REGIÓN
Casanare y Arauca en el top 10 de la corrupción y la impunidad en Colombia
El Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, presentó ante la opinión pública, el primer mapa de la impunidad en Colombia. Una herramienta que permite realizar un seguimiento más detallado de la actuación de la justicia frente a los delitos contra la administración pública.
La investigación inició hace varios meses y comprende el periodo comprendido entre el año año 2010 hasta 2023, lo que permitió identificar los 10 departamentos del país con el más alto porcentaje de procesos con delitos asociados a la corrupción, que no avanzan y permiten, en gran medida, la prescripción, dejando sin castigo a miles de responsables que se apropian de los recursos públicos.
De acuerdo con el consolidado del estado de denuncias asociadas a corrupción, hay en total 57.582, entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93.99% no tienen condena; el 89.7% sin captura, y el 77.15% están en indagación.
TOP 10 DE LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA
En el top 10 de los delitos asociados con corrupción administrativo 2010-2023 ocupa el primer lugar el peculado por apropiación con un 26%; seguido del contrato sin cumplimiento de requisitos legales, 24.6%; concusión, 10.1%; cohecho por dar u ofrecer, 9,8%; interés indebido en la celebración de contratos, 7.4%; cohecho propio, 3.7%; peculado por aplicación oficial diferente, 3.5%; enriquecimiento ilícito, 3.1%; tráfico de influencias de servidor público, 2.4%, y peculado por uso, 2.1%.
En las denuncias asociadas a corrupción sin condena por departamento se encuentra San Andrés, 99.1%; Guaviare, 99%; Bolívar, 98.5%; Putumayo, 97.6%; La Guajira, 97.5%; Casanare, 97.5%; Córdoba, 97.2%; Vaupés, 97.2%; Arauca, 97% , y Sucre, 96.8%.
El secretario Andrés Idárraga afirmó: “Estos datos son irrefutables, Colombia agoniza en un mar de impunidad, la aplicación de la justicia en los casos de corrupción, apenas se asoma a un tímido y cobarde 6%, hecho que como como Nación causa vergüenza”.
De 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95%, y 12 están entre el 90% y el 94.9% de impunidad, solo superado por Bogotá que tiene un 88% de impunidad.
En síntesis, la impunidad en Colombia, en los delitos asociados contra la administración pública, se ubica en un 94%.
El secretario anunció que convocará a la “Comisión Nacional de Moralización, máxima instancia nacional anticorrupción, en cabeza del presidente Gustavo Petro. Está conformada por el ministerio del Interior, Procuraduría, Contraloría, Auditoría, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, presidentes de Senado y Cámara, y Defensoría, entre otros.
Fuente: Secretaría de Transparencia
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
