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Meta, entregan restos de hombre desaparecido hace más de 30 años
Luego de más de 30 años de búsqueda, una familia afectada por el conflicto armado recibió el cuerpo de su familiar desaparecido en Villavicencio. El hallazgo se dio en el cementerio de Bojacá, Cundinamarca, en el marco de una acción conjunta entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía General de la Nación.
En 2023, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, recibió información clave para emprender de manera coordinada la búsqueda que condujo a su posterior identificación y que permitió la entrega digna el 16, 17 y 18 de mayo.
Luego de recibir el cuerpo, la familia se reunió en compañía de amigos y organizaciones que apoyaron su búsqueda para despedir dignamente al esposo y padre que esperaron por más de tres décadas. Durante ese tiempo, la señora M, identificada así por motivos de seguridad, sacó adelante a sus cuatro hijos y, con tenacidad, amor y convicción, siguió cada pista del paradero de su ser querido.
“Lo tomamos como una alegría porque se cumplió el sueño de tener de nuevo a mi papá cerca”, dijo el hijo menor de la víctima durante la ceremonia de entrega del cuerpo de su ser querido.
Historia de una familia marcada por el conflicto
La historia de la señora M está marcada por el conflicto armado. Ella, su esposo y sus hijos se desplazaron forzosamente en varias ocasiones, huyendo de la violencia antes de asentarse en Bogotá. Fue allí donde, según su relato, la víctima fue detenida por hombres que se identificaron como integrantes del B2 del Ejército, afirmando que debía rendir declaraciones en el CAI del sector. Sin embargo, cuando su familia lo buscó en este lugar, no encontraron registro de su ingreso.
Año y medio después, una fotografía de la víctima apareció en un artículo de un medio de comunicación impreso sobre una masacre en Bojacá. Al enterarse de esto, la señora M, fue al cementerio de este municipio y el sepulturero confirmó haber inhumado el cuerpo de su esposo como N.N., junto con cinco personas más. También le dijo que, para exhumarlo, debía realizar un pago de tres millones de pesos, una suma con la que su familia no contaba.
Pasó más de una década antes de que la familia denunciara este crimen. ¿La razón? Como los hombres que detuvieron al señor R se identificaron como integrantes del cuerpo de inteligencia militar, no sabían cómo comprobarlo y temían hacer señalamientos erróneos que provocaran represalias.
En su larga búsqueda, la señora M conoció a otras mujeres de la región que tienen familiares desaparecidos y que a través del teatro decidieron narrar su dolor. “Todavía tengo preguntas, pero ya no son las mismas que cuando empezamos este proceso. Mi compromiso el día de hoy es seguir buscando la verdad y apoyando a otras personas que están en este camino”, dijo la señora M durante la diligencia de entrega digna.
En 2023, la JEP recibió una solicitud de la fundación Nydia Erika Bautista con información sobre el posible lugar donde se encontraba el cuerpo de la víctima y, en respuesta, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, hizo labores para la recuperación y entrega digna del cuerpo.
La JEP se comunicó con el Ministerio del Interior, el Grupo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube) de la Fiscalía, Medicina Legal, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bojacá y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Estas instituciones podían aportar los datos necesarios para verificar la ubicación del cuerpo y la situación del camposanto para proceder con la exhumación y posterior identificación.
“Mi intuición siempre me llevó al lugar correcto. Yo debía seguir tocando puertas, es así como llegué a lugares inimaginables (…) Agradezco a la JEP, a la Fiscalía, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la UBPD. Ahora será posible llevar una flor para el día del padre”, agregó la señora M en la ceremonia de velación.
Aunque la entrega del cuerpo del señor R cierra un ciclo de búsqueda, la JEP continúa articulando su trabajo con la Fiscalía para esclarecer la verdad para las víctimas del conflicto armado. “Hoy celebramos que su espera ya terminó, nosotras seguiremos en la búsqueda con la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos” finalizó una de las madres buscadoras del Meta y el Guaviare que acompañó la entrega digna.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a un hombre que habría agredido sexualmente a una menor de 11 años, en hechos ocurridos en 2022, en un sector urbano de Puerto Gaitán.
Un fiscal seccional, imputó al procesado de 31 años, el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cargo que no fue aceptado.
De acuerdo con la investigación, el hombre que vivía en el mismo sector de la víctima, la habría abordado en el momento que la menor se encontraba sola y la sometió a vejámenes sexuales.
El presunto agresor fue capturado por uniformados de la Policía, la Armada y el Ejército Nacional, en zona rural del municipio, donde intentó esconderse.
La Fiscalía investiga si hay más personas que serían víctimas de este actuar delincuencial.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Policía Nacional en el departamento del Meta señaló que investiga los hechos registrados en la mañana del lunes, 18 de noviembre en el municipio de Guamal, donde una menor de 5 años de edad identificada como Sara Natalia Camacho fue hallada sin signos vitales al interior de una su vivienda.
Uniformados de la Estación de Policía de ese municipio al recibir una llamada telefónica sobre este hecho, se desplazaron de manera inmediata hacia el domicilio ubicado en la vereda Santa Bárbara, donde ya hacía presencia personal médico local quienes confirman el deceso de la menor.
Se conoció que fue el padrastro de la menor quien denunció la situación, indicando a las autoridades que la niña salió de la vivienda sobre las 11 de la noche y regresó en la madrugada del 18 de noviembre.
Un equipo especializado de la SIJIN fue designado para iniciar las investigaciones correspondientes a este caso, con el objetivo de conocer las posibles causas del fallecimiento de la infante de tan solo cinco años de edad.
La Fiscalía General de la Nación junto con Comisaría de Familia, llegaron a la vivienda en aras de apoyar el proceso de investigación y acompañamiento a los familiares.
Fuente: Policía Meta
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Sonia Paola Montoya Narváez y Anwar Zamir Abdala Herrera, como presuntos responsables del delito de estafa agravada masa, debido a su eventual responsabilidad en los hechos ocurridos entre 2015 y 2022 en Villavicencio y Puerto López (Meta).
En uno de los casos ocurrido entre diciembre de 2017 y septiembre de 2020, Montoya Narváez, como representante legal de una sociedad y directora comercial de un concesionario automotriz, habría recibido 297’300.000 de pesos por la venta de vehículos, los cuales nunca entregó a los compradores. Por estos hechos la mujer fue capturada en el barrio San Fernando de Villavicencio (Meta).
Por otra parte, entre noviembre de 2015 y agosto de 2022, Abdala Herrera se habría hecho pasar por comerciante de vehículos y viviendas, que no eran de su propiedad. El procesado habría firmado los contratos de compraventa y traspasos como si fuera el dueño de los bienes por los cuales se cree recibió 232’000.000 de pesos. El hombre fue capturado en vía pública del barrio San Antonio de la capital del Meta.
Las detenciones fueron realizadas por servidores del CTI en articulación con la Policía Nacional. En audiencias preliminares, los procesados aceptaron su responsabilidad en los cargos imputados por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA).
Jueces de control de garantías impusieron medidas privativas de la libertad en los lugares de domicilio de cada uno de los investigados.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
