CASANARE
Agremiaciones de la industria petrolera lamentan decisión sobre el fracking
Tanto la Asociación Colombiana del Petróleo ACP, como la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo ACIPET, se pronunciaron lamentando la decisión del Consejo de Estado, de mantener vigentes las restricciones o regulaciones técnicas para el fracking en Colombia, hasta tanto se tome una decisión de fondo al respecto.
La Asociación Colombiana del Petróleo ACP, se pronunció mediante el siguiente Comunicado:
Frente a la decisión del Consejo de Estado que ratifica las medidas cautelares con respecto a las normas técnicas que regulan la implementación de la técnica de exploración y producción de hidrocarburos conocida como fracking, a Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, se permite expresar a la opinión pública:
1. Respetamos la decisión del Alto Tribunal de mantener las medidas cautelares sobre la regulación técnica 90341 y 3004 del Ministerio de Minas y Energía, no obstante, lamentamos el sentido del fallo.
2. Consideramos que la decisión no toma en cuenta las recomendaciones emitidas por la Comisión de Expertos en el sentido de avanzar con los Proyectos Pilotos de Investigación Integral (PPII) que nos darán información completa y transparente y aportarán los elementos técnicos y ambientales suficientes para determinar cualquier ajuste normativo y regulatorio a futuro, si fuera el caso.
3. Desde la industria de hidrocarburos hemos insistido en la importancia de avanzar en el desarrollo de los yacimientos no convencionales y no perder la oportunidad de garantizar la seguridad energética de Colombia, contar con los recursos necesarios para abastecer el mercado interno, generar excedentes para exportación, y lograr los beneficios en materia económica, social y ambiental que traería a los hogares colombianos, las industrias y en general al país.
4. Si bien la decisión del Alto Tribunal no implica que en Colombia se haya prohibido el fracking, es inevitable que esta decisión afecte la confianza inversionista y la seguridad jurídica poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal y energética de Colombia.
A su turno, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo ACIPET, se pronunció con la siguiente comunicación, considerando la decisión del Consejo de Estado, como “un duro golpe al desarrollo de la actividad petrolera en el país”:
El principio de precaución es uno de los argumentos por el que el alto tribunal no levantó las medidas cautelares, aduciendo que en el país no se tiene el conocimiento suficiente para realizar esta técnica. Concepto que respetamos pero no compartimos. Otro argumento que expuso la Alta Corte es que en la Constitución se señala que la decisión sobre esta materia recae sobre el Legislativo, y que por tanto el juez no es competente en esta materia.
Las consecuencias de esta decisión, afectan de manera directa el inventario de recursos disponibles con los que podría mantenerse la autosuficiencia petrolera del país, ya que los yacimientos no convencionales explotados a través de la técnica del fracking significan tener hidrocarburos por más de 10 años adicionales, si se confirmaran los volúmenes disponibles en las cuencas prospectivas.
Con la decisión del Consejo de Estado el horizonte en materia de autosuficiencia se torna complejo, 6 años para el aceite y 9 años para el gas, y el fantasma de la importación de hidrocarburos se avecina con todas las implicaciones de orden fiscal y económico que esto significa, lo cual afectará a todos los colombianos. Aunado a esto está la perdida de regalías a las regiones y el efecto sobre toda la cadena de valor incluyendo el empleo en las zonas productoras.
Otro impacto tendrá que ver con la inversión extranjera, con esta noticia empresas que le apostaban al desarrollo de este tipo de yacimientos, seguramente tomarán la decisión de buscar otros países en donde puedan realizar sus inversiones y se les garanticen condiciones jurídicas estables.
Desde Acipet defendemos el fracking, porque estamos convencidos que existe la suficiente preparación de las empresas y sus profesionales para realizarlo bien hecho. Estas empresas de talla mundial han venido realizando esta actividad en muchos otros países como USA, Canadá y Argentina entre otros, con resultados exitosos, sin impactos al medio ambiente y la comunidad, diferentes a los que toda actividad humana puede causar, pero que no representan un riesgo para la vida.
Es imperativo que el Consejo de Estado se pronuncie de fondo sobre esta materia, por eso nuestro llamado siempre será a que se acuda al rigor científico y a las evidencias experimentales que permitan establecer elementos de juicio, que lleven a los estamentos a decisiones que sean responsables con el entorno ambiental, social y económico de todos y cada uno de los colombianos.
Un grupo de más de 100 transportadores del departamento de Casanare atraviesa una grave crisis económica, tras denunciar una millonaria deuda por el servicio de transporte de pacientes renales, prestado en el marco de un contrato de la EPS Capresoca con la empresa Ruta del Sol – Opetrans, firmado por el anterior agente interventor-
Aunque actualmente el traslado de usuarios ya es asumido por una nueva empresa local, los afectados reclaman el pago de más de 408 millones de pesos correspondientes a servicios ya ejecutados.
Según explicó Andrés Ladino, vocero de los transportadores, pese a la falta de pagos decidieron continuar con la prestación del servicio por responsabilidad social, asumiendo de su propio bolsillo gastos como combustible, peajes y mantenimiento de los vehículos, dado que los pacientes con enfermedad renal no pueden interrumpir sus tratamientos de diálisis. Esta situación, afirmó, ha golpeado severamente la economía de conductores y sus familias.
Ante la ausencia de respuestas por parte de la empresa responsable, los afectados radicaron un derecho de petición ante Capresoca, con copia a la Procuraduría, solicitando la aplicación de un “derecho de cesión” para que la EPS realice los pagos directamente a los propietarios de los vehículos. El temor, indicaron, es que si los recursos son girados al contratista, no lleguen finalmente a quienes prestaron el servicio.
De acuerdo con Ladino, los transportadores fueron subcontratados por la empresa Ruta del Sol – Opetrans, firma de la Costa Caribe que no cuenta con oficina ni representante legal en Casanare. El servicio inició el 8 de mayo de 2025 y, aunque los pagos se cumplieron durante los dos primeros meses, desde agosto no se realizaron desembolsos, pese a que el contrato con Capresoca estuvo vigente entre el 4 de marzo y el 31 de octubre por un valor cercano a los 960 millones de pesos.
El fortalecimiento del sistema de salud en Casanare podría dar un paso histórico con la incorporación de un avión ambulancia para el traslado oportuno de pacientes, una iniciativa que ya cuenta con directriz del Ministerio de Salud y que fue confirmada por el gobernador César Ortiz Zorro tras la reciente visita del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo al departamento este jueves 15 de enero de 2026.
El mandatario departamental explicó que este proyecto se enmarca dentro de un plan integral orientado a modernizar la red pública de salud, que incluye la consolidación de un hospital de alta complejidad, la mejora en la dotación de equipos biomédicos y el fortalecimiento del transporte asistencial, en articulación con el Gobierno Nacional.
Ortiz Zorro destacó que la aeronave estaría destinada exclusivamente a la atención de emergencias médicas que requieren remisiones fuera del departamento, una necesidad urgente dadas las grandes distancias y las dificultades de acceso en varias zonas del territorio casanareño, lo que actualmente limita una atención oportuna y especializada.
Finalmente, el gobernador resaltó el respaldo del ministro de Salud, a quien calificó como un aliado estratégico para sacar adelante proyectos prioritarios del sector, señalando que esta gestión responde a un anhelo de años y que se espera avanzar en su materialización en el corto plazo.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cumplió una agenda de trabajo en el departamento de Casanare, donde visitó los municipios de Orocué, Paz de Ariporo y Hato Corozal, con el objetivo de revisar la infraestructura hospitalaria y avanzar en el fortalecimiento de la red pública de salud, adquiriendo compromisos concretos para mejorar la atención a las comunidades.
En Paz de Ariporo, el ministro recorrió el hospital local y anunció proyectos que ya cuentan con contratos en marcha, entre ellos la dotación de equipos biomédicos para poner en funcionamiento una sala de cirugía y el fortalecimiento del talento humano con especialistas en pediatría, ginecología, medicina interna y psiquiatría. También se confirmó la asignación de equipos de laboratorio automatizados, una ambulancia medicalizada y otra en proceso, además del envío de una comisión técnica que evaluará la edificación con miras a proyectar el hospital como centro de segundo nivel para el norte de Casanare.
Durante su visita a Hato Corozal, Jaramillo anunció la ampliación del centro de salud, con el fin de aumentar la capacidad resolutiva del municipio. Para ello, se enviará un equipo técnico que evaluará adecuaciones, mejoras y el desarrollo del nuevo proyecto, teniendo en cuenta el lote destinado para la expansión. Adicionalmente, se confirmó la recuperación de ocho puestos de salud para fortalecer la atención primaria en zonas rurales y urbanas.
Finalmente, en Orocué, el ministro, junto al gobernador César Augusto Ortiz y el alcalde Anderson Bernal, recorrió la Red Salud Casanare E.S.E., donde se adquirieron compromisos como la dotación de una unidad odontológica, la asignación de una ambulancia, la instalación de equipos de rayos X y el fortalecimiento de los Equipos Básicos de Salud, con el propósito de garantizar una atención oportuna, preventiva y continua a la población.
