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Gobierno asegura que recursos de regalías por más de $12 billones están en riesgo de perderse
En rueda de prensa el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, al dar a conocer el diagnóstico sobre el Sistema General de Regalías (SGR), señaló que estarían en riesgo de perderse más de 12 billones de pesos que están comprometidos en 2.094 proyectos, debido a que se encuentran con contratos suspendidos y/o vencida su programación.
“A mi llegada al DNP debo manifestar que encontré un Sistema General de Regalías marchitado, en donde las irregularidades que hemos detectado con mi equipo, a cargo del subdirector General de Regalías, eran pasadas por alto, sin importar que miles de colombianos y de colombianas en sus territorios observan cómo el dinero de sus regalías quedaba en obras inconclusas, disfuncionales, suspendidas y con plazos vencidos”, indicó el director del DNP.
El informe preparado por el DNP muestra con evidencia que este marchitamiento trajo consigo el fortalecimiento de entidades ejecutoras como los fondos mixtos y debilitó la autonomía de varios entes territoriales, que se resignaron a no ejecutar directamente sus recursos de regalías por desconocer cómo estructurar y llevar a cabo diferentes proyectos de inversión.
“Esta fue una nueva modalidad de contratación para burlar la Ley 80 y burlar toda la transparencia y todo el ejercicio de seguimiento ciudadano”, indicó López Maya en su denuncia.
“En el año anterior a las elecciones y dentro de las elecciones comprometieron 17 billones de pesos. Yo no puedo probar que muchos de estos recursos se utilizaron para elegir congresistas o si se utilizaron en las campañas presidenciales. No lo puedo hacer. Por eso el reto que hoy tienen la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía es el reto más grande de la historia que tienen los órganos de control”, expresó el director de Planeación.
Y agregó: “Es aterrador que se haya reformado una norma en el 2020 por el gobierno de Iván Duque para anticipar 3,4 billones. Lo que nos encontramos es que ese fue el año donde mayor asignación de recursos de regalías se hicieron en el OCAD Paz y en regalías generales, por 17 billones de pesos, previo a las elecciones de Congreso y a las elecciones de Presidencia”.
Panorama de los proyectos y los recursos de regalías
El director López Maya explicó que entre 2017 y 2024 han sido aprobados 19.393 proyectos con recursos de regalías por valor de $68,54 billones, de los cuales el 55% ($38 billones) fueron aprobados entre 2021 y 2023, representando así los años de mayor concentración de recursos de la historia.
De estos 19.393 proyectos, el informe del DNP revela que 12.106 proyectos, por valor de $29 billones, han sido terminados. En tanto que 656 proyectos, por $2,3 billones se encuentran aún sin contratar, y 6.631 proyectos, por valor de $37 billones, se encuentran en ejecución.
Irregularidades
Al revisar los 2.094 proyectos en riesgo, que suman más de 12 billones de pesos, el informe de DNP plantea las siguientes irregularidades:
• 1.497 proyectos, por más de 9 billones de pesos, presentan plazo de ejecución vencida.
• 301 proyectos, por más de 1 billón de pesos, tienen todos los contratos suspendidos.
• 296 proyectos, por cerca de 2 billones de pesos, tienen todos los contratos suspendidos y los plazos vencidos.
Los elefantes blancos de regalías
Al revisar los 12.106 proyectos que se registran como terminados, el Departamento Nacional de Planeación encuentra que 277 proyectos, por valor de $1 billón, fueron declarados presuntamente como terminados, pero el avance físico de la obra no supera el 85%.
Otros 58 proyectos, por valor de $228.000 millones, fueron declarados presuntamente como “terminados”, a pesar de que las entidades territoriales decidieron no continuar con la ejecución de las obras por irregularidades técnicas, jurídicas y administrativas.
Y se suman los 2.133 proyectos, por valor de $3,5 billones, que no registran en el sistema el acta de terminación y entrega a satisfacción de la obra.
Concentración de los recursos
“Al revisar la concentración de recursos en los entes territoriales, encontramos que solo 20 municipios concentran $11 billones en 2.156 proyectos, de los cuales Puerto Gaitán y Valledupar han recibido más de $1,1 billones cada uno y, sin embargo, sus índices de pobreza multidimensional se encuentran en 30,5% y 49,8% respectivamente, lo que demuestra que los recursos que reciben por cuenta del Sistema General de Regalías no han sido dirigidos al cierre de brechas y a la reducción de las necesidades básicas insatisfechas de su población”, puntualizó el director Alexander López.
Siguiendo el análisis sobre la concentración de los recursos del Sistema General de Regalías, de los $68,54 billones administrados entre 2017 y 2024, el 32% de los recursos que debían ser ejecutados por los municipios y los departamentos, los realizan otros ejecutores como los fondos mixtos, esquemas asociativos, las fundaciones, las agencias y las empresas de servicios públicos.
“Son $22,11 billones que debían estar en cabeza de los entes territoriales y que se encuentran en manos de otros ejecutores en 4.728 proyectos que hemos empezado a visitar desde mi llegada y de los cuales, hasta ahora, hemos encontrado que 156 proyectos por $773.000 millones se encuentran con todos los contratos suspendidos por presuntas irregularidades en la ejecución de las obras”, agregó el director del DNP.
Los ‘megacontratistas’ del SGR
El informe del DNP muestra que solo 11 ejecutores concentran $6,6 billones:
1. La Agencia de infraestructura del Meta con 55 proyectos por $1,2 billones y 174 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.
2. La Fundación Universidad del Valle con 101 proyectos por $770 mil millones y 12 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.
3. El Fondo Mixto para la promoción del deporte con 85 proyectos por $698 mil millones y 18 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.
4. El Fondo Mixto Sierra Nevada con 164 proyectos por $698 mil millones y 8 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.
5. Foncolombia con 153 proyectos por $368 mil millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.
6. AREMCA con 116 proyectos por $610.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades
7. ASOMUDACAR con 115 proyectos por $421.000 millones y 1 reporte a órganos de control por presuntas irregularidades
8. ASOSUPRO con 70 proyectos por $369.000 millones y 1 reporte a órganos de control por presuntas irregularidades
9. La Empresa de servicios públicos de Casanare con 30 proyectos por $589.000 millones y 7 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades
10. La Empresa de servicios públicos del Meta con 72 proyectos por $485.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades
11. DISPAC con 9 proyectos por $421.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.
Plan de mejora para proteger los recursos
Con el análisis de diagnóstico, el director del DNP, Alexander López Maya, indicó las cuatro acciones que se van a tomar para proteger los recursos del Sistema General de Regalías:
“Hemos expedido la circular conjunta 0052-4 de 2024, junto a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para endurecer los controles y para proteger los recursos provenientes del Sistema General de Regalías”, dijo.
“En segundo lugar, en los próximos días suscribiremos un convenio con la Fiscalía General de la Nación para capacitar a los equipos de la Fiscalía en materia del Sistema General de Regalías y compartir información en tiempo real con el objetivo de atender con prontitud cualquier irregularidad en la ejecución de cualquiera de los proyectos financiados con fuente SGR”, destacó López Maya.
La tercera medida es que todos los ajustes solicitados a proyectos serán verificados en territorio para revisar que cumplan con todos los requerimientos técnicos y administrativos y se firmará un convenio con las juntas de acción comunal para contar con el control social que permita que la ciudadanía vigile los proyectos ejecutados en región con fuente del Sistema General de Regalías.
Llamado a los organismos de control
El director del DNP hizo un llamado de urgencia a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que investiguen con celeridad los 2.094 proyectos en ejecución en el Sistema General de Regalías que se encuentran en riesgo de pérdida de recursos por proyectos que cuentan con todos los contratos suspendidos y/o con la programación de proyectos vencida, según el sistema de seguimiento de información de los proyectos de regalías conocido como GESPROY.
“Solo para que se hagan una idea, con estos más de 12 billones de pesos en riesgo lograríamos solucionar definitiva e integralmente el acceso al agua de todo el pueblo de La Guajira; podríamos realizar el acueducto y alcantarillado de Quibdó, el acueducto y alcantarillado de Buenaventura, el acueducto de Tumaco y el abastecimiento de agua potable de todo el Urabá”, concluyó López Maya.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) informó que en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) se ha finalizado el periodo de aplicación del mecanismo para el sostenimiento de la confiabilidad, al pasar del estado de riesgo a vigilancia.
Esta decisión fue adoptada en aplicación de la Resolución CREG 101-063 de 2024, que habilita la desactivación de las medidas establecidas en el marco del mecanismo para el sostenimiento de la confiabilidad, dado la mejora en los aportes en donde las cantidades embalsadas superan a lo esperado en la senda de referencia.
El cambio de estado, confirmado tras la evaluación realizada por el operador del sistema, refleja una mejora en las condiciones de las reservas hídricas del sistema. Durante los últimos 12 días, los aportes hídricos mostraron un incremento sostenido, permitiendo un aumento en los niveles de los embalses. Este comportamiento habilitó la transición del estado de riesgo al estado de vigilancia, desactivando las medidas temporales implementadas desde inicios de octubre.
Durante el periodo de aplicación del estatuto, activado se implementó un mecanismo de ajuste de las ofertas de las plantas hidráulicas para mejorar el embalsamiento. Asimismo, se adoptaron medidas complementarias, como el mecanismo transitorio de respuesta a la demanda, la entrega de excedentes de energía por parte de los autogeneradores y la promoción de contratos de largo plazo, con el objetivo de estabilizar las tarifas de energía.
El operador del sistema de acuerdo con las indicaciones de la CREG continuará realizando un seguimiento semanal de los niveles de los embalses. Esto garantizará la vigilancia activa de las condiciones del SIN y permitirá la toma de decisiones oportunas en caso de detectar nuevas tendencias
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
En lo corrido del año la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha recibido más de 150 denuncias de campesinos y comunidades étnicas víctimas de estafa a manos de falsos tramitadores que les exigen sumas de dinero como condición para acceder a la adjudicación de tierras en el país.
Ante la gravedad de los hechos, la ANT, a través de su Oficina Jurídica y la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, presentó los primeros casos ante la Fiscalía General de la Nación para su respectiva investigación y sanción a los responsables.
“Ya hemos interpuesto más de siete denuncias en la Fiscalía asociadas a los temas de Reforma Agraria. Primero, falsos tramitadores que están engañando a campesinos recogiéndoles dinero y recursos para ser beneficiarios de la Reforma Agraria. Hay intermediarios que también han intentado persuadir a propietarios para que accedan a ellos en el marco del programa de compra”, dijo el director de la ANT, Felipe Harman.
Al respecto, la ANT dio a conocer algunos de los casos de estafa contra los campesinos que quieren tierra fértil en Bolívar, Llanos Orientales, Huila y Tolima.
En el departamento de Bolívar, más de 3.000 familias campesinas de municipios como Cartagena, Santa Catalina, Arjona, María la Baja, Santa Rosa de Lima, Turbaco y Villanueva podrían estar siendo víctimas de estafas por parte de falsos tramitadores.
“El líder de una de las asociaciones campesinas de la zona cobra a sus afiliados (campesinos postulados a procesos de adjudicación) sumas mensuales que oscilan entre $30.000 y $40.000 afirmando que el pago es necesario para “la eficacia y progreso de la gestión”.
La ANT calcula que, a través de esta modalidad, están haciendo recaudos mensuales que superan los $120 millones.
En los Llanos Orientales también engañó a comunidades
Entre tanto, en los Llanos Orientales se denunció que un individuo, haciéndose pasar por funcionario de la ANT, organizó convocatorias en espacios públicos de Villavicencio para engañar a comunidades campesinas.
Este hombre exigía pagos que oscilaban entre $3 y $7 millones a cambio de garantizar supuestos cupos para la adjudicación de tierras en zonas rurales de San Martín, Puerto López y San Carlos de Guaroa.
En los departamentos del Huila y Tolima aparecen registradas por las autoridades las acciones de un hombre que se identifica como ‘Huberlín’, quien utiliza logos y documentos oficiales expedidos por la Agencia, los cuales falsifica brindando información falsa sobre entrega de tierras y señalando costos que deben efectuarse para este propósito.
Esta persona solicita a la población rural la entrega de sumas de dinero como “$1.000.000 m/cte. aproximadamente”, con el compromiso de “gestionarle más rápido el trámite”.
Los trámites son gratuitos
Sobre el particular, César Santoyo Santos, jefe de la oficina del Inspector de Gestión de Tierras de la Agencia, señaló que es relevante indicar que en la ANT los trámites gozan de gratuidad.
Fuente: Agencia Nacional de Tierras (ANT)
Finaliza el año escolar, época en que estudiantes y padres de familia concentran su interés en saber si se pasó el año o no, e iniciar los procesos de matrícula. En este sentido, y con el ánimo de dar respuesta a una inquietud recurrente de si es posible pasar el año por Decreto, el Ministerio de Educación explica en detalle la normatividad que rige este aspecto.
Hace algunos años viene circulando entre la comunidad educativa la premisa que es posible pasar un año escolar por decreto y que los estudiantes no pueden perder el año sin importar su nivel académico. Esta información es derivada a raíz del Decreto 230 de 2002, que limitaba al 5% el número de estudiantes que podían perder el año en una institución educativa; esto representaba que estudiantes con bajo rendimiento académico eran promovidos al grado siguiente, lo cual generaba alivio entre los estudiantes, pero a su vez cuestionamientos sobre la calidad educativa.
Sin embargo, es importante saber que esa normativa quedó atrás, y su aplicación ya no es parte de las políticas educativas actuales dado que en el año 2009 con el Decreto 1290 que actualmente está compilado en el Decreto 1075 de 2015, el cual marcó una nueva ruta en los criterios de promoción de los y las estudiantes, estableció que cada institución educativa tiene la autonomía de definir sus propios criterios de evaluación y promoción escolar. Ya no existe un límite al número de estudiantes que pueden perder el año, ni un porcentaje fijo de inasistencias que determine la repitencia escolar.
Adicionalmente, este decreto 1290 incluye la garantía del derecho a la continuidad en la educación, pues así el estudiante no sea promovido, el colegio está obligado a asegurarle el cupo para continuar su proceso formativo. Esto significa que, aunque los criterios de promoción se decidan dentro de cada institución, el objetivo es que la educación sea continua y justa, adaptándose a las necesidades y características de cada alumno. Por su parte, los directivos y docentes deben definir políticas justas para la promoción de estudiantes, basadas en la mejora continua. Es fundamental que la comunidad educativa participe en la creación de estos sistemas de evaluación, para fomentar un ambiente educativo que priorice el desarrollo integral de los estudiantes.
En resumen, aunque el mito del “pasar el año por decreto” persiste, la realidad es que esto pasó a ser un mito y no es una normatividad vigente. Las instituciones educativas gozan de autonomía en sus criterios de promoción, aunque también están obligadas a garantizar a que prime el derecho a la educación.
Y sobre la matrícula condicional, ¿qué dice la normatividad?
La matrícula condicional suele ser otro de los temas recurrentes en esta época del año y en temporada de matrículas, donde los estudiantes son promovidos al grado siguiente, pero con un compromiso de mantener un comportamiento y un nivel académico destacado que garantice su continuidad en dicha institución.
Frente a este tema, desde el Ministerio se informa que esta medida disciplinaria debe estar respaldada por un proceso justo, en el cual el estudiante tiene derecho a defenderse y a cuestionar las pruebas en su contra. La Corte Constitucional enfatiza la importancia del derecho a la educación y el debido proceso, especialmente en contextos sancionatorios, principalmente cuando no existen parámetros claros sobre las causales de aplicabilidad de sanciones dentro de los manuales de convivencia o reglamentos internos de las instituciones.
Cada institución tiene autonomía para crear su propio manual de convivencia, siguiendo las directrices de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015. En este sentido, la recomendación es que los establecimientos adopten y construyan de manera conjunta con todos los actores (directivos, docentes, estudiantes y padres de familia) un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que incluya normas y procedimientos detallados, como derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones, faltas y sanciones de los estudiantes por las eventuales violaciones de las normas de comportamiento adoptadas al interior de la institución o incumplimiento de sus obligaciones académicas.
Estas normativas aseguran que, por ejemplo, la reprobación de un grado por primera vez no sea motivo de exclusión, a menos que esté claramente estipulado en el reglamento institucional o el manual de convivencia. Así, las instituciones educativas tienen la competencia para establecer sus propias normas de convivencia, siempre respetando los principios constitucionales del debido proceso y garantizando una educación continua y de calidad para todos los estudiantes.
Fuente: Ministerio de Educación
