Con el objetivo de avanzar en su misión de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más atroces ocurridos, así como de definir la situación jurídica de los máximos responsables y de quienes no lo sean, la JEP ha puesto en marcha una estrategia interna para imprimir celeridad a los 11 macrocasos que investigan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los Derechos Humanos durante el conflicto armado.

Esta estrategia responde a la necesidad urgente de asegurar que los responsables rindan cuentas ante las víctimas, la sociedad y el país, al mismo tiempo que les permita resolver su situación jurídica para que puedan rehacer plenamente sus vidas en sociedad. Conscientes de los desafíos inherentes a las investigaciones de crímenes masivos, la JEP ha diseñado un plan integral que optimiza los recursos, incorpora nuevas tecnologías y refuerza la capacitación continua de los equipos.

Como parte de este plan de acción, y a través del Acuerdo de Órgano de Gobierno (AOG) No. 002 de 2025, se han establecido lineamientos claros para implementar una estrategia interna que agilice los procesos de instrucción. En ese sentido, se estableció que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) colaborará de manera coordinada con la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ).

Esta articulación con la UIA, principalmente, funcionará a partir de grupos de tareas especiales, encargados de recolectar elementos materiales probatorios, evidencia forense, información legalmente obtenida y otros medios de prueba, todo de acuerdo con las técnicas investigativas propias de la policía judicial.

Estos lineamientos son fundamentales para delimitar y orientar el cierre de las labores de instrucción. El enfoque busca optimizar los resultados dentro de la estricta temporalidad que establece la JEP. De este modo, no solo se implementan acciones para agilizar los procesos, sino que también se garantiza un acceso eficiente a la justicia, respetando los derechos de las víctimas y ofreciendo seguridad jurídica a los comparecientes, todo dentro del marco de la Justicia Transicional Restaurativa.

En ese sentido, por ejemplo, el AOG estableció que, mientras la UIA adelanta la fase de indagación sobre los hechos investigados y priorizados en los macrocasos, la Sala de Reconocimiento de Verdad continuará trabajando conjuntamente en la identificación de los hechos y conductas, así como en la determinación de los máximos responsables, para proceder con la formulación de la imputación en su contra.

Adicionalmente, a solicitud de la SDSJ, (encargada de definir la situación jurídica de aproximadamente nueve mil comparecientes), los fiscales de la UIA apoyarán la realización de las audiencias de aporte a la verdad de dichos comparecientes que transitan la ruta no sancionatoria para resolver su situación jurídica de manera definitiva. Asimismo, personal de la UIA llevará a cabo actividades de contrastación de los regímenes de condicionalidad.

Estos lineamientos internos también contemplan una estrategia para agilizar la activación de la ruta adversarial, destinada a los comparecientes que no reconocen responsabilidad por los crímenes imputados. Antes, la UIA solo recibía estos casos cuando la Sala de Reconocimiento expedía el Auto de Determinación de Hechos y Conductas. Ahora, el AOG introduce la figura de ‘remisiones adelantadas’, que permite remitirlos en cualquier etapa del proceso judicial, siempre que haya una manifestación expresa de no reconocimiento de responsabilidad.

Con este acuerdo, la JEP refuerza su capacidad institucional, adecuando la arquitectura, la articulación efectiva y la estrategia coordinada necesarias para cumplir con su misión de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado.

Fuente: Jurisdicción especial Para la Paz

La movilización de pasajeros por vía aérea desde y hacia Colombia durante enero de 2025 llegó a 5’117.000 registros en todas las terminales del país, lo que representa 361 mil viajeros más que en el mismo mes del año pasado, es decir, 7,6 % más que en el mismo mes del año pasado.

De acuerdo con la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil, durante el primer mes de 2024 se desplazaron en vuelos nacionales 2’863.000 personas (100 mil más que en enero de 2024), y en vuelos internacionales 2’254.000 (261 mil más que en ese lapso).

Estas cifras, según la Aerocivil, reflejan la confianza que existe en el sector y se suman al récord que registró el país en 2024, cuando alcanzó la movilización de más de 56 millones de pasajeros durante todo el año.

La movilización en aerolíneas como Avianca, Latam, Copa, Emirates, Gol, United, Aerogal, entre otras, se registró principalmente a destinos internacionales en las islas del caribe, que reportaron la llegada de 215.000 pasajeros a países como República Dominicana, Antillas Holandesas y Puerto Rico.

En cuanto a desplazamientos internos, el crecimiento fue de 3,6 % en enero de 2025, en especial para aerolíneas como JetSmart o Satena.

Movimiento de carga

De otro lado, la Oficina de Analítica de la Aerocivil informó que durante el mes pasado por vía aérea se movilizaron 80.231 toneladas de carga y correo, es decir, 2.712 toneladas más que en el mismo mes del año pasado (3,5 % más).

La movilización internacional de carga y correo aéreo fue de 69.722 toneladas en enero de 2025 (3,7 % más que en enero de 2024), y la movilización nacional llegó a 10.509 toneladas (2 % más que el año pasado).

Fuente: Aeronáutica Civil

El Gobierno nacional girará cerca de $820 mil millones para pagar el ajuste de los presupuestos máximos del sistema de salud correspondientes a la vigencia de 2022, según fallo de la Corte Constitucional.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió Resolución: “Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación y se ordena el pago de la suma por concepto de ajuste de presupuestos máximos de la vigencia 2022”.

Se trata de la reliquidación en el pago de estos recursos determinado y liquidado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES-, mediante acto administrativo, para dar cumplimiento a un fallo de la Corte Constitucional que ordenó la reliquidación de esa vigencia.

Mediante Auto 2049 de 2024, el tribunal constitucional ordenó ajustar los recursos de la vigencia 2022 destinados a financiar servicios, procedimientos y medicamentos que no están cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, tratamientos de alto costo y baja frecuencia como las llamadas enfermedades raras.

Con la Resolución 0369/2025, el Ministerio de Hacienda reconoce como “deuda pública de la nación” un total de $ 819.667 millones a favor de la ADRES y con cargo al rubro de Servicio de la Deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2025.

La ADRES, por su parte, se encargará de entregar estos recursos a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) que relaciona el documento, fondos que se harán en cuatro giros, así: en los meses de febrero, marzo y abril de 2025, tres giros cada uno por $200 mil millones; y en mayo, el último giro por $ 219.667 millones.

De esos $ 819.667 millones, cerca del 57 % ($ 467.197 millones) serán para las EPS del régimen contributivo, y el restante 43 % ($ 352.469 millones) se girarán al régimen subsidiado.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público