ARAUCA
Consejo de Estado rechazó demanda que buscaba anular designación del Gobernador (e) de Arauca
Con inocultable satisfacción el abogado Wilinton Rodríguez Benavidez recibió el Auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que rechazó la demanda del acto administrativo, a través del cual el Ministerio del Interior lo designó como gobernador encargado del departamento de Arauca.
El demandante Elvin Joney Abril Guerrero, había precisado que Wilinton Rodríguez Benavidez fue elegido como diputado a la Asamblea departamental de Arauca para el periodo 2020-2023, por el partido Cambio Radical y que el pasado 28 de diciembre de 2022 renunció a dicha dignidad.
Y añadió que el demandado fue designado gobernador encargado del departamento de Arauca mediante el Decreto 077 del 23 de enero de 2023 proferido por el ministro del Interior, cargo del cual tomó posesión el 24 de enero siguiente.
Por lo anterior, consideró que el accionado se encontraba incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 1° del artículo 51-1 de la Ley 2200 de 2022, así como en el parágrafo del artículo 135 de la misma ley.
El mandatario seccional señaló que con el fallo se hace justicia, ya que se obró en Derecho y eso le da tranquilidad para seguir ejerciendo su cargo.
Rodríguez Benvidez agregó que, multiplicará sus esfuerzos para no ser inferior al compromiso adquirido con el Gobierno del Cambio y contribuir con el proceso que lidera el Presidente Gustavo Petro en busca de la paz total, sobre todo, para un Departamento como el nuestro, que ha sufrido el embate de la violencia y la confrontación armada.
Así las cosas, el gobernador encargado del departamento de Arauca, Wilinton Rodríguez podrá continuar ejerciendo su cargo.
Fuente: Gobernación de Arauca
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
