REGIÓN
Indígenas de la Orinoquía reclaman la restitución de más de 500 mil hectáreas
Con la acción judicial presentada recientemente por la Unidad de Restitución de Tierras – URT en favor del Resguardo Indígena Morichalito Matsuldani, en reclamo de 9 mil hectáreas ubicadas en Puerto Carreño, se consolidan importantes cifras en las labores de la Dirección Territorial Bogotá, para proteger a las víctimas de despojo y/o abandono forzado de tierras en la Orinoquía colombiana.
Toda vez que, con ello, este despacho suma ya en ruta étnica diez demandas presentadas durante la actual administración, para buscar la restitución de más de 500 mil hectáreas de tierra en beneficio de los pueblos originarios.
Ante juzgados de restitución de Meta y Cundinamarca fueron radicados estos diez procesos legales. Así, la entidad espera no solo el restablecimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas de la Orinoquía, sino la reivindicación de sus derechos culturales, sociales, económicos e inmateriales.
Llama la atención que seis de las diez demandas de restitución presentadas se ubican en el río Guaviare, entre los departamentos de Vichada y Guainía, lo que da cuenta de la prioridad que se le ha dado a esta zona fuertemente afectada por el conflicto armado.
En resumen, estas son las diez demandas en mención:
- Resguardo Indígena Morichalito Matsuldani, del pueblo Amorúa, ubicado en el municipio de Puerto Carreño (Vichada). Esta comunidad reclama la restitución de 9 mil hectáreas.
- Comunidad Carpintero Palomas, de los pueblos Sikuani y Piapoco, ubicada entre Vichada y Guainía. Se pide el restablecimiento territorial de 43 mil hectáreas.
- Comunidad Chigüiro, de los pueblos Sikuani y Piapoco, ubicada entre Guainía y Vichada. La demanda presentada reclama 6 mil hectáreas.
- Comunidad Arrecifal, ubicada entre Guainía y Vichada. Se solicita la restitución de 108 mil hectáreas de tierra.
- Comunidad Yamjolí, de los pueblos Piapoco, Sikuani y Sáliba, ubicada en Cumaribo (Vichada). Se pide el restablecimiento territorial de 3 mil 165 hectáreas.
- Resguardo Indígena Guaco Bajo – Guaco Alto, de los pueblos Sikuani y Piapoco. Dichas comunidades reclaman sus derechos sobre 91 mil hectáreas.
- Territorio Metiwa Guacamayas del pueblo Sikuani, ubicado en Cumaribo, (Vichada). Se solicita la restitución de 16 mil hectáreas.
- Resguardo Indígena Chaparral y Barro Negro, del pueblo U’wa, ubicado en Casanare. La comunidad ancestral reclama un territorio de 17 mil hectáreas.
- Resguardo Indígena Laguna Curvina – Sapuara, ubicado en Cumaribo (Vichada). Se pide el restablecimiento de los derechos sobre 77 mil hectáreas.
- Resguardo Indígena Murciélago Altamira y comunidad de Barranco Picure, en Barrancominas (Guainía).
Las demandas presentadas por el equipo de Asuntos Étnicos de la Dirección Territorial Bogotá, cumplen con las disposiciones establecidas en el Decreto Ley 4633 de 2011, razón por la cual siete de ellas han sido ya admitidas por los Jueces Especializados de Meta y Cundinamarca.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
