La construcción del nuevo hospital de Trinidad podría quedar oficialmente encaminada hacia su liquidación una vez expire, el próximo 13 de julio, la última suspensión del contrato. Así se conoció al término de una mesa de seguimiento liderada por la Contraloría General de la República, en la que se concluyó que el proyecto presenta serias deficiencias desde su planeación y ejecución.

La gerente de Red Salud Casanare, Lady Patricia Bohórquez, indicó que la prioridad será proteger los recursos públicos, mientras el organismo de control anunció que promoverá las actuaciones necesarias para establecer eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.

De acuerdo con Red Salud Casanare, el contrato apenas alcanza un avance cercano al 3 %, pese a que el contratista recibió un anticipo superior a los 2.600 millones de pesos. La entidad evaluará hacer efectivas las pólizas para recuperar los recursos desembolsados y determinar la responsabilidad tanto del contratista como de la interventoría por el presunto manejo irregular de esos dineros. La continuidad o terminación definitiva del proyecto dependerá del concepto técnico de la interventoría, aunque las fallas detectadas en diseños, aspectos estructurales y condiciones técnicas ponen en duda la viabilidad de continuar con la obra.

Sumado a todas las falencias, se encontró que el contratista con el dinero del anticipo hizo la demolición del antiguo Centro de Salud donde se construiría la nueva infraestructura, y ahora no existe ni el antiguo, y mucho menos el nuevo que apenas lleva el 3% de ejecución. En una mesa de trabajo realizada por iniciativa de la Alcaldía, se encontró que, presuntamente, en los diseños de la red de aires acondicionados se suplantó a un ingeniero que aparece firmando los mismos.

Comunidad la principal perjudicada

La alcaldesa de Trinidad, Damaris Abril, reconoció que la comunidad ha sido la principal perjudicada por la paralización del proyecto y admitió que desde su formulación se presentaron errores de planeación que hoy impiden avanzar en la construcción del hospital. Por ello, pidió que se adopten decisiones de fondo que permitan reiniciar el proceso bajo condiciones técnicas adecuadas y con garantías para el manejo transparente de los recursos públicos.

Entretanto, el gerente departamental de la Contraloría, Reyneiro Flechas, confirmó que será remitido un informe ejecutivo a la Contraloría Delegada para el Sistema General de Regalías, con el propósito de definir las acciones legales correspondientes y evaluar la compulsa de copias ante la Fiscalía y la Procuraduría.

Paralelamente, Red Salud Casanare y la Secretaría Departamental de Salud anunciaron medidas transitorias para reforzar la atención médica en Trinidad, entre ellas la instalación de infraestructura provisional u hospitales de campaña, que permita ampliar la capacidad del servicio de urgencias mientras se resuelve el futuro del proyecto.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ender Lisandro Sierra Martínez y Nelson Luis Carmona Vásquez, quienes estarían implicados en el hurto de una camioneta de alta gama en zona rural del municipio de Maní.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de junio en la vereda Las Islas del citado municipio, donde los procesados, de manera violenta y en la modalidad de atraco con arma de fuego, se apoderaron del vehículo y emprendieron la huida. Sin embargo, el oportuno aviso de la comunidad permitió su captura en flagrancia por parte de la Policía Nacional.

Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y hurto calificado y agravado. Los procesados no aceptaron los cargos.

Durante el procedimiento, fue recuperada la camioneta y se logró la incautación de una pistola y 14 proyectiles calibre 9 milímetros.

La Gobernación de Casanare expidió el Decreto 0166 del 30 de junio de 2026, reglamentando la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, creada por la Ordenanza No. 014 de 2025.

Según explicó el Gobernador César Ortiz Zorro, este tributo busca garantizar la continuidad operativa, implementación y ampliación de las herramientas tecnológicas adquiridas para combatir el delito, especialmente, asegurar la sostenibilidad y funcionamiento ininterrumpido de las cámaras del Sistema Integrado Inteligente de Emergencia y Seguridad de Casanare (SIIES).

Administrada por la Secretaría de Hacienda Departamental, esta nueva tasa proveerá a la Gobernación de un presupuesto continuo, vital para el mantenimiento preventivo y la operación de los sistemas de videovigilancia. El objetivo es que la Fuerza Pública cuente con “ojos en la calle” las 24 horas del día, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la prevención del delito en la región.

Estratos 1, 2 y 3 no pagarán la tasa

La tasa se calculará sobre el valor del consumo mensual de energía eléctrica en pesos. Los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 estarán exentos de este cobro. Para los estratos 4, 5 y 6 se aplicarán tarifas del 1,00%, 1,10% y 1,20% respectivamente, mientras que los sectores comercial, industrial y oficial tendrán una tarifa del 1,20%, siempre bajo los topes establecidos por la Ordenanza 014 de 2023.

El tributo rige a partir del 1º de julio de 2026. El primer valor de facturación acumulará los meses de julio, agosto y septiembre, y los ciudadanos obligados tendrán como plazo máximo para pagarlo el 18 de diciembre de 2026. A partir de octubre, la Secretaría de Hacienda habilitará una plataforma virtual para que los contribuyentes descarguen y paguen su factura de forma ágil, mediante botón PSE, códigos QR y otros canales electrónicos, de manera independiente a la factura del servicio público de energía.

Gloria Lucia Rivera, secretaria de Hacienda de Casanare, afirmó que esta tasa es una estrategia integral para un sistema de vigilancia moderno y sostenible, que devolverá la tranquilidad a los ciudadanos.