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Aprobados en OCAD Paz 55 proyectos para financiar por regalías

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Hoy se desarrolló la sesión N° 66 del OCAD Paz, en la cual se aprobaron 55 proyectos que serán financiados por la asignación de incentivos a la producción de regalías, por un valor de $163.197 millones y beneficiarán a más de 500 mil habitantes de 16 departamentos del país. Con estos ya son 58 los proyectos aprobados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro por un valor de más de $170 mil millones de regalías.

La sesión presidida por Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP), contó con la participación de los alcaldes de los municipios de Morelia (Caquetá) y Montelíbano (Córdoba), además de los gobernadores de Huila y Norte de Santander como nuevos miembros delegados al OCAD Paz.

Este avance significa el desarrollo de proyectos estratégicos en múltiples sectores como energía, agricultura, ambiente, educación, gestión del riesgo, transporte, vivienda e inclusión social y reconciliación, entre otros. En el sector minero-energético, por ejemplo, se podrán en marcha proyectos de energía alternativa para el beneficio de 8.000 colombianos y colombianas. Así mismo, dentro de lo aprobado existen propuestas para llevar gas domiciliario a 13.000 personas y conectar a 3.000 más con proyectos de redes de electrificación.

Lea también:Aprobado catastro multipropósito para Yopal

También se aprobaron nueve ajustes a proyectos de inversión que responden a cambios que ha habido durante las etapas de ejecución, y se informó sobre la liberación de recursos de tres proyectos, en los cuales no se abrieron procesos de contratación dentro de los términos definidos. Tras esta decisión se liberarán recursos por 2.203 millones que serán de utilidad para financiar otros proyectos.

Este gobierno recibe $1.6 billones menos en el OCAD Paz, que fueron adelantados por el gobierno de Iván Duque para el cuatrienio 2023-2026 ($400 mil millones para cada año). Hoy se cuenta con $2 billones de los $2.8 que estaban proyectados para los años 2023-2024.

Dentro de los beneficiarios de los proyectos aprobados se encuentran comunidades rurales vinculadas a los PDET en seis (6) subregiones afectadas por la violencia y la pobreza en el país con 13 proyectos por valor de $43 mil millones.

Por sectores de inversión el rubro más alto corresponde a minas y energía (22 proyectos por $76 mil millones), seguido de transporte (11 proyectos por $50 mil millones), vivienda, ciudad y territorio (10 proyectos por $,18 mil millones y educación (6 proyectos por $9 mil millones). Cabe destacar la aprobación del proyecto de actualización con enfoque multipropósito de la información física, jurídica y económica predial de las áreas urbanas, y la zona de expansión de Yopal, capital del departamento del Casanare.

Los departamentos de las poblaciones beneficiadas son Meta; Bolívar; Casanare; Tolima; Putumayo; Huila; Chocó; La Guajira; Santander; Cesar; Sucre; Nariño; Boyacá; Antioquia; Córdoba Y Norte de Santander.

En la sesión del OCAD Paz se presentó a los nuevos miembros la propuesta metodológica con los criterios de priorización de los proyectos de las fuentes de Asignación para la Paz y Desahorro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET).

Al término de la sesión la subdirectora General de Regalías del DNP, Tania Guzmán afirmo: “Es fundamental que los nuevos miembros del OCAD Paz revisen la propuesta de priorización de proyectos construida conjuntamente entre Planeación Nacional y la Agencia de Renovación del Territorio para definir unas reglas de distribución más equitativas de los recursos de regalías destinados para la implementación del Acuerdo de Paz”.

Cabe aclarar que el Departamento Nacional de Planeación no aprueba ni ejecuta recursos del Sistema General de Regalías en ninguna de sus instancias, sino que ejerce un rol como secretario técnico para gestionar la información y verificar los requisitos de los proyectos, entre otras tareas.

El principal propósito de Planeación es que los recursos de regalías sirvan para impulsar un mayor desarrollo regional y un cierre de las brechas entre territorios, para lo cual está desarrollando un nuevo modelo de asistencia técnica integral para fortalecer las capacidades de ejecución en las regiones ayudando a que los municipios mejoren sus capacidades para acceder a los recursos del sistema.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

 

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Alerta por posible suspensión del PAE a nivel nacional por falta de recursos

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pae yopal

La Contraloría General de la República advirtió que existe riesgo en la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que podría llevar a su suspensión desde septiembre de 2025, debido al déficit de $500 mil millones que aún no han sido asignados para garantizar su continuidad. De no cubrirse este faltante, más de 3.500.000 niños, niñas y adolescentes en 53 Entidades Territoriales Certificadas quedarían sin acceso a este servicio esencial.

Esta alerta se sustenta en información presupuestal obtenida con corte a 20 de agosto de 2025, producto de unas mesas de control social participativo desarrolladas la última semana por la Contraloría Delegada para Educación en el distrito de Buenaventura, a partir de las cuales se hizo revisión a la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Además, en visitas de seguimiento realizadas en todo el territorio nacional, la Contraloría conoció comunicaciones enviadas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender- UApA al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 24 de junio y el 15 de agosto de 2025, solicitando la adición presupuestal urgente de los recursos faltantes. La no respuesta oportuna a estos requerimientos pondría en riesgo no solo la prestación del servicio, sino también la garantía del derecho a la alimentación y la permanencia educativa de millones de estudiantes.

La Contraloría General hace un llamado urgente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Educación Nacional y a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación para que, de manera articulada, aseguren los recursos necesarios que demanda el PAE.

La interrupción del Programa no solo tendría graves consecuencias sociales y educativas, sino que además generaría cuestionamientos públicos e institucionales, considerando la naturaleza constitucional del derecho a la alimentación y la obligación del Estado de garantizarlo.

Ante esta situación, la Contraloría General de la República reitera su solicitud al Gobierno Nacional de asignar y garantizar de manera inmediata los $500 mil millones faltantes, a fin de asegurar la continuidad, calidad y cobertura del PAE en todo el país durante el calendario escolar de 2025.
Así mismo, en el marco de sus competencias la entidad continuará realizando seguimiento permanente a la operación del PAE y a la gestión de los recursos destinados al programa.

Fuente: Comunicaciones CGR

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Empleo formal en Colombia sigue mostrando señales positivas, hay más personas contratadas

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El panorama del empleo formal en Colombia sigue mostrando señales positivas. En junio de 2025, el Servicio Público de Empleo (SPE) a través de su Red de Prestadores facilitó la colocación laboral de cerca de 53 mil personas, lo que representa 9,830 empleos más que en el mismo mes del año anterior. Esta mejora refleja un mayor nivel de conexión entre quienes buscan trabajo y las empresas que necesitan talento.

El crecimiento se vio reflejado en diferentes grupos. Las contrataciones de mujeres subieron de 19,375 a 22,425, mientras que las de hombres aumentaron de 23,782 a 30,561. En cuanto al nivel educativo, la mayoría de los contratados eran bachilleres (24,677), seguidos por técnicos (8,363) y tecnólogos (2,970), lo que indica una alta demanda por perfiles técnicos y medios en los sectores productivos.

Un dato para destacar: 17,773 personas sin experiencia laboral previa consiguieron empleo, lo que significa 7,230 más que en junio de 2024. 11.981 personas del total de colocaciones sin experiencia se ubicaron en las 23 principales ciudades del país. Este avance muestra el impacto del SPE como una herramienta clave para ofrecer primeras oportunidades laborales, especialmente a jóvenes que buscan ingresar al mercado formal.

En el aspecto territorial, 32,245 colocaciones se concentraron en las 23 ciudades principales del país, siendo Bogotá, Medellín y Bucaramanga las que agruparon más del 77% del total. Además, ciudades intermedias como Quibdó (de 6 a 55 empleos), Florencia (de 32 a 92) y Valledupar (de 66 a 146) también mostraron un crecimiento notable, señal de que el Servicio Público de Empleo está llegando a más rincones del país.

Por sectores económicos, los servicios administrativos y profesionales lideraron las contrataciones (10,334), seguidos por comercio y reparación de vehículos (1,923), e industria manufacturera (1,687). Sin embargo, otros sectores como información y comunicaciones, actividades financieras y construcción tuvieron una baja en comparación con junio de 2024.

En cuanto a los salarios, la mayoría de las vacantes cubiertas ofrecían entre $1,000,001 y $1,500,000. Las posiciones con salarios superiores a $4 millones fueron menos, bajando de 378 a 278 empleos, lo que indica una mayor concentración del empleo formal en rangos salariales medios.

Por el lado de la demanda, en junio se reportaron 159.772 ofertas de empleo, representando una disminución del 1,2% frente al mismo mes del año anterior. Sin embargo, estas ofertas registraron 981,993 vacantes, un aumento del 4.2% frente al año anterior, a pesar de que hubo una leve disminución en las ofertas formales, menos ofertas, pero mayor cantidad de puestos de trabajo. Bogotá, Medellín y Cali concentraron el 85.1% de las vacantes urbanas, lo que evidencia que las oportunidades siguen estando centralizadas en las grandes ciudades.

Sectores con más vacantes

Los sectores que más vacantes ofrecieron fueron servicios administrativos (576,725), tecnologías de la información y comunicaciones (74,445), comercio (46,692) y manufactura (32,141). Los sectores con mayor crecimiento en vacantes fueron actividades financieras (+68.4%), transporte y almacenamiento (+44.5%) e información y comunicaciones (+43.5%). En contraste, sectores como explotación de minas y canteras, suministro de electricidad gas, agua y Construcción, sufrieron caídas de 43,8 %, –30,1 % y 11,5% respectivamente.

El nivel educativo más solicitado fue bachillerato (503,833 vacantes), seguido por técnicos (173,797) y universitarios (92,670). Las ocupaciones más buscadas fueron en apoyo administrativo, técnicos de nivel medio y personal de ventas y servicios.

Toda esta información está disponible en DataEmpleo, la plataforma del Servicio Público de Empleo que permite consultar cómo se está moviendo el mercado laboral formal en Colombia. Es una herramienta útil para empleadores, personas en búsqueda de trabajo, investigadores y autoridades, al ofrecer datos actualizados sobre oferta, demanda y colocaciones de empleo en el país.

Fuente: El Diario del Llano

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Firman convenio para promover acceso de la población sorda al empleo público en Colombia

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Con el objetivo de contribuir a la reducción de brechas en el acceso al empleo público para la población sorda en Colombia, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) han suscrito un convenio interinstitucional que busca aunar esfuerzos técnicos y estratégicos, para fortalecer la inclusión y garantizar los derechos de esta población.

“Para la Comisión Nacional del Servicio Civil es muy importante la inclusión, propósito que está plasmado desde su direccionamiento estratégico. Al suscribir este convenio con la institución especializada que trabaja con la población sorda garantizamos que, de manera técnica, podamos hacer los ajustes suficientes para que la inclusión de las personas con discapacidad auditiva se materialice. Para esto, hemos trabajado una serie de actividades en alianza con actores estratégicos importantes, plasmar muchas acciones relacionadas con la vinculación a nuestros procesos de selección y espacios para que la población con discapacidad nos haga las recomendaciones para continuar con los ajustes razonables en nuestros sistemas de información, los canales de atención, etc.”, aseguró el presidente de la CNSC, el comisionado Mauricio Liévano Bernal.

Mientras que el director del INSOR, Geovani Andrés Meléndres Guerrero, sostuvo que “este convenio es una muestra de los objetivos que se quieren alcanzar. En la parte técnica, la CNSC cuenta con el Instituto, ya que queremos, para la población sorda, impulsar en términos de empleabilidad dentro de las vacantes públicas que existen actualmente”.

El convenio establece líneas de acción conjuntas dentro del marco de las competencias de cada entidad, alineadas con sus respectivos planes, programas y proyectos. Entre las acciones pactadas están:

  • El fortalecimiento institucional en la atención a la población sorda, con la implementación de estrategias para mejorar la atención de la CNSC a estos ciudadanos, así como mesas de trabajo conjuntas para analizar y evaluar la calidad de los datos relacionados con dicha atención.
  • La eliminación de barreras actitudinales en el entorno laboral con la realización de talleres presenciales y virtuales dirigidos a personas con discapacidad auditiva sobre la oferta de servicios de la CNSC y las vacantes reservadas para personas con discapacidad. También, con la participación del INSOR en eventos macrorregionales, nacionales e internacionales sobre empleo público organizados por la CNSC.
  • La implementación de ajustes razonables para el acceso equitativo con la elaboración de documentos técnicos, boletines y estudios sobre el acceso de la población sorda al empleo público; la creación de mapas de inscripción y vinculación laboral para evaluar la inclusión efectiva; y la definición de políticas y lineamientos que garanticen adaptaciones diferenciales en todas las fases de los procesos de selección.

Esta alianza estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por ambas partes. Podrá ser prorrogado por períodos iguales, previo acuerdo. Con este convenio, la Comisión Nacional del Servicio Civil sigue avanzado hacia la implementación de medidas que aporten a contar con un empleo público incluyente en Colombia, basado en el mérito, la oportunidad y la igualdad.

Fuente: Comunicaciones CNSC

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