META
Judicializados nueve presuntos responsables de cobros extorsivos en el Meta
La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro mujeres y cinco hombres que, en dos hechos aislados, habrían exigido distintas sumas de dinero a personas para garantizar sus vidas. Los casos se presentaron entre 2023 y 2024 en localidades del Meta.
Según la Fiscalía estos sujetos fueron capturados en Villavicencio (Meta) y Medellín (Antioquia) por el grupo Gaula de la Policía Nacional, en cumplimiento de órdenes judiciales.
Según su presunta responsabilidad en los hechos indagados, los procesados fueron imputados por delitos como: extorsión agravada consumada, secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Ninguno aceptó los cargos.
Señala el ente investigador que los detenidos harían parte de grupos delincuenciales y se cree que se identificaban como integrantes del ‘Clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc.
En uno de los casos fueron capturados Noel Cristóbal Pérez Cifuentes alias Lobo, Nancy Judith Durán Castillo, Carlos Julio Romero Medina y Nelly Patricia Parrado Luján, quienes desde el 2023 habrían recibido varias consignaciones a través de empresas de giros y bancos, por parte de un ganadero de la capital metense.
Pérez Cifuentes fue enviado a la cárcel, como presunto cabecilla en este hecho, junto a otra persona capturada en Ibagué (Tolima), los demás fueron imputados por ser los cobradores de los depósitos realizados por la víctima.
El otro hecho permitió la judicialización de Miguel Alberto Muñiz Quinchía, Andrés Correa Flórez, Viviana Estella Chávez Cano y Carmen Emilia Quinchía Quinchía. Estas personas fueron capturadas por orden judicial en diligencias de allanamiento en Medellín (Antioquia). Jeisson Estiven Bernal García detenido por hechos similares fue vinculado al proceso.
Los procesados, al parecer, contrataban a sus víctimas para realizar trabajos en sus profesiones, para luego secuestrarlos y exigir dinero a sus familiares por su liberación.
El juez del caso ordenó detención privativa de la libertad intramural contra Bernal García y domiciliaria para los demás.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
