ARAUCA
Rescatan a familia confinada por incursión de grupo armado ilegal en Puerto Rondón
Una mujer y cinco menores de edad de 2, 5, 7, 10 y 12 años fueron rescatados por una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo de Colombia, pues se encontraban confinados en una finca en zona rural de Puerto Rondón, Arauca, a causa de la incursión, el pasado 20 de julio, de una estructura armada ilegal.
Las seis personas fueron llevadas a un lugar seguro por funcionarios de la entidad nacional de derechos humanos, adscritos a su Regional Arauca, donde fueron recibidas por el personero municipal de Puerto Rondón, quien procedió a activar de inmediato la ruta de protección.
La misión señaló que estando en el territorio, verificó los derechos de quienes habitan en las veredas Normandía, El Progreso y La Esmeralda, jurisdicción del municipio en mención, y constató que se desconoce el paradero de varios lugareños, entre los que hay menores de edad, motivo por el cual la Defensoría reitera tener a disposición sus canales humanitarios, a fin de contribuir a la liberación de quienes puedan estar bajo el yugo de los actores armados no estatales.
Hay desplazamiento y confinamiento masivos
A raíz de la incursión armada, la Defensoría del Pueblo evidenció que está siendo configurado un desplazamiento interveredal de 15 familias (alrededor de 70 personas) hacía Normandía, así como el también desplazamiento de 24 familias (64 personas) hacia el casco urbano de Puerto Rondón. Igualmente, evidenció el confinamiento de quienes viven en las veredas El Progreso, La Esmeralda, El Paisaje y Normandía.
La situación, la cual ha generado temor en las comunidades y contraría los postulados del derecho internacional humanitario (DIH), obligó a la suspensión de clases en las escuelas de la zona rural afectada, lo que a todas luces vulnera flagrantemente el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.
El panorama y recrudecimiento de la violencia en los municipios de Tame, Puerto Rondón y Arauquita, en Arauca, no cesa. Es por ello que la Defensoría insiste en su llamado a las organizaciones armadas ilegales que delinquen en el departamento: respeten los derechos humanos y no infrinjan lo establecido en el DIH, dejen al margen de su accionar indiscriminado a la población civil.
En el desarrollo de un Comité Territorial de Justicia Transicional, la institución garante de los derechos humanos les solicitó a las autoridades la atención inmediata para las familias y comunidad en general afectadas y activación de las medidas de protección que salvaguarden su vida e integridad.
La Defensoría del Pueblo mantiene vigente la Alerta Temprana 023 del 2021 para los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón, en la que refiere la grave situación de derechos, y ha emitido dos informes de seguimiento y tres oficios de consumación.
Fuente: Defensoría del Pueblo
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
