pública que deben contrarrestarse, mediante la puesta en marcha de acciones colectivas y particulares, orientadas por las entidades territoriales.
Los casos de violencia de género se caracterizan en maltrato psicológico, físico, negligencia y abandono, al igual que en violencia sexual. Ésta última forma de violencia está dividida en abuso sexual, acoso sexual, violación, explotación de niños, niñas y adolescentes, trata de personas, mutilación genital femenina, entre otras.
En el marco de sus competencias, la Secretaría de Salud ha realizado procesos de capacitación en los 19 municipios del Departamento, en temas relacionados con protocolos de violencia de género, Rutas Integrales de Atención, primera ayuda psicológica y normatividad vigente, entre ellas la Ley 1257 de 2008 (por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres).
Así mismo, la Ley 1146 de 2007 (por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente) y la Ley 1761 de 2015 (por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones), para prevenir y mitigar la ocurrencia de este evento, que afecta tanto a hombres como mujeres; así como para orientar a las víctimas frente a las acciones a seguir a la hora de interponer sus denuncias.
Dentro de los factores de riesgo que pueden desencadenar casos de violencia de género se destacan: la vivencia de violencia doméstica en la familia, bajo nivel cultural y socioeconómico; aislamiento psicológico y social, baja autoestima, sumisión y dependencia, el embarazo; desequilibrio de poder en la pareja, consumo de alcohol o drogas y la cultura patriarcal que fomente desigualdad de sexos.
Algunos de los factores protectores que la ciudadanía debe tener en cuenta para prevenir este evento son: la autoestima y el autoconcepto, el fortalecimiento de lazos familiares y afectivos, independencia laboral y económica, buscar ayuda profesional, establecer asertivos canales de comunicación y conciliación e incentivar la denuncia.
Cabe resaltar que, las denuncias se pueden interponer en las Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía, Fiscalía y Personerías Municipales”.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
