META
Imputan cargos a exfuncionarios del Meta por contrato de telemedicina
El servicio de telemedicina para el departamento de Meta fue contratado hace 10 años, nunca funcionó y hoy tiene a varios exfuncionarios vinculados a una investigación por presuntos hechos de corrupción.
En 2008, la Secretaría de Salud Departamental suscribió un contrato cercano a los $6 mil millones de pesos con la empresa Arolen, para que pusiera en marcha el proyecto tecnológico; sin embargo, la Fiscalía demostró que, presuntamente, no hubo estudios profundos de pre factibilidad ni se tuvo en cuenta la poca capacidad de los hospitales que prestarían la atención de telemedicina.
Posteriormente, de acuerdo al material probatorio, se realizó un nuevo proceso contractual por $872 millones para fortalecer el servicio que, en realidad, nunca entró en funcionamiento.
Los elementos recopilados evidenciaron que se habría pagado un anticipo y un valor adicional por la supuesta deducción en la liquidación del contrato, sin que fuera ejecutado. Los investigadores encontraron que se crearon varias facturas para acreditar el cumplimiento en las responsabilidades pactadas.
Por estos hechos, en los que supuestamente fueron apropiados irregularmente $518 millones de pesos, la Fiscalía imputó a cuatro exfuncionarios y al contratista ante el Juzgado 3º Ambulante Penal de Garantías de Villavicencio. Los procesados son:
Carmen Sofía Motta Sepúlveda, exsecretaria de Salud Departamental (2008).
Mónica del Pilar Anzola Roa, exsecretaria de Salud Departamental (2011).
Eduardo Guillermo Cadena, exsecretario de Salud Departamental (2015).
William Fernando Romero Torres, exsecretario de Planeación Departamental.
Carlos Eduardo Gamboa Plata, contratista de la empresa Arolen.
En las audiencias fueron formulados cargos por peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado.
Carley Fernando Urbano Buriticá, director comercial de la empresa Arolen, no asistió a la diligencia de imputación y se fijó nueva fecha para el 10 de abril de 2018, ante el Juzgado 3º Ambulante Penal de Garantías de Villavicencio.
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
