REGIÓN
A juicio militar señalado por masacre de Chiscas, en norte de Boyacá
Un Fiscal delegado ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Tunja, adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías de Boyacá, profirió en segunda instancia resolución de acusación (Ley 600 de 2000) contra el Teniente Coronel Yerson Ortegón Domínguez.
Este, en calidad de autor impropio de los delitos de desaparición forzada, tortura en persona protegida y homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado y desplazamiento forzado.
El llamado a juicio del oficial del Ejército Nacional está relacionado con los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2003 cuando el grupo paramilitar ‘Frente Patriotas de Málaga del Bloque Central Bolívar’ ingresó al municipio de Chiscas (Boyacá).
Ese día los actores ilegales asesinaron a dos hombres y a una mujer (uno de ellos comerciante y ella enfermera) por ser, supuestamente, integrantes o colaboradores de grupos guerrilleros.
Otras víctimas fueron: un hombre de quien no se conoce su paradero y una joven de 19 años de edad a quien, por varios días, los comandantes del grupo paramilitar sometieron a vejámenes sexuales.
El caso
De acuerdo con lo establecido por la Fiscalía, el grupo paramilitar se desplazó desde el área rural del municipio de Capitanejo (Santander) y llegó al casco urbano del municipio de El Espino (Boyacá) en la madrugada del 2 de mayo de 2003.
En el lugar, los integrantes del grupo armado ilegal contaron con el apoyo del entonces teniente Gregory Ernesto Amado Rueda, comandante de policía de dicha localidad, y quien fue condenado a 40 años de prisión por estos hechos.
En el municipio de El Espino los paramilitares coordinaron acciones con la fuerza pública para no tener inconvenientes al pasar por un retén militar ubicado antes del ingreso al municipio de Chiscas.
De acuerdo con lo establecido para entonces, el retén se hallaba a cargo de Yerson Alfonso Ortegón Domínguez, quien para la época era teniente del ejército y comandaba el pelotón a cargo de dicha actividad.
El grupo paramilitar salió de la zona luego de haber cometido los asesinatos y secuestros de varios pobladores del municipio de Chiscas (Boyacá).
Los casos a hoy
Por este caso fueron condenados el oficial de la Policía Nacional Gregory Ernesto Amado Rueda y nueve integrantes del grupo armado ilegal que participaron en los hechos y que por su condición de postulados a la ley de Justicia y Paz relacionaron a Yerson Ortegón Domínguez en los hechos ocurridos en el municipio boyacense en 2003.
En 2015 el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó a Ortegón Domínguez por este proceso, sin embargo, gracias a las garantías procesales quedó en libertad y a la fecha el indiciado continúa vinculado al Ejercito Nacional.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
El Ministerio de Transporte anunció la suspensión temporal del cobro de tarifas en la estación de peaje de San Luis de Gaceno, ubicada en la Transversal del Sisga, entre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Casanare. La medida regirá desde el 10 de noviembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, y aplicará para todas las categorías vehiculares del proyecto vial.
Según la Resolución emitida el 14 de octubre, la decisión responde a las reiteradas inconformidades de la comunidad frente a las tarifas vigentes y a las afectaciones causadas por la ola invernal, que han deteriorado la infraestructura vial y disminuido el flujo turístico hacia la región. El Ministerio explicó que la medida busca facilitar la movilidad y apoyar la economía local, en especial a los sectores productivos y turísticos que dependen del tránsito por este corredor.
La cartera de Transporte indicó que, además de las afectaciones por la temporada de lluvias, se identificó el incumplimiento de los estándares de nivel de servicio, debido a cierres prolongados como el registrado en el sector de Piedra Campana. Por esta razón, se determinó que la suspensión del cobro constituye una acción necesaria para restablecer el equilibrio entre el desarrollo del proyecto y el bienestar de las comunidades.
Con esta decisión, el Gobierno Nacional busca garantizar la movilidad segura y accesible de los usuarios, mientras se adelantan las acciones necesarias para recuperar la infraestructura afectada y restablecer las condiciones óptimas de operación en la Transversal del Sisga.
Ecopetrol informó que ha puesto en el mercado colombiano gas natural en firme de largo plazo, proveniente de los campos Cusiana, Cupiagua y Floreña, y aclaró que todos sus procesos de comercialización se han realizado bajo el marco de la normativa vigente. La compañía respondió así a los cuestionamientos de los gobernadores de Meta y Casanare, quienes expresaron preocupación por la no destinación de gas natural vehicular (GNV) a partir del primero de diciembre de 2025.
De acuerdo con la empresa, se ha cumplido estrictamente con lo establecido en el Decreto 1073 de 2015 y la Resolución CREG 102 015 de 2025, que priorizan la atención de la demanda esencial en el país. En este sentido, Ecopetrol explicó que tanto los hogares como los pequeños comercios cuentan con una cobertura del 100% en Casanare y Meta, lo que garantiza la seguridad energética de miles de familias y evita incrementos en los precios por compras de gas importado o en el mercado secundario.
Primero la demanda residencial y comercial
La compañía detalló que entre enero y octubre de 2025 se realizaron varios procesos de comercialización abiertos a todo el país, de los cuales resultaron beneficiadas empresas como ENERCA, Gases del Cusiana y la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Orocué, asegurando el suministro para la demanda residencial, comercial y de GNV en estas regiones. Sin embargo, recordó que ante limitaciones de oferta, la normativa establece una priorización que ubica al GNV en tercer lugar, después de los usuarios residenciales y comerciales.
Ecopetrol también señaló que en junio de 2025 abrió un proceso de comercialización con contratos en firme hasta 2029, en el que adjudicó gas natural a compañías de Meta y Casanare, garantizando la cobertura de la demanda esencial desde diciembre de este año hasta noviembre de 2028. Posteriormente, en septiembre, ofreció nuevas cantidades del campo Floreña para cubrir la demanda entre 2026 y 2028, logrando precios competitivos que mantienen las tarifas más bajas del país.
La estatal petrolera precisó que el GNV, pese a ser considerado demanda esencial, puede verse limitado cuando la disponibilidad del recurso obliga a priorizar primero a los hogares y pequeños comercios. En ese contexto, la asignación se hace siguiendo estrictamente la regulación, sin que ello implique decisiones discrecionales por parte de la empresa.
Finalmente, Ecopetrol reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional, las autoridades locales y los operadores del sector, con el fin de habilitar mayores cantidades de gas y encontrar soluciones estructurales que permitan atender las necesidades energéticas de los Llanos Orientales, garantizando transparencia, estabilidad económica y cumplimiento normativo.
Fuente: El Diario del Llano
