META
JEP expulsó a Mayor (r) del Ejército que siguió delinquiendo y ahora está prófugo
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz determinó que Rodríguez Agudelo, quien comparecía en el Caso 03, cometió actos que atentan contra la consolidación de la paz y la no repetición del conflicto al transportar granadas, explosivos, municiones de distintos calibres y armas de fuego el 10 de abril de 2024, en una carretera de Norte de Santander.
La Sala compulsó copias a la Fiscalía para que Rodríguez Agudelo sea investigado por el delito de cohecho, el cual pudo haberse materializado al pagar a integrantes de la Policía para que le ayudaran a escapar de la estación de Cúcuta el 21 de abril de 2024. Desde ese día, el compareciente se encuentra prófugo de la justicia.
Este Mayor (r) del Ejército, condenado en la justicia ordinaria por múltiples delitos en 14 procesos judiciales, fue beneficiado por la JEP en 2018 con libertad transitoria condicionada y anticipada en su calidad de compareciente del macrocaso No. 03 “Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, subcaso Meta.
Así las cosas, Rodríguez Agudelo pierde la totalidad de tratamientos especiales y beneficios otorgados, asimismo todos sus procesos son remitidos a la jurisdicción ordinaria.
-Luego practicar todas las pruebas decretadas en el incidente de incumplimiento contra el mayor retirado del Ejército Juan Carlos Rodríguez Agudelo, conocido como ‘Zeus’, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP contrastó la información y decidió expulsar al compareciente, quien se encuentra prófugo de la justicia, tras determinar que cometió conductas que atentan contra la consolidación de la paz y las garantías de no repetición del conflicto armado.
De acuerdo con la Sala, Rodríguez Agudelo incumplió gravemente y de forma injustificada sus compromisos con la JEP. El primer hecho que se tuvo en cuenta para tomar la decisión ocurrió el 10 de abril de 2024, cuando se le halló transportando de forma coordinada, en una carretera de Norte de Santander, diversos elementos de guerra como granadas, explosivos, munición de distinto calibre y armas de fuego que le fueron confiscadas por las autoridades.
Vinculado con falsos positivos en el Meta
El segundo hecho que fue analizado por el magistrado relator del Subcaso Meta – Caso 03 se reportó 11 días después, el 21 de abril de 2024, cuando el compareciente se fugó de la Estación Central de Policía de Cúcuta, donde permanecía detenido por orden judicial. Para tomar la decisión respecto a este compareciente, vinculado al Caso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, la sala también tuvo en cuenta que no se presentó ante la Jurisdicción cuando fue requerido.
“Se considera que la violación del señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo es grave y realmente constituye un incumplimiento a los fundamentos del Acuerdo de Paz, debido a que se cuentan con bases suficientes para entender que el incidentado retomó la vida armada”, expuso el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, correlator del Caso 03, durante la Audiencia de Verificación de Incidente de Incumplimiento que se llevó a cabo este miércoles en la JEP.
Se fugó de la justicia y hace parte de un grupo delincuencial
Asimismo, la Sala determinó que es posible inferir que el mayor (r) Juan Carlos Rodríguez Agudelo no solo hace parte de un grupo organizado delincuencial, sino que ejercer un rol de liderazgo en el mismo, ya que logra que otras personas actúen en pro de sus intereses y beneficios. En su decisión, la magistratura puso en evidencia que el compareciente expulsado cuenta con una capacidad económica que le permitió coordinar movimientos de vehículos e incluso planificar su escape del centro de reclusión.
El mayor (r) Juan Carlos Rodríguez Agudelo compareció durante 10 sesiones en el marco de la investigación del Subcaso Meta – Caso 03 por hechos ocurridos en la Séptima Brigada del Ejército. En desarrollo de sus declaraciones, el oficial reconoció su responsabilidad por la ejecución de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, así como por los asesinatos de militantes de la Unión Patriótica y se refirió a la responsabilidad de otras personas en ellos.
La Sala advirtió que la expulsión es proporcional porque, en el marco del Acuerdo Final de Paz, la sociedad colombiana concedió amplísimos beneficios para las partes del conflicto armado, a cambio de sus aportes a la superación de este, lo que supone un compromiso estricto que deben honrar. “Traicionar este sacrificio volviendo no solo a las actividades criminales sino a la lucha armada que pretende disputar el monopolio de la fuerza del Estado, debe tener las más rigurosas consecuencias”, afirmó la sala.
Al ser expulsado de la JEP, Rodríguez Agudelo pierde la totalidad de los tratamientos especiales y beneficios otorgados, como la suspensión de órdenes de captura, la privación de la libertad en unidad militar, la libertad transitoria condicionada y anticipada. Sus procesos serán remitidos a la jurisdicción ordinaria. En la misma decisión, la sala compulsó copias a la Fiscalía para que Rodríguez Agudelo sea investigado por el delito de cohecho, el cual pudo haberse materializado al pagar a integrantes de la Policía para que le ayudaran a escapar de la Estación Central de Policía de Cúcuta.
En su decisión, la magistratura advierte que la expulsión de Rodríguez Agudelo no afecta el contenido ni la valoración de la información que aportó en sus declaraciones cuando fue requerido por la Sala de Reconocimiento en el marco del Subcaso Meta – Caso 03. Las actuaciones judiciales y el esclarecimiento de los hechos sobre los que aportó información continúan siendo contrastados en el marco del proceso de investigación.
El incidente de incumplimiento contra Rodríguez Agudelo fue abierto por la sala el 18 de abril de 2024, después de que se conociera a través de los medios de comunicación que había sido capturado en la vía pública de Norte de Santander mientras transportaba múltiples elementos de guerra. Tras el hallazgo, se le formularon cargos y se le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó la compensación a una mujer y a su hijo, quienes fueron desplazados de su finca ‘La Esperanza’ en la vereda Manzanares del municipio de Acacías, Meta. Esta decisión se destaca por su enfoque diferencial, reconociendo las particularidades de los sujetos en condición de especial protección, en este caso, debido a la situación de analfabetismo que enfrenta la madre.
La historia de esta familia se remonta a 1978, cuando el padre de la mujer adquirió el predio de siete hectáreas. En 1983, el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) le adjudicó oficialmente la propiedad. En ‘La Esperanza’, construyeron un hogar donde cultivaban plátano, café y yuca. Pero en 1991 falleció el padre y la hija continuó luchando por mantener su hogar y darle sustento a su hijo.
Les tocó salir del predio
No obstante, el año 2002 marcó un antes y un después en sus vidas. Guerrilleros de las Farc, que hacían presencia en la zona, llegaron a su vivienda para informarles que debían abandonar el predio debido a inminentes enfrentamientos entre el Ejército y los paramilitares. Sin más opciones, madre e hijo huyeron hacia Villavicencio, dejando atrás sus tierras, cultivos y pertenencias.
Con el paso del tiempo y tras la implementación de la Ley 1448 de 2011, esta mujer decidió recuperar su hogar. Acudió a la Unidad de Restitución de Tierras, (URT), que llevó su caso ante la justicia. Hoy, el juez especializado ordenó la compensación, por lo que la entidad deberá comprarle un nuevo predio con condiciones similares al que abandonó forzadamente.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Debido a los incumplimientos y deficiencias en la presentación de los Informes, de Cumplimiento Ambiental, Cormacarena capacitó y sensibilizó a 68 de los 129 titulares mineros en 21 municipios del departamento, quienes están a cargo de la explotación de estos recursos. De estos, el 85 % corresponde a material de arrastre, como gravas y arenas, extraídos de los cauces de los ríos, mientras que el 15 % restante corresponde a material de cantera, como materiales de construcción extraídos de yacimientos a cielo abierto.
“Agradecemos enormemente a la corporación por este tipo de espacios que nos ayudan como titulares mineros a un mejor reporte de toda la información ambiental y a que todos los proyectos mineros sigan siendo representativos y sostenibles en el territorio. La capacitación fue muy clara y pudimos identificar varios errores en los que hemos incurrido, la idea es ampliar la información a todo el resto de profesionales y presentar la información como Cormacarena la requiere”, destacó Ana María Saldarriaga, representante de la empresa minera AGREMET S.A.
Para desarrollar la minería legalmente constituida en el departamento del Meta, los titulares mineros con licencia ambiental otorgada por Cormacarena deben presentar obligatoriamente el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), un instrumento indispensable que evalúa y verifica el cumplimiento de los programas del Plan de Manejo Ambiental mitigando, corrigiendo o compensando los impactos negativos que puedan causar las actividades extractivas al ambiente o a las comunidades cercanas.
Entre los temas abordados, se incluyeron los planes de compensación y los planes de inversión forzosa de no menos del 1%, necesarios para compensar los impactos negativos en el ambiente y asegurar que las empresas mineras operen de manera responsable.
Fuente: Comunicaciones Cormacarena
La comunidad de Villavicencio aún no sale del estupor y repudio causado por la noticia conocida el sábado 22 de marzo en horas de la mañana, donde un joven habría asesinado a sus padres en una vivienda del barrio Kirpas de la capital del Meta, con múltiples heridas de arma cortopunzante.
Se conoció que el joven, identificado como Juan David Perdomo Wehdeking, huyó en un vehículo de la familia, por lo que se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de sus padres José Luis Perdomo Sánchez y Sonia Wehdeking, y de inmediato se activó su búsqueda.
El presunto atacante fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en una vía pública frente a un centro comercial en el sur de Bogotá, donde habría huido para evadir la acción de las autoridades. Durante las audiencias concentradas, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que fue aceptado por el procesado.
El material probatorio recopilado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió establecer que el procesado habría atacado con un arma cortopunzante a sus papás de 45 y 46 años, en varias partes del cuerpo causándoles la muerte y posteriormente huyó del lugar. Fue tal la sevicia con la que atacó a sus progenitores, que el cuchillo utilizado para tal fin se partió, como lo aseguró el fiscal que imputó los cargos durante las audiencias concentradas.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al sujeto, cuyo actuar aún mantiene conmocionada a la comunidad en el departamento del Meta. Los padres había llegado hace 8 días a la ciudad de Villavicencio desde Bucaramanga, para acompañar a su hijo en el proceso de iniciar estudios superiores.
El día de los hechos, la ciudadanía alertó a las autoridades sobre una riña que se estaba presentando en un inmueble en el barrio Kirpas, donde vivía Perdomo Wehdeking y sus padres.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
