CASANARE
En Tunja ordenan demoler seis torres de apartamentos, del mismo constructor de Torres del Silencio en Yopal
Los habitantes del proyecto de vivienda “Torres del Parque” de la ciudad de Tunja deberán evacuar urgentemente, según afirmó el alcalde Pablo Emilio Cepeda, quien hizo el anuncio y solicitó además, la intervención de las autoridades en los operativos de evacuación de las familias que habitan en los apartamentos.
Expertos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Boyacá, determinaron tras una serie de estudios geotécnicos y estructurales a los proyectos de vivienda, Torres del Parque y Estancia del Roble que, las edificaciones representan un riesgo inminente para sus residentes.
En su intervención el mandatario local aseguró que, se busca evitar una tragedia como las ocurridas en Cartagena y Medellín.
Los proyectos de vivienda fueron construidos por el polémico cogestor Iader Barrios, el mismo constructor del proyecto “Torres del Silencio” en Yopal, y actualmente se adelantan investigaciones judiciales por los materiales con los que fue construido además, de las pérdidas económicas que se han generado para las familias, que por más de seis años han estado pagando los apartamentos, sin poderlos ocupar.
Desde 2017, la Alcaldía de Tunja llevó a cabo reuniones sobre el estado de los proyectos de vivienda de interés prioritario Torres del Parque y Estancia del Roble. A dichas reuniones asistió el alcalde de Tunja, Pablo Emilio Cepeda, y la gerente de Ecovivienda, Viviana Camargo.
La Administración Municipal dejó claro que es importante realizar el proceso de liquidación y definir los grados de vulnerabilidad de las edificaciones a través de los estudios, que fueron contratados con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC.
Pablo Emilio Cepeda Novoa expresó: “Me parece que la sesión del comité de moralización fue muy productiva, queda claro que no va ser de la noche a la mañana la solución, ya que las decisiones que se vienen tomando requieren de procedimientos y términos que deben cumplirse de acuerdo a la ley”.
El alcalde de los tunjanos manifestó la confianza expresada por parte de los delegados del Ministerio de Vivienda, quienes tomaron las actuaciones realizadas por parte del municipio y Ecovivienda como un gesto de responsabilidad frente las familias que aún no han recibido su vivienda y más aún, por la respuesta esperanzadora sobre la posibilidad que desde esa entidad se genere algún apoyo financiero para la terminación de estos proyectos.
Ahora, dado que no hay solución y ante un riesgo inminente, el alcalde ordenó demoler seis torres de la urbanización Torres del Parque. Algunos de sus dueños vienen adelantando acciones judiciales desde 2014. Y ahora su pesadilla continúa con este anuncio.
Fuente: www.lafm.com.co
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
