CASANARE
Judicializados sujetos vinculados en casos de hurto ocurridos en Maní y Aguazul
El material probatorio recaudado por la Fiscalía permitió judicializar a cuatro personas en casos donde habrían hurtado establecimientos comerciales en dos localidades de Casanare, en enero y mayo del presente año.
Inicialmente fueron capturados Miguel Ángel Rojas Badillo, de 24 años, Erick Chaparro Maldonado, de 25 años y Jonathan Smith Ríos Cabrera de 34 años, como presuntos responsables de los hechos que se presentaron el pasado 31 de enero en un casino del municipio de Aguazul (Casanare).
Los investigados habrían hurtado, en la modalidad de atraco a mano armada, 12’855.000 millones de pesos, tras lo cual habrían huido del lugar en una motocicleta.
En la reacción de la Policía Nacional fueron recuperados 5’195.000 millones de pesos e incautada la motocicleta en la que se desplazaban los procesados, vía a la vereda Cupiagua de Aguazul (Casanare).
Ante un juzgado con función de control de garantías fueron imputados los capturados por el delito de hurto agravado, el cual fue aceptado por dos de ellos. Recibieron medida no privativa de la libertad condicionada por parte del juzgado.
Caso de hurto en Maní
En el segundo caso fue capturado en flagrancia Diego Fernando Mejía Dedios, de 28 años, el pasado 31 de mayo, como presunto responsable de apoderarse de varios metros de cable de cobre de un establecimiento comercial en Maní (Casanare).
Dos personas que se habrían apoderado del material habrían huido en una motocicleta, que, dentro de la operación candado, activada de manera inmediata por la Policía fue ubicada en la periferia de la localidad y capturado Mejía Dedios con el cable presuntamente hurtado dentro del baúl del automotor, mientras que la otra persona huyó.
Ante un juzgado con función de control de garantías la Fiscalía le imputó el cargo de hurto calificado al procesado, el cual no fue aceptado.
El juzgado le ordenó medida domiciliaria privativa de la libertad.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Las pruebas presentadas por un fiscal adscrito a la Seccional Casanare permitieron que un juez de conocimiento de Yopal condenara a Luis Alberto Jiménez García a 7 años y 11 meses de prisión, tras ser hallado culpable de los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.
La investigación corroboró que en los municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal, Pore, Trinidad y algunas veredas de Yopal, entre 2020 y 2021 el hoy condenado extorsionó a ganaderos, finqueros, comerciantes, contratistas, entre otros, a quienes les hacía exigencias de altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus familias, su integridad y su patrimonio.
Jiménez García se desplazaba a las fincas, los establecimientos de comercio y a los distintos lugares donde eran citadas las víctimas. Y a través de equipos móviles también servía de intermediario entre éstas y sus jefes recluidos en cárceles y quienes se encargaban de hacer las amenazas y fijar los montos de las extorsiones. Así como también la fecha y la forma de pago de las mismas.
El juez también le impuso una multa de 5.700 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de la Seccional Casanare, judicializó ante un juez con función de control de garantías a un soldado profesional activo del Ejército, quien al parecer agredió sexualmente a su hijastra de 8 años.
Funcionarios de la Sijín Casanare hicieron efectiva la orden de captura en su contra en las instalaciones de una guarnición militar en el municipio de Tauramena.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre el 13 de febrero y el 22 de marzo de este año, cuando la menor habría sido sometida a tocamientos de connotación sexual por parte de su padrastro, cuando se quedaban a solas.
La Fiscalía lo imputó como presunto responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años, cargos a los que no se allanó.
Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario como lo había solicitado la Fiscalía.
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
Luego de surtirse un proceso de concertación, acuerdo de pago y negociación de tarifas con las directivas del Instituto Nacional de Cancerología, se avanza satisfactoriamente en la formalización de un nuevo contrato a través del cual se garantizará la atención de los pacientes con cáncer, afiliados a Capresoca EPS.
La minuta se encuentra en proceso de revisión por parte de la unidad de contratación del Instituto Nacional de Cancerología, previa subsanación de las últimas observaciones a este documento.
Haison Omar Carrillo Lemus, gerente de Capresoca EPS, anunció que la próxima semana se estaría suscribiendo el nuevo contrato, para dar continuidad a los servicios ambulatorios y tratamientos médicos para cerca 200 usuarios.
Desmintió que se hayan interrumpido los tratamientos y atención para pacientes con intervenciones de quimioterapia y radioterapia en los diferentes ciclos, con la suspensión de servicios por parte del Instituto.
“Nosotros venimos trabajando en la continuidad de los tratamientos de los pacientes que están en quimioterapia y radioterapia. Lo que se suspendió fue la atención ambulatoria, que tiene que ver con asignaciones de citas para confirmación de diagnóstico e inicio de tratamiento por nuevos usuarios con esta patología. Esperamos que este servicio se reanude la próxima semana con la firma del nuevo contrato”, expresó el Gerente.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
