CASANARE
Corporinoquia se rajó cuidando el río Cravo Sur, según Procuraduría
La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales generó un primer informe técnico a raíz de la denuncia formulada el año anterior por la Veeduría Ciudadana conformada en la Vereda La Manga de Yopal, por la intervención al cauce del río Cravo Sur para adelantar actividades por parte de varias empresas, y la afectación que ello les está generando.
Diana Paola Perilla, vocera de la Veeduría, indicó que la afectación se genera sobre la margen derecha de la ribera, desde las veredas que conforman el Corregimiento de Tacarimena, como Sirivana, Palomas, La Calceta y La Manga, llegando actualmente a sectores de Barbillal, a efectos del desorden, falta de planeación e improvisación en todas las intervenciones hechas sobre el cauce.
Trabajo documentado
La Veeduría Ciudadana realizó un trabajo durante varios años, haciendo seguimiento y documentando el licenciamiento de la cuenca, la contratación realizada por la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal para atender las emergencias, y las actividades de minería que se realizan sobre la cuenca.
Según la Veeduría, Yopal ya perdió la ronda protectora del río en la zona urbana, producto del licenciamiento que hizo Corporinoquia para el mantenimiento del tubo del EPF Floreña – City Gate, por el licenciamiento para canales y por todas las demás actividades, sin que exista un plan de manejo de cuenca o POMCA que permita generar ordenamiento.
$40 mil millones sin planificación
Gracias al seguimiento hecho por la Veeduría, se encuentra que las inversiones ejecutadas tanto por la Gobernación de Casanare como por la Alcaldía de Yopal en los últimos ocho años ascienden a más de $40 mil millones de pesos, la mayoría de ellas sin planificación. En el caso de la Administración Departamental, los contratos se hicieron de manera directa desde el Despacho del Gobernador de turno.
“Esos recursos ni han mitigado el problema, ni lo han mejorado. Por el contrario, lo que se observa es que se perdió totalmente la ronda de protección. A excepción de la franja del Parque La Iguana, que es la única que está protegiendo a Yopal, el río termina recargándose sobre la margen derecha y llevándose toda la ronda protectora, eso es grave porque indica que el río comienza donde está Yopal”, indicó la líder comunal.
En noviembre del año pasado, la Procuraduría General de la Nación envió a uno de sus funcionarios para que hiciera trabajo de campo y estableciera la posible afectación por todas las intervenciones denunciadas. De esa visita, se generó el informe técnico que les fue notificado a los integrantes de la Veeduría.
Omisiones de Corporinoquia
Señala el documento, que existen varias omisiones de parte de Corporinoquia en su función de control como autoridad ambiental, en temas como la existencia de una trituradora que está direccionando el cauce del río hacia la margen derecha. Se habla de igual manera, de las intervenciones que ha realizado la compañía Perenco a la altura del paso subfluvial del EPF Floreña – City Gate, frente al casco urbano de Yopal. (ver facsímil).
“Desde el 2008 que construyeron el City – Gate hubo una alteración dinámica que está documentada en un informe técnico en el marco de un proceso judicial contra Perenco. Ahí queda el primer antecedente técnico donde se afirma que hubo una alteración y hay un cambio con esa intervención, porque fue una excavación que se hizo a cinco metros de profundidad del lecho. Si se toca la base del río, necesariamente va a haber una alteración en toda la dinámica aguas abajo”, argumenta Diana Paola Perilla.
A esto se suma, todas las labores realizadas por Perenco cuando ha habido emergencias porque emerge el tubo, en las cuales desvían el cauce para poder hacer las reparaciones. Labores que según la Procuraduría no han contado con el acompañamiento o seguimiento de Corporinoquia. “Eso quiere decir que Corporinoquia está al margen de su competencia y eso es grave, porque estamos hablando del paso subfluvial de un tubo que transporta gas”.
Perilla Mojica cuestiona que se hayan entregado permisos o licencias para intervenir el cauce del río, cuando no existe el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca o POMCA actualizado, especialmente en lo que tiene que ver con las trituradoras. Según la líder comunal, esos permisos o licencias debieron suspenderse para revisarse, a ver si están cumpliéndose los parámetros bajo los cuales se otorgó ese contrato de concesión minera.
“Corporinoquia debería haber suspendido la Licencia Ambiental y revisarla, pero eso no se ha visto, por el contrario, han ampliado volúmenes de extracción para empresas que ni siquiera están inscritas al título minero porque en el título fue inscrita una persona natural y el que está haciendo el aprovechamiento es una persona jurídica. Eso es gravísimo porque a quien se le concesiona es quien debe explotarlo”, puntualizó la vocera de la Veeduría Ciudadana.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
El Gobierno nacional declaró libre de contaminación por minas antipersona más de 1.800 metros cuadrados de terrenos ubicados en los alrededores de la escuela del municipio La Salina, en el departamento de Casanare.
Las labores de desminado beneficiaron directamente a 58 personas de la comunidad e impactaron de manera indirecta a 83 más, quienes ahora transitan por el lugar y asisten a la escuela con tranquilidad, confirmó la Consejería Comisionada de Paz.
Las labores se iniciaron en el 2022 y estuvieron a cargo del grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) que designó al operador de desminado humanitario The HALO Trust para llevar a cabo las operaciones de despeje.
El área despejada es conocida como Camino Potrero Grande, está situada a tan solo 150 metros de una escuela veredal de este municipio, reconocido por sus minerales, café, cerros encumbrados y paisajes de inmensa belleza.
En coordinación con la Consejería Comisionada de Paz se adelantan actividades de educación en el riesgo de artefactos explosivos con los habitantes de las áreas intervenidas.
Estas actividades, dirigidas especialmente a niñas, niños y docentes, fueron fundamentales para promover el autocuidado y generar una cultura de comportamientos seguros dentro de la comunidad.
Con el compromiso de los operadores de desminado, el Gobierno trabaja en diversos territorios del país para salvaguardar la integridad de las comunidades, restableciendo sus derechos básicos y construyendo territorios más seguros.
Fuente: Presidencia de la República
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