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Alcalde de Mapiripán a la cárcel por presuntas irregularidades en contratación

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Por solicitud de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía Seccional Meta, un juez de control de garantías de Villavicencio impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el alcalde de Mapiripán (Meta), Alexander Mejía Buitrago, por hechos ocurridos durante su administración.

La Fiscalía demostró que el mandatario habría celebrado y pagado seis contratos que no se cumplieron, y comprometieron algo más de $5.000’000.000 del municipio. Por las supuestas anomalías detectadas fueron imputados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y corrupción al sufragante, los cuales no fueron aceptados.

Los contratos investigados están relacionados con la compra de 137 estufas, la entrega de 100 soluciones de agua potable para familias del área rural de Mapiripán, la adquisición de refrigerios con destino al Programa de Alimentación Escolar (PAE), las interventorías respectivas, y la compra de una camioneta y 10 motos para la Policía Nacional.

Durante las audiencias en las que fue judicializado el alcalde Alexander Mejía Buitrago, la Fiscalía también imputó a otras 15 personas procesadas por los mismos hechos. Entre ellas, está el exalcalde de Mapiripán  (Meta), Jorge Iván Duque Lenis; y el denominado ‘cerebro’ del desfalco, Alejandro Alberto Arias Velásquez.

El juez dispuso que estas dos personas deberán cumplir medida de aseguramiento de detención domiciliaria, decisión que fue apelada por el delegado de la Fiscalía, quien aseguró que la actuación del exfuncionario y del otro hombre que estaría involucrado en la firma irregular de los contratos, fue determinante para que se perdieran los recursos del municipio.

Los demás procesados, entre funcionarios, exfuncionarios y contratistas, recibieron diferentes medidas, cinco de ellos aseguramiento en sus lugares de residencia y los demás no privativas de la libertad.

La orden de enviar a la cárcel al actual alcalde de Mapiripán (Meta), fue comunicada a la Gobernadora del departamento, para que avance en las actuaciones administrativas de su competencia.

Fuente: Prensa y Comunicaciones Fiscalía General de la Nación

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A la cárcel por feminicidio de madre e hija en Puerto Gaitán por una deuda

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.

El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.

La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.

Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.

Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).

Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso

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Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada

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Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.

Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.

Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.

Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).

“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.

Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.

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A la cárcel por matar a un perro que le ladró durante una riña con otro hombre

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La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.

Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.

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