META
Imputan cargos a exfuncionarios del Meta por contrato de telemedicina
El servicio de telemedicina para el departamento de Meta fue contratado hace 10 años, nunca funcionó y hoy tiene a varios exfuncionarios vinculados a una investigación por presuntos hechos de corrupción.
En 2008, la Secretaría de Salud Departamental suscribió un contrato cercano a los $6 mil millones de pesos con la empresa Arolen, para que pusiera en marcha el proyecto tecnológico; sin embargo, la Fiscalía demostró que, presuntamente, no hubo estudios profundos de pre factibilidad ni se tuvo en cuenta la poca capacidad de los hospitales que prestarían la atención de telemedicina.
Posteriormente, de acuerdo al material probatorio, se realizó un nuevo proceso contractual por $872 millones para fortalecer el servicio que, en realidad, nunca entró en funcionamiento.
Los elementos recopilados evidenciaron que se habría pagado un anticipo y un valor adicional por la supuesta deducción en la liquidación del contrato, sin que fuera ejecutado. Los investigadores encontraron que se crearon varias facturas para acreditar el cumplimiento en las responsabilidades pactadas.
Por estos hechos, en los que supuestamente fueron apropiados irregularmente $518 millones de pesos, la Fiscalía imputó a cuatro exfuncionarios y al contratista ante el Juzgado 3º Ambulante Penal de Garantías de Villavicencio. Los procesados son:
Carmen Sofía Motta Sepúlveda, exsecretaria de Salud Departamental (2008).
Mónica del Pilar Anzola Roa, exsecretaria de Salud Departamental (2011).
Eduardo Guillermo Cadena, exsecretario de Salud Departamental (2015).
William Fernando Romero Torres, exsecretario de Planeación Departamental.
Carlos Eduardo Gamboa Plata, contratista de la empresa Arolen.
En las audiencias fueron formulados cargos por peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado.
Carley Fernando Urbano Buriticá, director comercial de la empresa Arolen, no asistió a la diligencia de imputación y se fijó nueva fecha para el 10 de abril de 2018, ante el Juzgado 3º Ambulante Penal de Garantías de Villavicencio.
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Jairo Hoyos Arenas, quien fue capturado en flagrancia cuando al parecer movilizaba personas que estarían siendo reclutadas para engrosar las líneas de las disidencias de las Farc.
El pasado 24 de abril, en horas de la madrugada, en un puesto de registro y control de la Policía Nacional en la vía Bogotá – Villavicencio, Hoyos Arenas fue requerido cuando se movilizaba en un vehículo con ocho personas.
Al corroborar las identidades de los ocupantes se hallaron tres menores de edad, quienes señalaron a Hoyos Arenas de haberlos recogido en El Tambo (Cauca) y de trasladarlos a Calamar (Guaviare), donde presuntamente serían entregados a las disidencias de las Farc.
Los menores fueron dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar para el restablecimiento de sus derechos.
La Fiscalía le imputó el delito de reclutamiento ilícito, cargo que no aceptó el procesado. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Covioriente, informa que este sábado 27 de abril se llevará a cabo la prueba de carga en el puente vehicular Guatiquía, ubicado en el tramo Villavicencio – Cumaral, unidad funcional 1 del proyecto vial.
El desarrollo de estas pruebas implica restricciones de movilidad que se darán en horario nocturno, desde las 10:00 p. m. hasta las 4:00 a. m., en los siguientes puntos sobre la ruta nacional 6510:
– Desde el kilómetro 2+100 hasta el kilómetro 3+450, entre el sector del Monumento al Coleo y la glorieta del Monumento de Las Arpas.
– En el kilómetro 5, sector del cruce hacia la vereda El Cairo.
– En el kilómetro 8+300, en aproximaciones al peaje Puente Amarillo (restricción de vehículos de carga).
En las ubicaciones mencionadas se implementará el Plan de Manejo de Tráfico con señalización y personal encargado del control vehicular, el cual se restablecerá al finalizar las actividades.
Tenga en cuenta que, aunque las pruebas se realizan sobre la estructura, se debe restringir la movilidad metros antes para ubicar la maquinaria y personal encargado de las actividades.
Fuente: Covioriente
En un esfuerzo por articular acciones con los integrantes del Sistema de Comunicación para la Paz (SIPAZ) y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), liderada por GIZ Colombia, la secretaría de Derechos Humanos y Paz del Meta acordó un Plan de Acción Territorial, en beneficio de las víctimas del conflicto armado.
En ese contexto, se estableció la realización de dos jornadas móviles de oferta institucional del orden departamental y nacional, esperando atender más de 1.000 personas víctimas del conflicto armado, en los municipios de Uribe y Mapiripán.
Igualmente se acordó el acompañamiento, por parte de la gobernación del Meta, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los planes integrales de reparación colectiva de la población víctima, con el fortalecimiento a proyectos productivos del municipio de Mapiripán, aportando a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización.
Finalmente, se logró realizar un plan de acción con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del cual se pretende contribuir con la verdad, la justicia, la restauración del daño y reparación a la población víctima.
Fuente: Gobernación del Meta
