El diputado Eduardo Antolinez afirmó que, tras la intervención, lejos de mejorar, los problemas en Capresoca EPS se han intensificado, afectando a miles de afiliados en el departamento.

“Capresoca está atravesando su peor momento. No hay medicamentos suficientes para los usuarios, y las remisiones médicas, que son vitales para la atención de casos de alta complejidad, no se están gestionando de manera oportuna”, señaló el cabildante.

Entrega de medicamentos, el dolor de cabeza

Uno de los puntos críticos de la denuncia es la falta de acceso a medicamentos esenciales. Según testimonios recogidos por Antolinez, pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes, han tenido que interrumpir sus tratamientos debido a la falta de suministros. Esta situación pone en riesgo la vida de los afiliados, quienes dependen de estos medicamentos para no empeorar sus condiciones de salud.

Las denuncias también incluyen problemas graves en la gestión de remisiones médicas. Según el testimonio de varios usuarios recogidos por el diputado, las remisiones a centros especializados, necesarias para tratar enfermedades complejas, están tardando semanas o incluso meses. “Esto pone en riesgo la vida de las personas que necesitan atención especializada de forma urgente”, enfatizó.

Otro aspecto crítico es la falta de suministros para cirugías en hospitales locales, lo que ha generado retrasos en procedimientos quirúrgicos vitales. Antolinez afirmó que numerosos pacientes han visto pospuestas sus cirugías debido a la falta de materiales médicos básicos, lo cual está afectando de manera directa la salud y la vida de los usuarios de la EPS, que esperan respuestas y soluciones inmediatas ante la crisis que la afecta.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

El departamento de Casanare fue escenario de una de las tragedias más desgarradoras del conflicto armado colombiano: los llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros abatidos en combate.

Entre 2005 y 2008, el Ejército Nacional cometió estos crímenes con el objetivo de mostrar resultados en la lucha contra los grupos armados ilegales, logrando ascensos y beneficios dentro de la institución. Hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en la imputación de responsabilidades, revelando la magnitud de estos crímenes en el oriente colombiano.

En Casanare, según los informes de la JEP, se registraron más de 300 casos de falsos positivos, donde campesinos, jóvenes desempleados y personas en situación de vulnerabilidad fueron víctimas. Fueron engañados con falsas promesas de trabajo, llevados a zonas rurales y luego asesinados, para ser presentados como bajas en combate. Esta región se convirtió en uno de los epicentros de esta práctica, con el Batallón de Infantería No. 44 “Ramón Nonato Pérez” como uno de los principales involucrados.

El horror de los falsos positivos comenzó a salir a la luz cuando familiares de las víctimas empezaron a denunciar la desaparición de sus seres queridos, desconociendo que habían sido presentados como guerrilleros. A medida que las investigaciones avanzaron, se reveló que estos crímenes no eran casos aislados, sino parte de una estrategia sistemática que involucraba a altos mandos del Ejército. La Fiscalía General de la Nación, junto con las organizaciones de Derechos Humanos, documentaron decenas de testimonios que apuntaban a un patrón claro de violaciones de derechos humanos.

En 2021, la JEP abrió el Caso 03

Las audiencias ante la JEP han sido clave para que los militares implicados reconozcan su responsabilidad. Uno de los aspectos más relevantes es que algunos de los acusados han aceptado su participación y han ofrecido detalles sobre cómo funcionaba la estructura criminal dentro del Ejército. Esto no solo ha permitido reconstruir la verdad de lo sucedido, sino también identificar a los máximos responsables y ofrecer medidas de reparación a las familias de las víctimas.

Sin embargo, el proceso de justicia es complejo. A pesar de los avances, muchas víctimas aún esperan la verdad completa y justicia plena. Para los familiares, el reconocimiento de los crímenes es un paso importante, pero no suficiente. Exigen que los autores intelectuales y los que se benefician de confesar estos crímenes enfrenten las máximas sanciones dentro del sistema de justicia transicional.

La JEP ha señalado que el próximo paso en este caso será la definición de las sanciones para los responsables. Los implicados que hayan reconocido su culpa podrían recibir sanciones restaurativas, como el compromiso de trabajar en proyectos comunitarios y de reparación simbólica. En contraste, aquellos que no admiten su responsabilidad enfrentarán penas más severas, que incluyen cárcel.

El caso de los falsos positivos en Casanare es uno de los más dolorosos en la historia reciente de Colombia. A medida que la JEP avanza en la imputación de responsabilidades y la búsqueda de justicia, las familias de las víctimas mantienen la esperanza de que, finalmente, se haga justicia para los más de 300 inocentes que fueron asesinados y cuyos nombres deben ser registrados como víctimas de un conflicto que les arrebató la vida sin justificación.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

Como Brayan Stiven Arias Díaz, fue identificado el joven regiomontuno fallecido en accidente de transito ocurrido en la madrugada del lunes 13 de enero en jurisdicción de Monterrey.

De acuerdo a información entregada por la autoridad de tránsito de Policía, el joven se desplazaba en una motocicleta Yamaha de placas ZVO- 52F en sentido Monterrey – Tauramena a la alturara del KM05+100 mts cuando se registró el accidente.

La hipótesis de tránsito indica que al parecer Brayan Stiven habría perdido el control de la moto, salió de la vía y colisionó a gran velocidad contra un poste, quedando sin signos vitales.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare