NACIONALES
ACP: Colombia requiere aumentar confiabilidad del abastecimiento de combustibles
La demanda de combustibles líquidos continuó su senda de recuperación influenciada por la reactivación y el crecimiento económico del país en 2021. La demanda total de gasolina, diésel y jet alcanzó en promedio 302 mil barriles día (KBD), similar al consumo de 2019 (299 KBD), con un crecimiento del 27%, respecto a 2020.
Así lo reveló el más reciente informe económico de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, Evolución 2021 y perspectivas 2022-2030 del mercado de combustibles líquidos en Colombia, en el que se presenta un balance sobre el comportamiento de la demanda y precios de los combustibles; la inversión y generación de empleo en la cadena de distribución; y la percepción del sector a mediano plazo.
El informe, que consolida información estadística oficial y los resultados de la encuesta realizada por la ACP a una muestra representativa de agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos, evidencia que, en lo corrido del año el mayor crecimiento en gasolina se debió principalmente a la reactivación económica, la preferencia de uso de vehículos particulares y al aumento significativo de la demanda en zonas de frontera.
Ahora bien, el crecimiento registrado de la demanda enfrentó diversas contingencias que evidenciaron la necesidad de aumentar la confiabilidad del suministro. Entre estas, los bloqueos durante el Paro Nacional, contingencias operacionales en refinerías, y las restricciones a importaciones de etanol. Esto último ocasionó que el contenido de etanol de las gasolinas oxigenadas bajara del 10% normativo y oscilara entre el 4% y el 7%, en función de la producción de etanol nacional. Esta reducción del porcentaje de mezcla requirió mayores importaciones de gasolina básica y, por lo tanto, aumentó la presión al sistema logístico. Además, afectó la calidad de las gasolinas oxigenadas (redujo su octanaje) y aumentó las emisiones de CO2 en aproximadamente 70 mil toneladas de CO2/mes por su consumo.
“El consumo de combustibles es una buena señal de cómo avanza la reactivación del país, este crecimiento esperado de la demanda implica, asimismo, la búsqueda de soluciones para aumentar la confiabilidad y la eficiencia del abastecimiento, ampliando la infraestructura de transporte, desarrollando almacenamientos estratégicos y viabilizando las importaciones de terceros. De esta manera el sector de combustibles podrá ser más competitivo y asegurar abastecimiento a las industrias y el sector transporte en la reactivación y los años posteriores”, afirmó Francisco José Lloreda Mera, presidente Ejecutivo de la ACP.
Para 2022, se espera un crecimiento del 10% vs. 2021 (9% en gasolina y diésel, y 20% en Jet). La demanda de diésel superaría niveles prepandemia, y en el caso del jet se estima alcanzar el volumen de 2019 hasta 2023. A partir de 2023 y hasta 2030, la expectativa es un crecimiento del 3% anual (4% en gasolina, 2% en diésel y 5% en Jet).
“Al tiempo que el sector avanza en una diversificación de la matriz energética, las proyecciones indican que los combustibles líquidos continuarán siendo la principal fuente de energía para el sector transporte, y su demanda aumentará influenciada por el crecimiento económico del país, de ahí la importancia de adoptar políticas enfocadas en la garantía del abastecimiento y la mejora de la calidad de los combustibles que mueven a los colombianos”, puntualizó el dirigente gremial.
Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo y Gas
NACIONALES
Ecopetrol libera cerca de 60 millones de barriles diarios de gas natural para garantizar suministro nacional
El Grupo Ecopetrol continúa adoptado decisiones estratégicas que garanticen el suministro de gas natural en todo el país.
A la asignación adicional de 2,7 Gbtu (millones de barriles diarios) de gas natural para garantizar el suministro de gas natural vehicular en Casanare y Meta, se suma un nuevo anuncio de comercialización del energético.
A partir del 1º de diciembre de 2025 la compañía ofrecerá para la venta entre 46 y 60 Gbtud de sus campos del Piedemonte Llanero. Estas cantidades equivalen aproximadamente al 20% de la demanda residencial, comercial y de gas natural vehicular del país.
La empresa estatal informó que este gas adicional estará disponible desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, y se ofrecerá en dos modalidades definidas en la regulación vigente:
– En firme, que garantiza el suministro continuo durante el periodo contratado.
– Con interrupciones, que permite suspender el suministro en caso de limitaciones, según las reglas establecidas.
De acuerdo con Ecopetrol, en la modalidad ‘En firme’ se ofrecerán cantidades que van desde 23 hasta 35 Gbtud para los meses de marzo a mayo de 2026, y serán comercializadas durante el trimestre de negociación que inicia en diciembre de 2025.
Y en la modalidad de ‘Interrumpible’ se ofrecerán cantidades desde 22 hasta 49 Gbtud para los meses de diciembre de 2025 a mayo de 2026, y serán comercializadas mensualmente, teniendo en cuenta las condiciones regulatorias vigentes que señalan que para el trimestre de diciembre a febrero sólo se permite la comercialización de gas bajo la modalidad Interrumpible.
“En Ecopetrol seguimos comprometidos en el abastecimiento de gas natural para todos los colombianos. Gracias a esfuerzos recientes de eficiencia, optimización y sustitución energética en varios de nuestros procesos productivos por energía proveniente de fuentes renovables no convencionales, podemos liberar mayores volúmenes para amentar la oferta de gas provenientes de nuestros campos en el Piedemonte Llanero”, declaró Bayron Triana Arias, Vicepresidente Ejecutivo de Energías para la Transición, de Ecopetrol.
Agregó el directivo que este incremento en la oferta refleja el compromiso de la compañía estatal con el país y con la transición energética. “Así avanzamos hacia un futuro con más energía limpia y más seguridad energética para todos los colombianos, y se contribuye al cumplimiento de los objetivos de descarbonización y las metas de transición energética del Grupo Ecopetrol”, aseguró.
NACIONALES
La JEP no aceptó al exjefe jurídico de la Gobernación de Casanare en gobierno de Raúl Flórez
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento presentada por Henry Villarraga Oliveros, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que no cumplió con el requisito de aportar verdad plena, presentó argumentos exculpatorios y negó la existencia de patrones macrocriminales ampliamente demostrados en su contra.
Según la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Villarraga omitió información clave que habría permitido esclarecer su presunto papel en el encubrimiento de graves crímenes del conflicto armado, particularmente en el caso del coronel (r) Robinson González del Río, investigado por ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
La JEP recordó que contra Villarraga cursan varios procesos penales y disciplinarios por, presuntamente, ofrecer asesoría ilegal al oficial retirado y comprometerse a influir para que uno de sus procesos fuera trasladado a la Justicia Penal Militar, buscando garantizar impunidad frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El tribunal especial concluyó que el exmagistrado incumplió las condiciones básicas exigidas para acceder a los beneficios del sistema transicional, pues su aporte se limitó a justificar sus actuaciones con argumentos jurídicos y a cuestionar el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, alegando una supuesta “guerra jurídica” contra miembros de la fuerza pública.
Para la Sala, requerir nuevamente al solicitante para que hiciera un aporte de verdad sustancial representaría un desgaste injustificado del aparato judicial, más aún cuando Villarraga ha tenido múltiples oportunidades para hacerlo en los procesos que se adelantan en su contra.
El expediente fue remitido a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde cursa un proceso disciplinario en etapa de acusación y otro penal cuya apertura quedó sin efectos. La JEP, además, rechazó cualquier discurso estigmatizante o desobligante frente a las víctimas, la sociedad y las instituciones del Estado.
El Senador José Vicente Carreño Castro radicó el Proyecto de Ley 135 de 2025 que reconoce y establece “a los agentes de protección o escoltas requeridos como una profesión y/u oficio de alto riesgo”, en la medida que este trabajo está en proteger a personas con la posibilidad de sufrir un atentado, por lo que deben prevenir y enfrentar este tipo de eventualidad, lo que de inmediato los convierte también en blanco de los agresores.
Carreño Castro reveló que “al establecer de alto riesgo esta profesión u oficio, los agentes de protección o escoltas quedan cobijados en las ´Pensiones especiales de vejez´, establecido en los Artículos 3 al 10 del Decreto 2090 de 2003, adicionando esta iniciativa legislativa una modificación al Artículo 8 –modificado a la vez por el Artículo 1 del Decreto 2655 de 2014- en el sentido de que este régimen especial de pensión, incluye a los trabajadores vinculados a esta actividad hasta el 31 de diciembre de 2034, y no solo hasta el 31 de diciembre de 2024, como lo establece el mencionado Decreto 2655”.
La iniciativa legislativa –que ahora pasa a la Comisión VII del Senado- le fija al SENA la tarea de estructurar “un pensum académico con ciclos de competencias laborales, técnico, tecnólogo y profesional en seguridad dirigido este personal, para lo cual podrá celebrar convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales”, con el fin de que este ejercicio no solo sea considerado un oficio, sino además como una nueva profesión con todos la validación constitucional y legal, como la plantea el mencionado proyecto de ley.
