CASANARE
A prisión sujetos señalados por presunto abuso de menores en Casanare
La Seccional Casanare de la Fiscalía General de la Nación capturó a dos presuntos responsables de delitos sexuales que afectan a niños, adolescentes y mujeres especialmente.
En un primer caso, una menor de 11 años le contó a su progenitora que su padre la sometía, presuntamente, a vejámenes sexuales, por lo que de inmediato se inició la ruta de atención a la víctima y el proceso judicial que permitió su captura en Buga (Valle) el pasado 19 de junio.
Las pruebas recogidas por los investigadores dan cuenta de que el imputado aprovechaba que la madre de la menor salía de su casa para practicarle tocamientos de tipo sexual a la víctima y que en varias oportunidades la obligó a tener relaciones sexuales.
Los hechos que investiga la Fiscalía habrían sucedido entre agosto del 2021 y el pasado 20 de abril, cuando la menor decidió contarle a su madre lo que sucedía en su vivienda ubicada en el barrio El Nogal de Yopal.
El capturado fue presentado ante un juez con función de control de garantías, quien acogió todas las solicitudes la Fiscalía en el sentido de solicitar la legalización de su captura y decretar la medida carcelaria. El capturado fue imputado con el delito de acceso carnal en concurso con actos sexuales con menor de 14 años, que no aceptó.
Capturado en Tauramena
Un segundo caso se presentó en una finca ubicada en la vereda Aceite Ato del municipio de Tauramena en, donde el hoy capturado habría aprovechado su posición dominante por ser el padrastro de la víctima, para practicarle tocamientos en sus partes íntimas a una menor, hija de su pareja sentimental.
Un Fiscal adscrito al Centro de Atención Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) de Casanare lo llevó ante un juez de Tauramena y lo imputó por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, cargos que negó y no aceptó.
El juez del caso accedió a conceder la solicitud de la Fiscalía en el sentido de legalizar su captura y enviarlo a la cárcel, donde deberá enfrentar el proceso judicial en su contra.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
