ARAUCA
Arauca, durante el primer semestre del año, hubo 73 desapariciones forzadas
El recrudecimiento del conflicto armado en el departamento de Arauca, en el primer semestre del año, debe llamar la atención del alto gobierno y las autoridades departamentales y locales, por cuanto el número de personas desaparecidas ascendió a 73, es decir, 38 más que en el mismo periodo del año anterior.
A la cruda situación se suma, como lo reportó días atrás la Defensoría del Pueblo, al menos 78 homicidios.
No obstante, es tan crítico lo que está ocurriendo, que durante todo el 2023 la Defensoría tuvo conocimiento de la desaparición de 113 personas, de 37 aún no tiene conocimiento de su paradero. Y en el caso del 2024, de 29 aún desconoce su suerte.
Uno de los más recientes casos, ocurrido el 6 de mayo pasado, fue el del ganadero Uriel Parales, de 64 años, que habría sido secuestrado en el municipio de Cravo Norte y de quien hasta el momento no se tiene información alguna. En otras palabras, en el último año y medio no se sabe nada de 66 personas, a quienes sus familias, con esperanza y fe, aún siguen esperando.
Para la entidad, es de suma preocupación las graves vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) cometidas por los grupos armados al margen de la ley que delinquen en el departamento, como el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, con el accionar de su Comando Conjunto de Oriente, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de su Frente de Guerra Oriental.
El sometimiento a ‘juicios’
De acuerdo con la información entregada por los familiares de las víctimas, las personas serían identificadas y abordadas por sujetos armados que, mediante intimidación, las someten y se las llevan con rumbo desconocido. En la mayoría de los casos serían sometidas a ‘juicios’ que incluirían torturas y castigos, con el fin de comprobar o descartar si hacen parte de o colaboran con otro grupo armado contendor. En otros casos, las motivaciones de las retenciones podrían ser económicas o extorsivas.
Adicionalmente, la Defensoría tiene conocimiento de que existe un subregistro importante de desapariciones, pues los familiares se niegan a hacer las respectivas denuncias ante las autoridades, por temor a represalias de los captores. También ha conocido que se arriesgan a hacer acercamientos en privado, con tal de tener información de sus seres queridos y lograr su regreso a casa, sanos y salvos.
La desaparición forzada, como práctica atroz en el desarrollo del conflicto armado, además de que se constituye en una evidente violación a los derechos humanos, se convierte en crimen de lesa humanidad cuando es cometida de manera generalizada o pasa a ser una práctica sistemática, como está sucediendo en Arauca.
Los grupos armados deben renunciar a tan cruel delito y el Estado, actuar
El Comando Conjunto de Oriente y el Frente de Guerra Oriental, como llamado de la Defensoría del Pueblo, deben ponerle fin a tan violenta práctica, la cual subyuga a la población civil, produce terror y causa sufrimiento a las familias de los afectados y la sociedad en general, además de que es constitutiva de vulneraciones a los derechos a la libertad, la seguridad, la vida, entre otros.
A las instituciones del Estado les solicita prestarle atención especial a la compleja situación de orden público que sigue viviendo el departamento, con el encaminamiento de acciones que permitan mitigar sus efectos, los cuales vulneran los derechos de las comunidades e infringen el DIH.
La entidad nacional garante y protectora de los derechos humanos, atendiendo a su espíritu misional, reitera la disposición de sus canales humanitarios para que mujeres y hombres reportados como desaparecidos, sin importar las pretensiones de quienes los puedan tener en su poder, regresen lo más pronto posible al seno de sus hogares.
Fuente: Defensoría del Pueblo
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías legalizó la captura de un docente condenado por su responsabilidad en el abuso sexual de una menor de edad en zona rural de Arauquita (Arauca).
Según la investigación, los hechos se registraron en noviembre de 2011, donde el hombre abusó sexualmente de la niña en varias oportunidades, aprovechando su rol como docente.
El procesado fue capturado servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de uniformados de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial. La sentencia quedó en firme.
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
