META
En el Meta hallaron restos de joven desaparecido durante el conflicto armado
La vinculación y el reclutamiento forzado de personas a grupos armados fueron las causas de mayores desapariciones en el Meta. La historia de Julián*, quien perdió contacto con su familia desde 2003, es una de tantas historias de sufrimiento en el territorio.
La familia buscadora recuerda que Julián fue reclutado en 2003 por las extintas Farc-Ep siendo menor de edad. Luego de que ingresó a las filas, pasaron seis años para que sus parientes tuvieran noticias de él. Pocas veces, en medio del fragor de la guerra, tuvieron la posibilidad de visitarlo.
Según información que recibieron sus familiares, Julián falleció producto de un combate con el Ejército Nacional. Los datos de las circunstancias también fueron corroborados años después por excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz.
Como en muchas familias esto provocó un sentimiento de desolación y desesperanza. En este caso, quien más se afectó fue su madre, quien tuvo afectaciones de salud, perdió la visión y se sumergió en un dolor profundo.
Al surgir la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, la familia de Julián decide retomar el proceso de búsqueda. “Los familiares se acercaron a la entidad, aportaron la información que habían logrado recoger sobre lo ocurrido a su ser querido y, a través de estos datos que se recibieron de manera inicial, se avanzó en acciones de recolección de información, consultas interinstitucionales y coordinación con otras instituciones hasta encontrar un cuerpo que coincidía con el de la persona dada por desaparecida”, dijo Diana Paola Viveros, coordinadora de la UBPD en Villavicencio.
“Este cuerpo fue plenamente identificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y posteriormente, a través de la coordinación con el Grube de la Fiscalía, hemos adelantado la entrega digna a la familia”, añadió.
A partir del proceso con la Unidad de Búsqueda, la esperanza de la familia se incrementó. Sus pensamientos y anhelos se concentraron en darle una despedida digna, bajo sus creencias y tradiciones familiares. Un sueño fue determinante para avanzar y llegar a la finalización de la búsqueda.
En sueños se le presenta Julián
Cuando se realizó el proceso de identificación por parte Medicina Legal, la madre de Julián tuvo un sueño que le marcó la vida y con el cual esta misión humanitaria empieza a cerrar el ciclo de dolor.
En diálogo con los colaboradores de la UBPD, ell aseguró que su hijo se le presentó en sueños y le hizo saber que él llegaría, por lo que ella tuvo plena certeza de que el cuerpo que tenía identidad orientada sí era el cuerpo de su hijo. El evento sobrenatural marcó para siempre tanto a la familia como a los servidores públicos.
El día de la entrega digna, madre, padre, hermanos, hermanas, sobrinos y demás familiares estuvieron presentes en el encuentro con la Fiscalía y la Unidad de Búsqueda durante la entrega digna del cuerpo. Allí se explicó el proceso judicial y los procedimientos que llevaron a la plena identificación de Julián para ser posteriormente entregado. De igual manera, la familia recibió acompañamiento psicosocial por parte de la Gobernación del Meta, el CICR y la Unidad de Víctimas.
Finalmente, la Unidad de Búsqueda brindó apoyo a la familia para trasladar el cuerpo de Julián hasta el cementerio de Villavicencio. Allí lo despidieron pero ya con la certeza de saber dónde reposa el cuerpo de su ser querido que estuvo desaparecido por dos décadas.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
