CASANARE
Unidad de Búsqueda recuperó 14 cuerpos en los cementerios de Villanueva y Monterrey
Durante dos semanas, el equipo forense de la Unidad de Búsqueda en Casanare adelantó la recuperación de 14 cuerpos no identificados, que corresponderían a personas que desaparecieron en el contexto del conflicto armado entre los años 2000 y 2005, en el sur del departamento de Casanare.
Para lograr la localización de estos cuerpos en los cementerios municipales de Monterrey y Villanueva, la investigación humanitaria y extrajudicial contó con aportes de información, cruces de fuentes, búsqueda en bases de datos, visitas de campo y apoyo interinstitucional, entre otros. Ésta investigación hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Suroccidente de Casanare.
La acción humanitaria inició en el cementerio municipal de Villanueva, donde en cinco días continuos de labores se recuperó igual número de cuerpos. Allí, el equipo forense conformado por un antropólogo, un topógrafo y una asistente forense, realizaron la apertura de varias bóvedas y dos fosas en tierra, que habían sido identificadas con datos recogidos en diálogos previos con aportantes de información.
Luego, el mismo equipo de trabajo se trasladó hasta el cementerio municipal de Monterrey, donde las labores de excavación en tierra, durante nueve días, permitieron la recuperación de nueve cuerpos más.
En total, fueron requeridos 14 días de labores continuas bajo complejas condiciones climáticas, las cuales no impidieron la realización de las actividades en campo.
Los cuerpos esqueletizados fueron dispuestos en cadena de custodia y luego trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que adelantará el proceso de identificación.
Ibeth Cáceres, experta técnica del grupo de trabajo de la Unidad de Búsqueda en Casanare, explicó que la investigación humanitaria y extrajudicial realizada en los dos municipios ubicados en el sur de Casanare, permitió identificar los cementerios de Monterrey y Villanueva como sitios de interés para la búsqueda y avanzar en acciones que fueron articuladas previamente con las alcaldías municipales. También resaltó que la intervención de estos sitios debe realizarse por fases, por lo que se tiene planeada una nueva intervención en dichos cementerios en 2025.
Estas acciones de recuperación de cuerpos se suman a otras realizadas en el transcurso de este año en los cementerios de los municipios de Yopal y Sácama, donde fueron recuperados 10 y 5 cuerpos, respectivamente.
La Unidad de Búsqueda en Casanare registra a la fecha 73 cuerpos recuperados que se adicionan a los esfuerzos por encontrar a aproximadamente 2.000 personas dadas por desaparecidas en el departamento y a las 111.640 en el país.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas – UBPD
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Michael Alexis Botía Gutiérrez, alias “Popi”, y a William Stiven Botía Gutiérrez, hermanos señalados de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en distintos sectores de Yopal. Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Las capturas se realizaron en flagrancia durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en una vivienda ubicada en el barrio Flor Amarillo de Yopal.
En medio del operativo, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, 13 cartuchos, cerca de 300 gramos de clorhidrato de cocaína, 600 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias alucinógenas.
Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Michael Alexis Botía Gutiérrez, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de las actividades ilegales que presuntamente desarrollaban los hermanos Botía.
La Alcaldía de Yopal adjudicó oficialmente el contrato para la demolición mecánica de las Torres del Silencio, proyecto de vivienda que durante cerca de 14 años mantuvo en vilo a sus ocupantes, por las protuberantes fallas estructurales que hacían temer que en cualquier momento iban a colapsar, por lo que las autoridades, después de un estudio de patología y muchas cosas más, determinaron que lo mejor era evacuarlas y demolerlas, para dar paso a un nuevo proyecto.
De acuerdo con el proceso publicado en SECOP II, la Licitación Pública fue otorgada a la empresa Ingoser Ingeniería de Obras y Servicios S.A.S., domiciliada en Fonseca, Guajira. Se presentaron cinco oferentes a nivel nacional, y tras cumplir cada una de las etapas únicamente Ingoser S.A.S. logró quedar habilitada en todos los requisitos exigidos.
El contrato fue adjudicado por un valor de $1.593.743.720, con un plazo de 45 días de ejecución y contempla la demolición de la infraestructura de las torres, una vez se complete la etapa de legalización y firma electrónica del contrato.
Luego de esta adjudicación, cuya audiencia final duró cerca de 8 horas con suspensiones y demás, la Alcaldía de Yopal debe dar inicio en próximos días, a la demolición de las Torres del Silencio, para que la Gobernación entre a construir el nuevo proyecto.
Un robusto dique construido en la vereda San Pascual en Yopal, ha devuelto la tranquilidad a más de 500 familias de El Amparo, San Pascual y El Barbillal, protegiéndolas de las fuertes crecientes del río Cravo Sur. La obra, entregada hace un año, ha permitido que comunidades campesinas vuelvan a sembrar y transitar con normalidad en zonas que antes eran arrasadas por el afluente.
Con la llegada de la actual temporada de lluvias, Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, realizó un monitoreo exhaustivo al comportamiento de la estructura. Los resultados confirmaron su efectividad, garantizando la protección de cultivos, viviendas y la vía de acceso, puntos críticos que históricamente sufrían las embestidas del río.
La obra, culminada en mayo de 2025, se ejecutó mediante la instalación de bolsas tipo big bag y mantos de control de erosión en un punto donde el afluente solía desbordarse. Durante años, las familias campesinas presenciaron cómo el río destruía sus sembrados, aislaba sus viviendas y convertía amplias zonas productivas en terrenos inservibles; un panorama que hoy ha cambiado radicalmente.
Este proyecto se erige como un modelo de articulación interinstitucional, involucrando al gobierno de César Ortiz Zorro, la Alcaldía de Yopal, diputados, el sector privado y la propia comunidad. El éxito y el impacto positivo de la intervención han llevado a que esta obra sea tomada como piloto para la construcción de cinco jarillones adicionales, que actualmente se están finalizando en los municipios de Paz de Ariporo, Nunchía, Trinidad, Aguazul y Villanueva.
