CASANARE
Agremiaciones de la industria petrolera lamentan decisión sobre el fracking
Tanto la Asociación Colombiana del Petróleo ACP, como la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo ACIPET, se pronunciaron lamentando la decisión del Consejo de Estado, de mantener vigentes las restricciones o regulaciones técnicas para el fracking en Colombia, hasta tanto se tome una decisión de fondo al respecto.
La Asociación Colombiana del Petróleo ACP, se pronunció mediante el siguiente Comunicado:
Frente a la decisión del Consejo de Estado que ratifica las medidas cautelares con respecto a las normas técnicas que regulan la implementación de la técnica de exploración y producción de hidrocarburos conocida como fracking, a Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, se permite expresar a la opinión pública:
1. Respetamos la decisión del Alto Tribunal de mantener las medidas cautelares sobre la regulación técnica 90341 y 3004 del Ministerio de Minas y Energía, no obstante, lamentamos el sentido del fallo.
2. Consideramos que la decisión no toma en cuenta las recomendaciones emitidas por la Comisión de Expertos en el sentido de avanzar con los Proyectos Pilotos de Investigación Integral (PPII) que nos darán información completa y transparente y aportarán los elementos técnicos y ambientales suficientes para determinar cualquier ajuste normativo y regulatorio a futuro, si fuera el caso.
3. Desde la industria de hidrocarburos hemos insistido en la importancia de avanzar en el desarrollo de los yacimientos no convencionales y no perder la oportunidad de garantizar la seguridad energética de Colombia, contar con los recursos necesarios para abastecer el mercado interno, generar excedentes para exportación, y lograr los beneficios en materia económica, social y ambiental que traería a los hogares colombianos, las industrias y en general al país.
4. Si bien la decisión del Alto Tribunal no implica que en Colombia se haya prohibido el fracking, es inevitable que esta decisión afecte la confianza inversionista y la seguridad jurídica poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal y energética de Colombia.
A su turno, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo ACIPET, se pronunció con la siguiente comunicación, considerando la decisión del Consejo de Estado, como “un duro golpe al desarrollo de la actividad petrolera en el país”:
El principio de precaución es uno de los argumentos por el que el alto tribunal no levantó las medidas cautelares, aduciendo que en el país no se tiene el conocimiento suficiente para realizar esta técnica. Concepto que respetamos pero no compartimos. Otro argumento que expuso la Alta Corte es que en la Constitución se señala que la decisión sobre esta materia recae sobre el Legislativo, y que por tanto el juez no es competente en esta materia.
Las consecuencias de esta decisión, afectan de manera directa el inventario de recursos disponibles con los que podría mantenerse la autosuficiencia petrolera del país, ya que los yacimientos no convencionales explotados a través de la técnica del fracking significan tener hidrocarburos por más de 10 años adicionales, si se confirmaran los volúmenes disponibles en las cuencas prospectivas.
Con la decisión del Consejo de Estado el horizonte en materia de autosuficiencia se torna complejo, 6 años para el aceite y 9 años para el gas, y el fantasma de la importación de hidrocarburos se avecina con todas las implicaciones de orden fiscal y económico que esto significa, lo cual afectará a todos los colombianos. Aunado a esto está la perdida de regalías a las regiones y el efecto sobre toda la cadena de valor incluyendo el empleo en las zonas productoras.
Otro impacto tendrá que ver con la inversión extranjera, con esta noticia empresas que le apostaban al desarrollo de este tipo de yacimientos, seguramente tomarán la decisión de buscar otros países en donde puedan realizar sus inversiones y se les garanticen condiciones jurídicas estables.
Desde Acipet defendemos el fracking, porque estamos convencidos que existe la suficiente preparación de las empresas y sus profesionales para realizarlo bien hecho. Estas empresas de talla mundial han venido realizando esta actividad en muchos otros países como USA, Canadá y Argentina entre otros, con resultados exitosos, sin impactos al medio ambiente y la comunidad, diferentes a los que toda actividad humana puede causar, pero que no representan un riesgo para la vida.
Es imperativo que el Consejo de Estado se pronuncie de fondo sobre esta materia, por eso nuestro llamado siempre será a que se acuda al rigor científico y a las evidencias experimentales que permitan establecer elementos de juicio, que lleven a los estamentos a decisiones que sean responsables con el entorno ambiental, social y económico de todos y cada uno de los colombianos.
CASANARE
Instituto Financiero de Casanare ofrece beneficios para normalizar créditos en mora y recuperar cartera
El Instituto Financiero de Casanare (IFC) ha lanzado una campaña para que los usuarios de créditos en mora puedan normalizar su cartera. La iniciativa incluye descuentos en intereses de mora y, en algunos casos, la condonación de hasta el 100% del capital, buscando facilitar a los deudores el ponerse al día con sus obligaciones financieras.
La invitación está dirigida principalmente a quienes poseen deudas pendientes del Decreto No.0223 de 2015, correspondiente al convenio liquidado entre el Fondo Departamento de Casanare e ICETEX. Estos mecanismos no solo alivian la carga de los deudores y codeudores, sino que también permiten al IFC recuperar recursos esenciales para financiar nuevos sueños de los casanareños a través de programas como el Fondo de Educación Superior (FESCA).
Más de 5.000 personas fueron beneficiarias de estos créditos educativos y tienen el compromiso de retornar los fondos. El equipo de recuperación de cartera del IFC ha intensificado sus esfuerzos, realizando llamadas masivas y logrando la cancelación de cerca de 800 créditos hasta la fecha. Sin embargo, el desafío persiste, con 49 mil millones de pesos pendientes de recuperación, fondos vitales para el sostenimiento del FESCA.
Los usuarios pueden acceder a diversas modalidades de normalización, adaptadas a cada caso particular. Estas incluyen prórrogas si la cuota está vencida, refinanciaciones con ampliación de plazos y disminución de cuotas si las condiciones de ingresos han cambiado, o acuerdos de pago para deudas con más de 30 días de mora. Para situaciones financieras más complejas, se ofrece la reestructuración, permitiendo a los deudores ‘empezar de cero’, y la posibilidad de realizar abonos a capital si la situación económica mejora.
Respecto a los créditos educativos antiguos, el IFC aclara que el convenio con Icetex estuvo vigente hasta 2009. Los préstamos desembolsados en 1998, 2003, 2004 y 2005 son totalmente reembolsables según los términos firmados. Para otros años, los usuarios deben verificar si su crédito es condonable, lo cual dependía de condiciones específicas como la realización de labores sociales o la creación de empresas, y pueden solicitar su expediente para revisión.
Para mayor facilidad, el IFC ha dispuesto varios canales de comunicación: la aplicación móvil del IFC para pagos por PSE y seguimiento de créditos, el WhatsApp 3115830981 y el correo electrónico ventanillaunica@ifc.gov.co. Además, se recuerda a los usuarios del crédito educativo FESCA que el plazo para renovar su crédito vence el 31 de marzo, y pueden realizarlo a través de la web www.ifc.gov.co, la App #IFCMovil, o presencialmente en las oficinas de Yopal.
CASANARE
Alto costo del cierre financiero en proyecto Torres de San Salvador en Yopal genera inconformismo
El proyecto de vivienda “Torres de San Salvador”, que contempla la construcción de 416 apartamentos de interés social (VIS) en Yopal de manera conjunta entre la Alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare sigue avanzando en su estructuración. Los detalles de esta iniciativa fueron presentados y discutidos en una mesa de trabajo organizada en el Concejo Municipal de Yopal.
La propuesta incluye el desarrollo de cuatro torres multifamiliares, con apartamentos de aproximadamente 61,96 metros cuadrados cada uno, ubicadas estratégicamente en la calle 30 con carrera 21, antigua sede de la Subasta Ganadera. Además de las unidades residenciales, el diseño contempla un bloque comercial de un piso para integrar servicios y actividad económica.
Se construirán torres de 13 pisos con 8 apartamentos por piso, de acuerdo con lo expresado por el Gerente del INDEV, Nelson Nieto. Un tema que generó controversia entre la ciudadanía asistente a la mesa de trabajo, fue el elevado costo del cierre financiero para las familias que salgan beneficiadas, lo cual dejaría por fuera a núcleos familiares vulnerables.
Según explicó Nelson Nieto, Gerente del INDEV, estos costos estarán en $63, $73 y $83 millones de pesos para cada familia, teniendo en cuenta el puntaje que logren luego del análisis de la documentación que presenten para ingresar al proyecto, cuando se abra la convocatoria.
En el encuentro participaron representantes de la secretaría de planeación, el instituto de desarrollo urbano y vivienda de Yopal (indev) y la gobernación de Casanare. Ellos expusieron los aspectos técnicos, urbanísticos y administrativos de este complejo habitacional a concejales y asistentes.
Se ha informado que habrá una convocatoria para familias interesadas, con requisitos como ahorro programado y acceso a crédito. La administración municipal también está habilitando predios sociales prioritarios para entregar lotes con servicios públicos, impulsando la vivienda formal y planificada en la ciudad.
CASANARE
Tras más de 13 años de espera avanza proceso de titulación en La Chaparrera en Yopal
Después de más de 13 años de espera, el proceso de titulación de predios para familias del sector La Chaparrera comienza a materializarse. Se ha informado el inicio de la transferencia de propiedades de la Gobernación de Casanare al municipio de Yopal, un paso esencial para el saneamiento jurídico y la posterior entrega de títulos.
Durante una jornada de socialización con la comunidad, la secretaria de planeación de Yopal, Narda Perilla, junto con la secretaria general de la gobernación de Casanare, Neydi Oróstegui, explicaron los avances técnicos y administrativos que permitirán formalizar las viviendas.
Actualmente, 71 predios figuran a nombre de la gobernación; de estos, ocho ya han sido transferidos al municipio, y 25 están pendientes de localización espacial. Además, se han recibido 30 solicitudes de familias interesadas en formalizar sus predios, con tres de ellas ya en proceso de titulación.
Este proceso de transferencia facultará al municipio para continuar con las etapas necesarias para la legalización de las viviendas y la expedición de títulos de propiedad. Adán Wilches Espinosa, beneficiario, expresó su satisfacción. La administración municipal, bajo el liderazgo del alcalde Marco Tulio Ruiz, busca consolidar el ordenamiento territorial y brindar seguridad jurídica a las familias que han esperado por años la legalización de sus hogares.
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