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REGIÓN

JEP compulsa copias para que investiguen políticos casanareños y araucanos señalados por “Otoniel”

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Ante la evidencia judicial que señala que un antiguo comandante de la Brigada XVII, seis agentes del Estado en Casanare y Arauca, y tres civiles, habrían contribuido a la consolidación del poder paramilitar en estos departamentos, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP compulsó copias para que la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Caso 08 de la misma sala los investigue.

La decisión es el resultado de un ejercicio de recaudo probatorio y contraste realizado por la magistratura, tras recoger el testimonio de Dairo Antonio Úsuga David, conocido como ‘Otoniel’. Esta diligencia se llevó a cabo los días 9, 10 y 11 de abril de 2024 en Estados Unidos, en el marco de los casos 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas, y 06, que se centra en la victimización de la Unión Patriótica.

La decisión, que fue el resultado de un proceso de contraste y recolección de pruebas, se dio después de recoger el testimonio entregado ante la JEP por Dairo Antonio Úsuga David, conocido como ‘Otoniel’, los días 9, 10 y 11 de abril de 2024 en Estados Unidos. Esta diligencia se llevó a cabo en el marco de los casos 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas, y 06, que se centra en la victimización de la Unión Patriótica.

 En este contexto, la JEP ordenó la compulsa de copias respecto a:

  • Julio Acosta Bernal, exrepresentante a la Cámara por Arauca, excónsul de Colombia en Singapur y exgobernador de Arauca, por facilitar el ingreso del Bloque Vencedores de Arauca y su participación en la expansión paramilitar en la región.
  • Helí Cala López, exgobernador encargado de Casanare y exrepresentante a la Cámara por el mismo departamento, por su presunto apoyo logístico a las AUC en Casanare.
  • Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, exdiputado y exgobernador de Casanare, por su presunta participación en la consolidación del poder paramilitar en la región.
  • Milton Rodríguez Sarmiento, exsenador, por su presunta colaboración en la financiación y apoyo al Bloque Centauros en Casanare.
  • Carlos Cárdenas Ortiz, exsenador, por su presunta participación en la consolidación del control paramilitar en Casanare.
  • Mayor General Carlos Omairo Lemus Pedraza, por su presunta connivencia con grupos paramilitares en Arauca, lo que permitió su expansión en la región durante su comandancia de la Brigada XVIII del Ejército Nacional entre 2000 y 2003.
  • Alfredo Guzmán Tafur, exalcalde de Tame, por su presunta contribución al establecimiento del Bloque Vencedores de Arauca.
  • Andrés Rueda Gómez, empresario y exsecretario de infraestructura de Casanare, por la presunta apropiación de recursos públicos en favor de las AUC en la región.
  • Sergio Hernández Gamarra, exrector de la Universidad de Cartagena, por su presunta colaboración financiera con las AUC en Casanare.
  • Sigifredo Gómez Torreglosa, contratista de la Universidad de Cartagena, por su presunta vinculación en la ejecución de contratos para financiar actividades paramilitares en Casanare.

En su testimonio, Úsuga se refirió a la presunta responsabilidad de los implicados en la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos. Según su relato, estos involucrados habrían colaborado con grupos paramilitares como el Bloque Centauros en Casanare y el Bloque Vencedores de Arauca, quienes perpetraron violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en dichas regiones.

Según su declaración, esta colaboración facilitó que los grupos paramilitares consolidaran su control territorial en Casanare y Arauca. Como resultado, cometieron violaciones graves como asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados, todo ello con la complicidad de actores locales y estatales, lo que permitió la perpetuación de estas atrocidades en las regiones afectadas.

La información proporcionada por Úsuga revela cómo, en Casanare, actores políticos y empresariales facilitaron recursos y contratos que financiaron las operaciones del Bloque Centauros, lo que permitió a este grupo incrementar su poder en la región. En Arauca, detalló cómo el Bloque Vencedores, una extensión del Bloque Centauros, contó con el respaldo de miembros de la fuerza pública y autoridades locales, consolidando así su dominio para combatir a otros grupos insurgentes y asegurar el control territorial.

De acuerdo con la magistratura, las conductas que motivaron esta decisión se relacionan con el presunto apoyo, financiación y promoción de grupos paramilitares. Por tal motivo, podrían enmarcarse en el delito de concierto para delinquir agravado, el cual se clasifica como un delito de lesa humanidad, conforme a lo indicado por la Corte Suprema de Justicia. Esto se debe, en parte, a que miembros del Bloque Centauros y del Bloque Vencedores de Arauca (BVA) de las AUC han sido declarados penalmente responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos entre, al menos, los años 2000 y 2006. Por tanto, el apoyo prestado a estas unidades del grupo armado podría ser considerado de carácter imprescriptible.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP

 

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En extrañas circunstancias falleció soldado araucano en Batallón de Villavicencio

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En extrañas circunstancias falleció el soldado Julio Mario Barrera Luna, quien según la Séptima Brigada perdió la vida por un disparo de su arma de dotación, la noche del viernes 25 de octubre dentro de las instalaciones de esa guarnición militar en Villavicencio.

En el comunicado el Comando de la Séptima Brigada, señaló que los hechos son materia de investigación y que el soldado se encontraba cumpliendo labores de centinela, cuando fue hallado sin vida por un compañero después de escuchar el disparo y acudir de inmediato al lugar.

Personal judicial especializado realizó los actos urgentes y se dio inicio a una investigación preliminar para determinar las circunstancias exactas de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.

Cabe destacar que, a lo largo del año, el Centro de Familia Militar de la Cuarta División del Ejército ha liderado diversas campañas de apoyo a los soldados, con el respaldo de psicólogos y del capellán de la unidad. Iniciativas como «Ámate y Vive» y «Alguien Depende de Ti» están orientadas a fortalecer el amor propio y el bienestar integral de nuestros hombres y mujeres.

Fuente: Cuarta División del Ejército Nacional – Séptima Brigada

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REGIÓN

Boyacá, judicializado exregistrador que habría facilitado documentos falsos a integrantes del ELN

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Mientras ejerció el cargo de registrador municipal en Cubará (Boyacá), Miguel Ángel Pinto Quintero presuntamente expidió actas de defunción, registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y otros documentos falsos para integrantes de las estructuras del ELN que tiene injerencia en el oriente del país.

En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público; y supresión, alteración o suposición del estado civil, cargos que no fueron aceptados.

Los elementos de prueba indican que, entre 2007 y 2018, el exfuncionario habría emitido documentación espuria, la cual fue utilizada por cabecillas y subalternos del frente de guerra oriental del ELN para ocultar su verdadera identidad o hacerse pasar como muertos, de tal manera que evadieron la acción de las autoridades.

Por disposición del juez de control de garantías, el exregistrador de Cubará seguirá vinculado a la investigación.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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REGIÓN

Avanza diálogo con productores de cebolla afectados por las pérdidas económicas

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La Secretaría de Agricultura de Boyacá ha entablado un diálogo con los productores de cebolla que reportan pérdidas significativas, debido a varios factores que han afectado la producción y sus ingresos.

Los voceros de los productores cebolleros dieron a conocer las principales causas de la crisis:

  • Bajos precios causados por el aumento desmedido de importaciones, ya que todas las plazas del país están llenas de cebolla importada y no se protege la producción nacional, pues los controles fronterizos no son suficientes para afrontar este problema.
  • Altos costos de producción, ya que el gremio cebollero colombiano no cuenta con una agricultura subsidiada como es el caso de Ecuador, lo que hace que sus costos de producción se reduzcan en un 50 por ciento.

Actualmente, la producción nacional de cebolla cubre la demanda del país, por tal motivo, se debe proteger la economía de las más de 100.000 familias que viven de este cultivo en más de 266 municipios productores, ubicados en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Nariño Santander, Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca Tolima y Huila.

Las casas proveedoras de semillas de cebolla han desarrollado material vegetal para variedad de pisos térmicos, lo que ha incrementado los cultivos. Adicionalmente, el esquema productivo nacional no cuenta con datos precisos del área de siembra, por lo cual se desconoce la producción real.

Los productores aseguran que otro punto clave a tener en cuenta es que Corabastos Bogotá, entidad de economía mixta de la cual hace parte el Gobierno nacional, es donde se fija el precio de los productos de la canasta familiar a nivel nacional, razón por la cual, se necesita intervención institucional, ya que, según ese gremio, “existe un monopolio desmedido de pocos comerciantes, quienes terminan pagando, de acuerdo con sus intereses, el trabajo del campesinado”.

Ante esta situación, el Gobierno departamental junto con la Asamblea de Boyacá ha entablado un diálogo con los actores afectados (representantes de los sectores productivos y organizaciones de agricultores) en el que se han escuchado las diferentes problemáticas que afronta el sector para explorar soluciones conjuntas que permitan superar la crisis.

Desde la Gobernación de Boyacá se hace un llamado a la acción de todas las entidades competentes del Gobierno nacional, en especial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Policía Nacional y Policía Fiscal y Aduanera, así como la Agencia de Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y CORABASTOS, para que se implementen medidas urgentes que apoyen a los productores.

Fuente: Gobernación de Boyacá

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