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Agente de tránsito de Yopal denuncia que lo quieren matar por destapar caso de corrupción

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Un ataque con arma de fuego se registró la noche del martes sobre las 9:30 en el barrio La Corocora de Yopal, donde dos motorizados llegaron a la residencia del agente de tránsito Lenin Javier Lugo Zabala y arremetieron a tiros hacia la vivienda en la que se encontraba en compañía de su esposa e hijos.

Lugo Zabala manifestó que horas antes observó la presencia de dos hombres extraños en una moto RX de color vinotinto rondando el parque del barrio y preguntando por el colegio Luis Hernández Vargas, al verlos sospechosos, decidió informar a las autoridades.

Una pareja

Minutos más tarde, narra el agente de tránsito, estaba esperando la llegada de su hijo mayor quien se encontraba haciendo deporte, cuando oyó el disco del freno de una motocicleta y asumió que su descendiente había llegado; al asomarse para verificar, vio a dos personas en una moto Auteco Aglity color blanco, un hombre y una mujer de apariencia joven. Según el agente de tránsito, el hombre era el mismo que había estado horas antes merodeando el lugar junto a otro en la moto RX.

“El muchacho sin mediar palabra automáticamente desenfunda de su cintura un revólver y me hace unos 3 o 4 impactos, inmediatamente tomé mi arma de fuego con la que llevo más de 20 años por protección y nos enfrascamos en un cruce de disparos, yo le respondo entre 7 y 9 impactos, la verdad en ese momento solo traté de proteger mi integridad y la de mi familia”, expresó Lenin Javier, quien agregó que el hombre vestía una camisa blanca, jean y tenía el cabello ondulado.

¿Será por la denuncia?

Recordemos que Lenin Javier Lugo Zabala, fue quien instauró una denuncia ante la Fiscalía el 28 de enero de este año, por las motos que fueron rematadas por la Alcaldía de Yopal durante el gobierno de Leonardo Puentes para ser chatarrizadas, pero que luego fueron vendidas en un parqueadero a precios entre $120 mil y $200 mil pesos cada una, y comenzaron a rodar nuevamente en la ciudad.

En ese momento, al agente se le hizo extraño que la Personería no interviniera en este asunto, por lo que decidió investigar la situación, cuando se llevó la sorpresa que quien se quedó con el contrato de las motos fue Fredy Urrutia Herrera, quien resultó ser hermano del Personero delegado para asuntos administrativos Edwin Urrutia Herrera.

“Yo le dije a mi abogada que solicitáramos a la Personería qué actuaciones han adelantado con respecto a los rodantes que a diario se están inmovilizando en los operativos que ese están desarrollando, la gente manifiesta que las compraron en un parqueadero por valor de 120 mil o 200 mil pesos dependiendo el estado de la moto, y que les entregaron un papel donde dicen que si los paran no tienen derecho a reclamar nada. Hasta ahora la Personería no se ha pronunciado al respecto”, reitera Lugo Zabala.

Lo amedrantaron

Por este mismo tema, Lugo Zabala manifestó que en una oportunidad llegó a su casa una persona desconocida que le dijo que se quedara quieto con el tema de las motos porque iba a salir perdiendo.

“Lo que sucedió esta noche estoy seguro que el daño era atentar contra mi integridad física, en ningún momento me fueron a asustar”, afirmó Lugo Zabala, quien agregó que luego del ataque instauró la denuncia por tentativa de homicidio ante la Fiscalía, a quien puso en conocimiento que cualquier situación que le llegara a suceder a él o su familia será responsabilidad del exsecretario de Tránsito Robert Asis Hernández Cachay, del  Personero delegado y su hermano.

Se espera que por medio de las cámaras de seguridad cercanas al sector se pueda reconocer a los responsables del ataque. Estas fueron las declaraciones del agente de tránsito a los medios de comunicación, al siguiente día del atentado:

EN VIVOEl agente de tránsito Lenin Javier Lugo Zabala, habla del ataque en su contra que se registró la noche anterior cuando se encontraba en su vivienda con su familia.

Posted by El Diario Del Llano on Wednesday, February 12, 2020

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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84 gestores de seguridad y convivencia ciudadana serán el puente de comunicación entre ciudadanía y autoridades en Casanare

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La Gobernación de Casanare realizó el Primer Encuentro Departamental de Gestores de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el marco de la estrategia liderada por la Secretaría de Gobierno y Seguridad.

Este tuvo como objetivo promover una sólida conexión entre la ciudadanía, las instituciones y las autoridades político-administrativas; basadas en la gestión, tratamiento y transformación de las conflictividades, la convivencia pacífica y el respeto por los derechos humanos.

El proyecto cuenta con 84 gestores de seguridad y convivencia ciudadana para la vigencia 2024. Hombres y mujeres con capacidad de diálogo y escucha, de distintos sectores sociales y niveles educativos, comprometidos con la construcción de paz, el desarrollo de los territorios y la garantía de los derechos humanos.

Estos ciudadanos estarán presentes en escenarios de participación e intervención como movilizaciones sociales, concentraciones, marchas, bloqueos, mesas interinstitucionales, entre otros.

“Hoy damos un nuevo paso que nos acerca a cumplir un anhelo de todos los casanareños: lograr la paz estable y duradera para todos en nuestra región” destacó Julio Ramos Prieto, secretario de Gobierno, durante su intervención de apertura al 1er encuentro Departamental de Gestores de seguridad y convivencia ciudadana.

Al respecto del evento, Anderson Pinilla, director de Fiscalías para Casanare, resaltó el trabajo que desde la Gobernación se hace a diario junto a las instituciones en seguridad, en busca de propender el combate al delito en todas sus formas, y la implementación de estrategias para seguir accediendo a la justicia de manera acertada.

Fuente: Gobernación de Casanare

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Gestión del Riesgo llegó con ayudas humanitarias a familia afectada por incendio de su vviienda en Paz de Ariporo

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En un acto de solidaridad y apoyo comunitario, se entregó ayuda humanitaria de primera necesidad a Claudia Silvia, madre cabeza de familia al cuidado de tres niños de 17, 12 y 11 años de edad, quien se vio afectada por un voraz incendio en el interior de una habitación en su vivienda, resultando en la pérdida total de todos los bienes de la alcoba.

El gobernador, César Ortiz Zorro, respondió de manera inmediata al llamado de auxilio, enviando ayudas humanitarias. E inició una serie de acciones para la recuperación oportuna de la familia, ante esta emergencia.

Entre las medidas a implementar se encuentran la adquisición de nuevos enseres, la reparación de acabados, pintura de la casa  y la restauración del sistema eléctrico.

La asistencia humanitaria la realizó Guillermo Velandia director de Gestión del Riesgo en Casanare, en compañía del equipo de ayudas humanitarias, quienes entregaron dos colchonetas, hamacas, toldillos, cobijas, mercados y utensilios de cocina.

Adicionalmente, la gestora Social Diana Soler envió bolsos con  kits escolares; y los funcionarios de Gestión del Riesgo reunieron recursos para los uniformes del colegio.

Fuente: Gobernación de Casanare

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Tras las rejas presunto integrante de las disidencias de las Farc capturado en Monterrey

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Pedro Arturo Rodríguez, alias Mocho o Pate Palo, presunto integrante del Frente Martín Villa de las disidencias de las Farc.

Según el ente investigador, esta sujeto  estaría implicado en el secuestro de dos ciudadanos en Arauca en hechos ocurridos el 21 de junio de 2021.

Señala la investigación, el delito se cometió en una finca de la vereda El Rosario en Arauca. Allí varios hombres se identificaron como integrantes de este grupo ilegal e intimidaron con armas de fuego a un hombre y su hijo, a quienes se llevaron hacia el estado del Amparo en Venezuela, donde los retuvieron durante 12 días.

Labores de policía judicial establecieron que ‘Mocho’ o ‘Pate Palo’ habría sido el encargado de trasladar a los secuestrados a territorio extranjero.

El procesado fue capturado por el Gaula de la Policía Nacional en Monterrey (Casanare), el pasado 18 de abril.

La Fiscalía imputó al investigado los delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo, ambos con circunstancias de agravación. Un juez de control de garantías lo envió a la cárcel.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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