REGIÓN
A juicio militar señalado por masacre de Chiscas, en norte de Boyacá
Un Fiscal delegado ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Tunja, adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías de Boyacá, profirió en segunda instancia resolución de acusación (Ley 600 de 2000) contra el Teniente Coronel Yerson Ortegón Domínguez.
Este, en calidad de autor impropio de los delitos de desaparición forzada, tortura en persona protegida y homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado y desplazamiento forzado.
El llamado a juicio del oficial del Ejército Nacional está relacionado con los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2003 cuando el grupo paramilitar ‘Frente Patriotas de Málaga del Bloque Central Bolívar’ ingresó al municipio de Chiscas (Boyacá).
Ese día los actores ilegales asesinaron a dos hombres y a una mujer (uno de ellos comerciante y ella enfermera) por ser, supuestamente, integrantes o colaboradores de grupos guerrilleros.
Otras víctimas fueron: un hombre de quien no se conoce su paradero y una joven de 19 años de edad a quien, por varios días, los comandantes del grupo paramilitar sometieron a vejámenes sexuales.
El caso
De acuerdo con lo establecido por la Fiscalía, el grupo paramilitar se desplazó desde el área rural del municipio de Capitanejo (Santander) y llegó al casco urbano del municipio de El Espino (Boyacá) en la madrugada del 2 de mayo de 2003.
En el lugar, los integrantes del grupo armado ilegal contaron con el apoyo del entonces teniente Gregory Ernesto Amado Rueda, comandante de policía de dicha localidad, y quien fue condenado a 40 años de prisión por estos hechos.
En el municipio de El Espino los paramilitares coordinaron acciones con la fuerza pública para no tener inconvenientes al pasar por un retén militar ubicado antes del ingreso al municipio de Chiscas.
De acuerdo con lo establecido para entonces, el retén se hallaba a cargo de Yerson Alfonso Ortegón Domínguez, quien para la época era teniente del ejército y comandaba el pelotón a cargo de dicha actividad.
El grupo paramilitar salió de la zona luego de haber cometido los asesinatos y secuestros de varios pobladores del municipio de Chiscas (Boyacá).
Los casos a hoy
Por este caso fueron condenados el oficial de la Policía Nacional Gregory Ernesto Amado Rueda y nueve integrantes del grupo armado ilegal que participaron en los hechos y que por su condición de postulados a la ley de Justicia y Paz relacionaron a Yerson Ortegón Domínguez en los hechos ocurridos en el municipio boyacense en 2003.
En 2015 el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó a Ortegón Domínguez por este proceso, sin embargo, gracias a las garantías procesales quedó en libertad y a la fecha el indiciado continúa vinculado al Ejercito Nacional.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
