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Familia campesina logró su primera cosecha en tierras restituidas en el Meta
Unos pocos meses, sumados a la constancia, la dedicación y el amor, fueron suficientes para que el predio, “La Valentina”, pasara de ser un rastrojo, por cuenta de más de 10 años de abandono, a transformarse en una finca productiva.
“De la mano de Dios que nos dio la oportunidad de regresar, logramos recuperar esta tierra, la pusimos a producir y estamos mejorando nuestra calidad de vida”, manifestó Abad Valencia, un pensionado de la policía, quien fue desterrado por la guerrilla de las Farc.
A dos horas y media de Villavicencio por una ruta rodeada de hermosos paisajes, donde se observan arreboles, mágicos atardeceres, caminos bañados por las aguas cristalinas del río Ariari y se aprecia la fusión de las tonalidades verdes de la inmensa llanura; se encuentra “La Valentina” un terreno de 4 hectáreas, ubicadas en la vereda Caño Tigre del municipio de El Castillo en el Meta.
En esa tierra próspera, don Abad, un hombre valiente, serio, maduro, de mediana estatura, y su esposa Consuelo, trabajan todos los días de sol a sol para cumplir el sueño de ver florecer la finca que tanto aman. Allí, luego de recuperar y devolverles su predio, la Unidad de Restitución de Tierras, implementó un proyecto productivo de cacao y sombrío de plátano, con una inversión de $36 millones, que permitió la siembra de 2.800 plantas de cacao y 3.000 de plátano, y como componente de seguridad alimentaria se inició la cría de aves de corral.
Frutos de la restitución
Gracias a este acompañamiento brindado por la URT, la familia Valencia, se acerca cada vez más a lograr su propósito de consolidarse como productores del campo llanero, porque, con el orgullo que caracteriza a esta pareja de campesinos emprendedores, sacaron su primera cosecha de plátano hartón, una variedad que produce un fruto grande y robusto de cáscara gruesa que se cultiva en clima cálido. Ellos esperan que en poco tiempo el cacao de sus frutos.
“Gracias a la asesoría de los profesionales de restitución de tierras, que nos consiguieron un acuerdo de comercialización, vendimos una tonelada y media de plátano a la comercializadora ASOFRUD del Ariari, que nos pagó a $26.000 la arroba. Consideramos que es un buen precio para nuestro producto, que es
de excelente calidad”, contó Abad, quien no ocultó su alegría por cosechar los primeros frutos de la restitución.
Historia del desplazamiento
La historia de la familia Valencia, se remonta al año 2009, cuando luego de pensionarse de la Policía Nacional, don Abad y Consuelo adquirieron el predio en el que emprendieron cultivos maracuyá y guayaba, además de la cría de cachamas en cuatro lagos destinados para ello.
Su infortunio ocurrió a partir de 2012, cuando cinco hombres armados y uniformados con ponchos negros, llegaron hasta su vivienda y los conminaron a salir de inmediato o de lo contario se atuvieran a las consecuencias. “Un vecino del mercado nos advirtió que debíamos marcharnos, porque si no lo hacíamos, la guerrilla nos mataría”.
Fue así que, ante las múltiples amenazas recibidas por su condición de ex miembro de la Policía, el señor Valencia, junto con su mujer y sus hijos, decidieron desplazarse hacia otro municipio, de forma definitiva, el 7 de febrero de 2013.
¡La restitución transforma vidas!
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, César Santoyo, informó que después de creer que habían perdido la tierra por la que tanto lucharon, los Valencia, revivieron la esperanza cuando se enteraron de que podrían iniciar un proceso ante la justicia.
“En efecto, ellos presentaron su solicitud en nuestras oficinas en Villavicencio y como resultado de las labores de representación judicial y acompañamiento que les brindamos, llevamos el caso ante la justicia, y logramos que esta familia, además de regresar a su predio, tenga acceso a la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral”, dijo el director territorial de la URT.
Como complemento a la orden de devolución de las 4 hectáreas y mil 449 metros cuadrados, la Unidad de Restitución de Tierras, continuará brindando el acompañamiento con el proyecto productivo que les permite obtener el sustento y mejorar la economía familiar.
Santoyo, concluyó que “esta familia llanera es la prueba de que con la restitución de tierras se están transformadas vidas y territorios”. Destacó que, a la fecha, en el departamento del Meta, se han invertido cerca de $3 mil millones en la puesta en marcha de 102 proyectos agropecuarios en tierras restituidas, en líneas productivas de ganadería bovina, porcicultura y cultivos de cítricos, plátano, cacao y aguacate, entre otros.
Asimismo, la URT en Meta, ha suscrito 35 acuerdos de comercialización con entidades para garantizar la compra anticipada de las cosechas de las familias que pasaron de ser víctimas a convertirse en emprendedoras del campo llanero.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras – URT
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
