CASANARE
JEP realizará en Yopal, el 18 y 19 de septiembre, audiencia pública de reconocimiento por ´falsos positivos´
La JEP citó para el 18 y 19 de septiembre, en Yopal, la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Casanare – Caso 03.
En la diligencia judicial, 21 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles imputados por ‘falsos positivos’ aceptarán responsabilidad por participar en la ejecución de asesinatos y desapariciones que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
Durante la audiencia, que se da en el marco de una de las investigaciones que realiza la Sala de Reconocimiento de Verdad en seis zonas priorizadas en el Caso 03, los 24 responsables reconocerán los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados. Además, se referirán a los daños causados a las víctimas, así como a la organización criminal que se implantó en la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Entre los comparecientes convocados a la audiencia pública, en calidad de autores mediatos, están el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. La JEP concluyó que ellos participaron en el asesinato de 303 personas, en 218 eventos ocurridos en Casanare, Boyacá, Meta y Arauca.
CITADOS A LA AUDIENCIA JUDICIAL
Así mismo, han sido citados a la diligencia judicial: César Augusto Cómbita Eslava, Jorge Eduwin Gordillo Benítez, Wilfrido Domínguez Márquez, Gildardo Antonio Jiménez Castrillón, Wilson Camargo Tamayo, Jaime Alberto Rivera Mahecha, Edwin Leonardo Toro Ramírez, Jhon Alexander Suancha Florián, Gélver Pérez García, Marcolino Puerto Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Miguel Andrés Sierra García, Erwin Eduardo Duarte Rojas, Leandro Eliécer Moná Cano, Alexander González Almario, Wilson Salvador Burgos Jiménez, Wilson Rodríguez Mimisica, Miguel Fernando Ramírez, Zamir Humberto Casallas Valderrama, Faiber Alberto Amaya Ruiz y Orlando Rivas Tovar.
A todos ellos, la Sala de Reconocimiento les atribuyó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. Y, a algunos, los crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, así como el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
La Audiencia de Reconocimiento de Verdad es una oportunidad para contribuir a la satisfacción y dignificación de las víctimas. Como parte de la diligencia judicial, los 22 máximos responsables y dos partícipes no determinantes deberán pasar del reconocimiento escrito que ya entregaron a la magistratura de la JEP, a un reconocimiento público de las atrocidades ante la justicia, las víctimas y la sociedad.
Los efectos restauradores de este reconocimiento público pueden significar la oportunidad más directa que tienen los responsables de atender las demandas de responsabilidad y de verdad de las víctimas. Entre otras cosas, los imputados deberán aportar verdad detallada sobre hechos individuales en los términos de su participación en el plan criminal y, además, nombrar y aceptar los daños causados.
Durante siete meses, un grupo de expertos profesionales de la JEP ha trabajado en la preparación de esta audiencia pública, tanto con víctimas como con comparecientes. Este es un proceso que conduce a lograr que la diligencia permita públicamente sellar un compromiso de futuro entre quienes sufrieron el daño, quienes lo causaron y la sociedad en general, para restablecer el tejido social fracturado por los graves crímenes.
A la fecha, se han realizado tres encuentros preparatorios restaurativos con víctimas en la ciudad de Yopal, seis reuniones de concertación con representantes de víctimas, dos reuniones virtuales con representantes de comparecientes, cuatro encuentros preparatorios restaurativos con comparecientes y un encuentro preparatorio individual de nivelación con el último imputado.
De los 26 imputados por los crímenes cometidos en Casanare, dos oficiales no aceptaron responsabilidad y serán investigados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
A través de una visita de inspección de control y seguimiento, una delegación de Corporinoquia encabezada por la Directora General Diana Carolina Mariño, recorrió el campo Bloque Llanos 34, operado por la compañía GeoPark, con el objetivo de verificar la gestión que esta compañía hace al sistema de residuos peligrosos generados por la industria de hidrocarburos.
El manejo, transporte y disposición de los residuos peligrosos, por ser corrosivos, explosivos, tóxicos o infecciosos, representan un riesgo para la salud humana y para los ecosistemas si no son tratados adecuadamente; por esta razón, la Autoridad Ambiental en la jurisdicción de Corporinoquia está revisando en detalle este tipo de prácticas.
La funcionaria envió un llamado generalizado a las empresas, para que el tratamiento de estos residuos se realice minimizando su peligrosidad y asegurando que no se generen impactos negativos sobre el ambiente y las comunidades vecinas.
Así mismo, la Directora resaltó que es deber de las compañías estar dispuestos a recibir visitas de Control y Seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, como parte de su rol de velar por la correcta gestión de estos residuos.
Fuente: El Diario del Llano
Con el anuncio de siete proyectos de Ordenanza para debatir, se instaló el tercer y último periodo de sesiones ordinarias del año 2025 en la Asamblea Departamental.
El director del Departamento Administrativo de Planeación Alfonso Cárdenas Silva, quien asistió en representación del gobernador César Ortiz Zorro, fue claro al reafirmar el mensaje central del gobierno, al señalar que “no venimos a improvisar, venimos a construir de la mano con la Asamblea, con transparencia y visión de largo plazo”.
“Este no es solo otro periodo de sesiones, es una oportunidad para cerrar el año con resultados, con decisiones que impacten la vida diaria de nuestros niños, nuestros adultos mayores, nuestros campesinos, nuestra gente”, expresó Cárdenas.
Estos son los siete proyectos de ordenanza:
Durante la instalación, el Gobierno departamental radicó siete proyectos de ordenanza, que serán analizados y debatidos por la Asamblea durante las próximas semanas.
1. Beneficios tributarios para deudores del impuesto vehicular
Busca ofrecer alivios a los contribuyentes morosos, y al mismo tiempo, mejorar la salud financiera del departamento. Se proyecta un recaudo adicional de $10 mil millones que ayudarán a cubrir necesidades urgentes.
2. Monopolio de licores y alcoholes en Casanare
Una medida que, de ser aprobada, permitiría que el departamento recaude más de $234 mil millones en diez años, destinando la mayor parte a salud, educación y deporte.
3. Adición presupuestal de más de $29 mil millones para el 2025
Entre los proyectos presentados, uno resalta por su impacto inmediato y directo: la propuesta de modificar el presupuesto general del departamento para incorporar más de $29 mil millones en recursos adicionales, los cuales permitirán garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a más de 15 mil estudiantes, en su mayoría de zonas rurales, durante las últimas semanas del calendario académico.
Además, que permitirá apoyar el régimen subsidiado en salud, reforzando la atención médica de quienes más lo necesitan. También impulsar el deporte y la infraestructura vial, con proyectos en ejecución que no pueden quedarse a medias.
De otro lado, estos recursos también permitirán asegurar transferencias para instituciones como Unitrópico y la Contraloría Departamental, actores fundamentales para la formación y el control en el departamento y finalmente, cubrir mesadas pensionales, honrando compromisos con quienes dedicaron su vida al servicio público.
“No se trata solo de mover cifras, sino de dar tranquilidad a las familias, de que los programas llegan, de que el Gobierno departamental está presente, señaló Cárdenas.
4. Autorización para enajenar vehículos del Fondo de Seguridad
Cinco vehículos que buscan ser entregados a las fuerzas militares, reforzando la capacidad operativa para blindar la seguridad y la capacidad operativa en el departamento.
5. Apoyo al Festival Góspel: modificación a Ordenanza 015 de 2024
Una respuesta directa a la solicitud de la comunidad cristiana, que busca institucionalizar y fortalecer este espacio de expresión cultural y espiritual.
6. Ajustes a la Ordenanza “Casanare Palpita”
Con la mira puesta en dinamizar la economía a través de eventos culturales que activan comercio, turismo y empleo.
7. Actualización del salario del gobernador para 2025
Proyecto de trámite obligatorio conforme a lo establecido por el Gobierno Nacional desde junio de este año.
Finalmente, Alfonso Cárdenas concluyó señalando que “confiamos en que esta Asamblea, con su experiencia y compromiso, respaldará estas iniciativas que no son del gobierno, sino del pueblo casanareño”. La invitación queda planteada a trabajar juntos, sin cálculos políticos ni excusas, porque Casanare lo merece y espera que tanto el ejecutivo como el legislativo actúen de la mano para que las oportunidades lleguen al territorio sin contratiempos.
Fuente: El Diario del Llano
La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con función de control de garantías enviara a la cárcel a dos migrantes señalados de participar en una violenta riña ocurrida en el municipio de Trinidad (Casanare), que dejó una persona muerta y otra herida.
Los hechos se registraron el pasado 20 de septiembre en una vía pública, donde, al parecer, Járrison José Rodríguez Rodríguez y Yhovanny Smith Grimon Paredes atacaron con arma cortopunzante a un ciudadano durante una discusión. Sebastián Enrique León González logró huir y ser atendido en un centro asistencial. Posteriormente el hermano de Sebastián, Deyver Exnith Vargas González, llegó al lugar y les reclamó a los presuntos atacantes, siendo también agredido con un cuchillo y un machete, causándole heridas de gravedad que le provocaron la muerte.
Rodríguez y Grimon fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, tras la alerta de la comunidad, y presentados ante la justicia. La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, cargos que no aceptaron.
El juez determinó que los procesados representaban un riesgo para la sociedad, por lo que impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.
Fuente: El Diario del Llano
