META
Habitantes de 89 barrios en Villavicencio en peligro por disputas entre bandas y grupos criminales urbanos
Habitantes de 89 barrios, en seis de las diez comunas de Villavicencio, están corriendo peligro debido a la reciente ola focalizada de violencia contra los migrantes venezolanos, como consecuencia de la estigmatización que enfrentan, pues un grupo reducido de ellos ha incurrido en actos de criminalidad, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Los hechos están relacionados, añadió el Defensor, “con la disputa por el control de actividades que generan rentas ilícitas en la capital del Meta. Al existir grupos criminales urbanos, que cuentan con arraigo histórico en la ciudad y un marcado liderazgo de personas con renombre a nivel local, se disparó la confrontación entre esos grupos y bandas emergentes, que son más débiles territorialmente hablando y están conformadas por algunas personas de origen venezolano”.
En carta enviada al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, la Defensoría del Pueblo le dio a conocer la Alerta Temprana de Inminencia 06 de 2024, con la que hace un llamado para que sean protegidos los habitantes de los barrios y asentamientos humanos del perímetro urbano en riesgo.
Señala el funcionario que, desde el pasado 2 de enero y hasta el 19 de febrero registraron 11 homicidios, tres casos de desplazamiento forzado y uno de amenaza de las autodenominadas ‘Mafia las Águilas’, hechos criminales relacionados con las denominadas ‘purgas’.
Por eso, agregó Camargo Assis, “hay temor de que durante los próximos días se sigan presentando más homicidios, amenazas y desplazamientos forzados, focalizando población vulnerable tanto de colombianos como de población migrante del vecino país”.
Para la Defensoría del Pueblo, es factible que la población civil focalizada siga siendo objeto de violaciones a los derechos humanos por atentados contra la vida, la seguridad y la libertad personal, que se pueden agudizar, además, por reclutamiento forzado y utilización de niñas, niños y adolescentes, extorsiones, ataques indiscriminados contra población migrante y enfrentamientos armados entre bandas urbanas.
Fuente: Defensoría del Pueblo
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
