META
En el Meta hallaron restos de joven desaparecido durante el conflicto armado
La vinculación y el reclutamiento forzado de personas a grupos armados fueron las causas de mayores desapariciones en el Meta. La historia de Julián*, quien perdió contacto con su familia desde 2003, es una de tantas historias de sufrimiento en el territorio.
La familia buscadora recuerda que Julián fue reclutado en 2003 por las extintas Farc-Ep siendo menor de edad. Luego de que ingresó a las filas, pasaron seis años para que sus parientes tuvieran noticias de él. Pocas veces, en medio del fragor de la guerra, tuvieron la posibilidad de visitarlo.
Según información que recibieron sus familiares, Julián falleció producto de un combate con el Ejército Nacional. Los datos de las circunstancias también fueron corroborados años después por excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz.
Como en muchas familias esto provocó un sentimiento de desolación y desesperanza. En este caso, quien más se afectó fue su madre, quien tuvo afectaciones de salud, perdió la visión y se sumergió en un dolor profundo.
Al surgir la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, la familia de Julián decide retomar el proceso de búsqueda. “Los familiares se acercaron a la entidad, aportaron la información que habían logrado recoger sobre lo ocurrido a su ser querido y, a través de estos datos que se recibieron de manera inicial, se avanzó en acciones de recolección de información, consultas interinstitucionales y coordinación con otras instituciones hasta encontrar un cuerpo que coincidía con el de la persona dada por desaparecida”, dijo Diana Paola Viveros, coordinadora de la UBPD en Villavicencio.
“Este cuerpo fue plenamente identificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y posteriormente, a través de la coordinación con el Grube de la Fiscalía, hemos adelantado la entrega digna a la familia”, añadió.
A partir del proceso con la Unidad de Búsqueda, la esperanza de la familia se incrementó. Sus pensamientos y anhelos se concentraron en darle una despedida digna, bajo sus creencias y tradiciones familiares. Un sueño fue determinante para avanzar y llegar a la finalización de la búsqueda.
En sueños se le presenta Julián
Cuando se realizó el proceso de identificación por parte Medicina Legal, la madre de Julián tuvo un sueño que le marcó la vida y con el cual esta misión humanitaria empieza a cerrar el ciclo de dolor.
En diálogo con los colaboradores de la UBPD, ell aseguró que su hijo se le presentó en sueños y le hizo saber que él llegaría, por lo que ella tuvo plena certeza de que el cuerpo que tenía identidad orientada sí era el cuerpo de su hijo. El evento sobrenatural marcó para siempre tanto a la familia como a los servidores públicos.
El día de la entrega digna, madre, padre, hermanos, hermanas, sobrinos y demás familiares estuvieron presentes en el encuentro con la Fiscalía y la Unidad de Búsqueda durante la entrega digna del cuerpo. Allí se explicó el proceso judicial y los procedimientos que llevaron a la plena identificación de Julián para ser posteriormente entregado. De igual manera, la familia recibió acompañamiento psicosocial por parte de la Gobernación del Meta, el CICR y la Unidad de Víctimas.
Finalmente, la Unidad de Búsqueda brindó apoyo a la familia para trasladar el cuerpo de Julián hasta el cementerio de Villavicencio. Allí lo despidieron pero ya con la certeza de saber dónde reposa el cuerpo de su ser querido que estuvo desaparecido por dos décadas.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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