CASANARE
Militares condenados por “falso positivo” en Casanare, a devolverle al Estado más de $300 millones
Un teniente y tres soldados profesionales que fueron condenados por un “falso positivo” ocurrido en octubre de 2007 en Paz de Ariporo y están cumpliendo sus condenas, fueron condenados nuevamente, pero ahora por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro de una Acción de Repetición iniciada por el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa en su contra.
El 20 de octubre de 2007 en la vereda Candelaria Alta del municipio de Paz de Ariporo, resultaron muertos Carlos Manuel Mota Hurtado y Donaldo Adán Madero Contreras, en un presunto combate con tropas del Ejército Nacional comandadas por el teniente Giovanny Botero Yaquen. Si bien durante el juicio se demostró que las dos personas fallecidas habían pertenecido a grupos de Autodefensas, también se demostró que su muerte no ocurrió en combate y que habían sido sacados de sus residencias a la fuerza para ser ajusticiados con tiros por la espalda.
Por estos hechos, los militares fueron condenados a una pena de 40 años de prisión por parte de la justicia penal, y el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal condenó a la Nación a cancelar a los familiares de las víctimas una indemnización superior a los $321 millones de pesos, condena ratificada por el Tribunal Administrativo de Casanare y efectivamente pagada en mayo de 2012 a los familiares de las víctimas.
En virtud de lo cancelado como indemnización, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional presentaron la demanda de Acción de Repetición contra el teniente Giovanny Botero Yanquen, y los soldados profesionales Fredy Hernán García Torres, Elver Chiriví Hernández y Luis Fernando Lemus Silva, quienes en decisión del Tribunal Administrativo de Casanare fueron declarados administrativamente responsables de los hechos ya mencionados, y condenados a reembolsar a la Nación los más de $321 millones de pesos que pagó como indemnización, para lo cual tienen 10 meses.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
Lea también: En lamentable hecho de intolerancia joven asfixió a su mamá en Yopal
Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
