META
Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas intervino cementerio de Fuentedeoro
Un total de 19 cuerpos fueron recuperados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) durante la primera fase de intervención al cementerio municipal de Fuentedeoro, en el Meta.
Esta acción es el resultado de la investigación humanitaria y extrajudicial que busca aliviar el dolor de los familiares de las cerca de 9.500 personas desaparecidas en este departamento por cuenta del conflicto armado.
De esta manera, la Unidad de Búsqueda avanza en su apuesta por la caracterización de cementerios, tal como es el caso del camposanto de Fuentedeoro, que fue caracterizado en el marco de un convenio suscrito por la entidad con la Pastoral Social y en el que se definió 56 sitios de interés forense en dicho predio. “Estamos satisfechos de haber hecho un trabajo que permita la recuperación de los cuerpos de personas que fueron desaparecidas en el marco del conflicto armado”, dijo Tatiana Suárez, de la Pastoral Social.
En todo el país, la Unidad de Búsqueda ha determinado que en los cementerios hay un número importante de cuerpos no identificados y de cuerpos identificados no reclamados, por lo que el ejercicio de caracterización se convierte en un insumo importante para la búsqueda de los desaparecidos a partir del trabajo coordinado con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Después de este avance y con la información recabada en el ejercicio de caracterización realizado por Pastoral Social y contrastada en la investigación realizada por la Unidad de Búsqueda, se identificaron protocolos de necropsia, actas de levantamiento, cartas dentales y demás documentación que prometía impulsar la identificación de los cuerpos. Sin embargo, se presentaron retos importantes dado que el cementerio históricamente no ha contado con un sistema de nomenclatura, organización ni marcación en las bóvedas o sepulturas.
Durante los 10 días de intervención, el equipo forense de la Unidad de Búsqueda intervino 17 puntos de interés forense, 15 en bóvedas y dos en tierra, en donde se recuperaron 19 cuerpos, de los cuales se estableció que seis no eran competencia de la Unidad de Búsqueda, ocho fueron enviados para análisis a Instituto de Medicina Legal y cinco se asociaron con los protocolos de necropsia analizados.
Las acciones de investigación continúan avanzando por parte de la Unidad de Búsqueda para encontrar a las familias buscadoras que puedan relacionar a sus seres queridos desaparecidos con quienes se encuentran inhumados o han sido recuperados de este cementerio. Para octubre de 2024 se proyecta realizar la segunda fase de intervención, teniendo como meta recuperar los cuerpos que se encuentren en los 39 sitios de interés forense faltantes.
El proceso para la verificación
Hasta el cementerio de Fuentedeoro llegó un equipo forense de la Unidad de Búsqueda integrado por profesionales en disciplinas como antropología, criminalística, topografía, geofísica, medicina y odontología, quienes adelantaron las acciones humanitarias de prospección, recuperación y el proceso de verificación de correspondencia de información post mortem con cada cuerpo recuperado.
Este equipo interdisciplinario vio las dificultades que presentaba el cementerio para lograr relacionar los protocolos de necropsia y demás información encontrada durante la investigación con los cuerpos inhumados. Así fue como con cada hallazgo el equipo extendía las estructuras óseas, para cotejar la información obtenida previamente con las particularidades encontradas tales como fracturas, prendas de vestir, lesiones, traumas e información odontológica que permitiera establecer una posible correspondencia o asociación.
Según Diana Paola Viveros, coordinadora de la UBPD en el Meta: “Continúa la enorme e imparable tarea para encontrar a las familias de las personas que desaparecieron y cuyos cuerpos se quedaron en este cementerio. Por esto, invitamos a quienes tengan personas que hayan desaparecido entre 1999 y 2007 a acercarse a la entidad y hacer la solicitud de búsqueda para que empecemos a comparar información. Quizá alguno de estos cuerpos pueda corresponder a su familiar”.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
