REGIÓN
A juicio militar señalado por masacre de Chiscas, en norte de Boyacá
Un Fiscal delegado ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Tunja, adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías de Boyacá, profirió en segunda instancia resolución de acusación (Ley 600 de 2000) contra el Teniente Coronel Yerson Ortegón Domínguez.
Este, en calidad de autor impropio de los delitos de desaparición forzada, tortura en persona protegida y homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado y desplazamiento forzado.
El llamado a juicio del oficial del Ejército Nacional está relacionado con los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2003 cuando el grupo paramilitar ‘Frente Patriotas de Málaga del Bloque Central Bolívar’ ingresó al municipio de Chiscas (Boyacá).
Ese día los actores ilegales asesinaron a dos hombres y a una mujer (uno de ellos comerciante y ella enfermera) por ser, supuestamente, integrantes o colaboradores de grupos guerrilleros.
Otras víctimas fueron: un hombre de quien no se conoce su paradero y una joven de 19 años de edad a quien, por varios días, los comandantes del grupo paramilitar sometieron a vejámenes sexuales.
El caso
De acuerdo con lo establecido por la Fiscalía, el grupo paramilitar se desplazó desde el área rural del municipio de Capitanejo (Santander) y llegó al casco urbano del municipio de El Espino (Boyacá) en la madrugada del 2 de mayo de 2003.
En el lugar, los integrantes del grupo armado ilegal contaron con el apoyo del entonces teniente Gregory Ernesto Amado Rueda, comandante de policía de dicha localidad, y quien fue condenado a 40 años de prisión por estos hechos.
En el municipio de El Espino los paramilitares coordinaron acciones con la fuerza pública para no tener inconvenientes al pasar por un retén militar ubicado antes del ingreso al municipio de Chiscas.
De acuerdo con lo establecido para entonces, el retén se hallaba a cargo de Yerson Alfonso Ortegón Domínguez, quien para la época era teniente del ejército y comandaba el pelotón a cargo de dicha actividad.
El grupo paramilitar salió de la zona luego de haber cometido los asesinatos y secuestros de varios pobladores del municipio de Chiscas (Boyacá).
Los casos a hoy
Por este caso fueron condenados el oficial de la Policía Nacional Gregory Ernesto Amado Rueda y nueve integrantes del grupo armado ilegal que participaron en los hechos y que por su condición de postulados a la ley de Justicia y Paz relacionaron a Yerson Ortegón Domínguez en los hechos ocurridos en el municipio boyacense en 2003.
En 2015 el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó a Ortegón Domínguez por este proceso, sin embargo, gracias a las garantías procesales quedó en libertad y a la fecha el indiciado continúa vinculado al Ejercito Nacional.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
