CASANARE
Los baldíos son de los campesinos, no de las multinacionales
Causa algo de esperanza escuchar a candidatos al Congreso hablar de la defensa de la tierra, de la titulación a campesinos que han esperado toda una vida por sus escrituras, lucha en la cual ha sido protagonista el Senador JORGE PRIETO RIVEROS desde mucho antes de ser Congresista. Pero se siente indignación cuando se encuentran discursos a favor de esa causa, pero pronunciados por parte de candidatos y candidatas de Partidos que sistemáticamente han legislado en un sentido absolutamente contrario.
El Senador Jorge Prieto es un reconocido defensor de la consigna “la tierra para el que la trabaja”, por allá desde cuando ayudó a fundar el hoy Corregimiento La Chaparrera, motivo por el cual hicieron una escultura en su honor. Ya como Congresista, emprendió la batalla junto a Jorge Robledo para defender el derecho a la propiedad que tienen los campesinos que, por generaciones, y sin la ayuda del Estado, han trabajado la tierra en agricultura y ganadería.
Al Congreso de la República llegó un proyecto de Ley en el 2015, conocido como ZIDRES, que tenía su origen en el gobierno del expresidente Uribe y que por sexta vez intentaban tramitarlo en el legislativo. El proyecto tenía como objeto el “desarrollo del campo” impulsado por gigantes de la agroindustria internacional que se asociarían con los campesinos colombianos para lograr que la tierra sea más productiva. No existe un modelo de negocio más desventajoso para los campesinos, ya que, como ha sucedido en otros escenarios, los gigantes terminan absorbiendo al pequeño convirtiéndolo en un peón.
Pero lo más grave es que se abrió la puerta para que los terrenos baldíos, que según la Constitución son para los campesinos, sean entregados a multinacionales mediante figur
Aún retumban en los oídos de los campesinos, que han esperado por décadas las escrituras de sus fundos, esas palabras del Senador vocero del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, durante el último debate del proyecto: “lo que me gusta de este proyecto es que se aleja de la idea feudal de que lo importante es la titulación de las tierras…”. Para completar la desdicha, el Senador Carlos Felipe Mejía, también del Centro Democrático, le da la bienvenida a los beneficiarios de la Ley, dos de las más grandes multinacionales agroindustriales en el mundo: “no le tenga miedo Senador a las multinacionales como MONSANTO y CARGILL, que vengan y desarrollen este país…”.
En acto de responsabilidad y coherencia, el Senador JORGE PRIETO, junto al Senador Robledo, demandó la Ley por inconstitucional y aún se espera el fallo de la Corte Constitucional, razón por la cual no se ha implementado la norma. Lo correcto y lo justo es que se les titule las tierras a los campesinos y que por fin llegue la inversión estatal al sector rural de Colombia.
No contentos con el desenlace de la Ley Zidres, el Centro Democrático y un sector de la Unidad Nacional decidieron presentar un proyecto de ley que implementaría la “presunción de la buena fe” de los poseedores de las tierras para la adjudicación. Esto significa que se le podría legalizar la propiedad a los despojadores de tierras de la guerrilla y los paramilitares, a aquellos que durante el conflicto obligaron a los campesinos a vender sus tierras a precios irrisorios y que tienen hoy a testaferros o amigos como ocupantes poseedores. Difícil encontrar algo más maligno y de mala fe que una norma como esta.
Hoy, a pesar de la evidente posición de partidos como el Centro Democrático, La U, Cambio Radical, Conservador y Opción Ciudadana frente al tema de tierras, sus candidatos anuncian, sin pena alguna, propuestas contrarias a su ideario con el objetivo de engañar y convencer algunos incautos. La acostumbrada fórmula de la difamación, la mentira y esconder todo detrás del miedo al terrorismo, es el pan de cada día en la campaña.
Mientras tanto, JORGE PRIETO RIVEROS se prepara para continuar el trámite de su proyecto de ley de Agricultura Familiar y Economía Campesina que propone un modelo de desarrollo del campo de la mano de pequeños y medianos productores, y para dar nuevamente una defensa férrea de los campesinos en la discusión de la Ley de Tierras que se empezará a tramitar en marzo.
Fuente: Información Política Pagada
En su visita a Yopal, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Irene Molina, reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional con el fortalecimiento del sistema de salud en Casanare, anunciando que uno de los principales proyectos priorizados será la construcción y dotación de la torre de alta complejidad del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO). La funcionaria destacó que esta iniciativa hace parte de la red nacional de hospitales de mediana y alta complejidad impulsada por el presidente Gustavo Petro, con el propósito de mejorar la atención en salud en las regiones.
“Proyecto está en el corazón del Presidente”
Molina explicó que, aunque el DNP no es una entidad ejecutora, trabaja de manera articulada con la Gobernación de Casanare y el Ministerio de Salud en la búsqueda de mecanismos de financiación complementaria que garanticen la consolidación del proyecto. Indicó que ya existe un compromiso del ministro de Salud por 100.000 millones de pesos para la obra, y que se gestionan recursos adicionales desde Planeación Nacional para completar la dotación y equipamiento especializado que requiere la nueva torre hospitalaria.
Finalmente, Molina reiteró que la construcción y dotación de la torre del HORO está “en el corazón del Gobierno Nacional” y que su ejecución será posible gracias al trabajo conjunto entre las autoridades locales, departamentales y nacionales, bajo la visión de “Colombia, potencia mundial de la vida.”
Planeación Nacional y ENTerritorio S.A, junto a la Gobernación de Casanare, entregaron dos proyectos importantes dentro del ‘Pacto Territorial Casanare’, una estrategia del Gobierno Nacional para impulsar el desarrollo en los territorios. Las obras, en Aguazul y Yopal, mejoran la movilidad rural y la protección de comunidades frente a inundaciones.
En Yopal se entregó el proyecto de mejoramiento y pavimentación de la vía El Milagro – Yopitos, una conexión rural de seis kilómetros que facilita el transporte de productos agrícolas y mejora la movilidad entre veredas. La obra tuvo una inversión de $13.817 millones e incluyó la construcción de pavimento flexible, capas de mejoramiento y 14 alcantarillas que favorecen el drenaje y la seguridad vial de más de 12.000 habitantes.
Mientras tanto, en Aguazul, se entregó la obra de revestimiento del canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón; una solución para los sectores residenciales que por años padecieron las inundaciones. La intervención, con una inversión de $23.306 millones, contempló trabajos de canalización, instalación de barandas metálicas, tuberías pluviales, alumbrado y obras complementarias que benefician a más de 41.700 personas.
Según explicó Alfonso Cárdenas, director del Departamento Administrativo de Planeación, estas iniciativas forman parte de un trabajo articulado que busca responder a las necesidades reales de los casanareños mediante proyectos con impacto directo en sus comunidades.
En total, el ‘Pacto Territorial Casanare’ contempla tres proyectos con una inversión de $44.590 millones, de los cuales ya se registra una ejecución del 84,3%.
Gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Chámeza y la Gobernación de Casanare y a la ejecución del Instituto Financiero de Casanare (IFC), culminaron con éxito los puentes vehiculares Caracoleña y Tegüitana en este municipio en el municipio de Chámeza.
Dichas obras, que conectan entre otras veredas, Tegüita Baja, Tegüita Alta, Barriales, y La Palma, con la cabecera municipal de Chámeza ya cuentan con su respectiva prueba de carga y están listas para entregarse a la comunidad chamezana, este viernes 31 de octubre.
Los dos puentes vehiculares en concreto reforzado sobre las quebradas La Caracoleña y Tegüitana, mejorarán la conectividad rural y garantizarán el tránsito seguro de los habitantes de la zona y la comercialización de productos agrícolas.
Las nuevas estructuras se encuentran ubicadas en vías terciarias y cuentan con un carril sencillo de 4,0 metros de ancho, además de un andén peatonal de 0,90 metros y dos barandas de concreto reforzado, que aportarán seguridad a peatones y conductores.
Cada puente tiene una luz aproximada de 26,60 metros, entre caras de estribos, diseñada para resistir las condiciones hidráulicas de las quebradas y las cargas vehiculares propias del tránsito rural.
“Con estas obras, la administración departamental busca fortalecer la infraestructura vial del municipio de Chámeza, facilitar el acceso a las veredas, optimizar la movilidad de productos agrícolas y mejorar la calidad de vida de las comunidades que dependen de estas rutas”, dijo el gerente del Instituto Financiero de Casanare, Óscar Javier Araque Garzón.
Las obras fueron financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
