NACIONALES
Almacenes “Tierra Santa” quedarán bajo control de la Sociedad de Activos Especiales
El trabajo liderado por la Delegada para las Finanzas Criminales, desarrollado de manera articulada por las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, permitió impactar una organización criminal presuntamente dedicada a ingresar textiles de contrabando al país.
El mega operativo, desplegado en 36 municipios, ubicados en 17 departamentos, contó con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Dijin de la Policía Nacional y la Dian, permitió la judicialización 20 presuntos integrantes de la red ilegal.
Labores de policía judicial como las búsquedas selectivas en bases de datos, interceptación de comunicaciones, inspecciones a procesos, labores físicas de verificación a empresas evidenciaron que los procesados, varios de ellos integrantes de una misma familia, habrían incurrido desde 2009 en actividades relacionadas con el contrabando de prendas y complementos (accesorios) de vestir.
Los análisis contables, patrimoniales y financieros de los procesados permitieron establecer movimientos de dinero que podría estar relacionado con delitos como el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al parecer, cometidos por personas aparentemente relacionadas con la sociedad conocida como Tierra Santa.
Según la investigación la red ilegal realizaba operaciones simuladas de importación y compra de mercancía proveniente principalmente de Panamá y Ecuador. También se logró establecer que la organización ilegal cuenta con una empresa en Barranquilla (Atlántico), 29 sucursales en el territorio nacional y 62 empresas asociadas.
Los capturados son:
Ahmad Ibrahim Gebara, Bilal Gebara Karameddin, Khaled Ahmed Gebara Karameddin, Fayez Jebara Llach, Samir Jebara Llach, Khaled Saleh Sati, Hassan Feris Karameddine Mohmoud, Fayez Jbara, Eduardo Enrique Mejía Leguia, Jebara Abedal Mugden, Jamil Omais Birani, María Carolina Rodríguez Olivares, Arnaldo Villa Santana, Leonardo Antonio Bastidas Jalk, Yasaldes Joel Altamar Rojas, Orlando de Jesús Torres Sarmiento, Manuel Ignacio Villabón López, Fray José López De La Cruz, Elías José Yamhure Daccarett y Fabio León Álvarez Franco.
Los procesados deberán responder en juicio como presuntos responsables de los delitos de lavado de activos agravado, contrabando agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado.
Acciones adelantadas por la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio
De otra parte y con el fin de afectar las finanzas de la red de contrabando, fiscales adscritos a la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 58 inmuebles, 20 sociedades, 65 establecimientos de comercio, 953 semovientes y 14 vehículos. El valor de los activos afectados superaría los 1,2 billones de pesos.
Los bienes están ubicados en Barranquilla, Malambo, Soledad, Galapa (Atlántico); Apartado, Caucasia (Antioquia); Magangué, Cartagena, Carmen de Bolívar, San Juan De Nepomuceno (Bolívar); Arauca (Arauca); Palmira, Buenaventura, Cali, (Valle del Cauca); Ipiales, Pasto, Tumaco (Nariño); Neiva, Pitalito, (Huila); Popayán (Cauca); Plato, Fundación, Ciénaga, Santa Marta (Magdalena); Maicao (Guajira); Montelíbano, Sahagún, Montería, Lorica (Córdoba); Valledupar y Aguachica (Cesar); Calamar (Guaviare); San Marcos (Sucre); Ocaña (Norte de Santander); Yopal (Casanare) y Floridablanca (Santander).
Los bienes afectados serán entregados por la Fiscalía General de la Nación a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
NACIONALES
Retiran a ‘Iván Márquez’ como representante de la ‘Segunda Marquetalia’ en los diálogos de paz
El Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió revocar la designación de alias Iván Márquez como miembro representante de la autodenominada ‘Segunda Marquetalia’ en la Mesa de Diálogos de Paz. La decisión fue adoptada mediante la Resolución 352 del 7 de octubre de 2025.
Según el documento, la medida se fundamenta en la ausencia de participación de Márquez en los diálogos desde noviembre de 2024 y en su pertenencia a la estructura armada ‘Segunda Marquetalia’, lo que “hace necesario adoptar medidas para retirar su calidad de miembro representante”. La resolución también ordena a la Consejería Comisionada de Paz comunicar esta decisión a las autoridades judiciales y administrativas competentes.
El proceso de diálogo con la ‘Segunda Marquetalia’ fue autorizado por el Gobierno Nacional el 28 de febrero de 2024, a través de la Resolución 064, con el propósito de buscar salidas al conflicto armado y avanzar hacia el desarme y la desmovilización de ese grupo.
De acuerdo con la Resolución 352, actualmente en la Mesa de Diálogos permanecen los grupos Coordinadora Guerrillera del Pacífico (CGP) y los Comandos de la Frontera Ejército Bolivariano (CDF-EB), que ahora se autodenominan Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), los cuales manifestaron su intención de continuar en el proceso de paz.
Fuente: El Diario del Llano
La Junta Directiva del ICETEX aprobó la medida de Condonación Parcial de Capital por Compensación Social, que permitirá condonar el 25 % sobre el saldo de capital adeudado a beneficiarios con crédito educativo de recursos propios, para pregrado, destino matrícula, que sean certificados por fuentes de información oficial por contribuir al bienestar de la sociedad colombiana.
Esta iniciativa que hace parte del “Plan de Oportunidades del ICETEX”, aplicará para beneficiarios que cumplan requisitos y premiará a quienes a través de su labor social contribuyen de manera efectiva a la reducción de desigualdades, fomento de la equidad, fortalecimiento de la inclusión social, promoción de la educación, salud, empleo sostenible y/o al desarrollo sostenible en general.
“Es un gran esfuerzo económico que hace el ICETEX para reconocer y premiar la labor social de beneficiarios que finalizaron su programa de pregrado con crédito educativo del ICETEX, que lo están pagando juiciosamente y que ahora se dedican a ejercer una labor social que contribuye al desarrollo del país”, destacó el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo.
Explicó el presidente del ICETEX que “la Condonación por Compensación Social priorizará a beneficiarios de crédito de la entidad, pertenecientes a clase vulnerable como víctimas del conflicto armado, indígenas, red unidos, y población con Sisbén”.
Esta medida se nutre del análisis de experiencias nacionales e internacionales en la implementación de medidas similares. Diversos países, como Nueva Zelanda, Hungría y Bélgica, han implementado con éxito alternativas de pago que permiten a los profesionales redimir parte de su deuda a través de acciones de impacto social.
Proceso de aplicación
La identificación de los beneficiarios de la medida de Compensación Social se hará a través una selección cerrada en bases de datos que entregan al ICETEX algunas entidades de orden nacional donde se validarán las personas que, tienen crédito del ICETEX y que, a través de sus acciones, generan un impacto social positivo y contribuyen al desarrollo del país.
Dentro de las entidades que facilitarán los listados y las certificaciones de los posibles beneficiaros de la medida se encuentran:
1. Ministerio de Educación Nacional: docentes de educación básica, secundaria y media vinculados al Ministerio de Educación Nacional, que ejerzan su labor en instituciones educativas públicas del país.
2. Ministerio de Salud y Protección Social: trabajadores del sector salud vinculados al Ministerio de Salud y Protección Social que prestaron su Servicio Social Obligatorio en zonas rurales, apartadas o con difícil acceso a servicios de salud.
3. Ministerio del Trabajo: jóvenes que hayan participado en el programa Estado Joven y que, durante su vinculación a entidades públicas, hayan demostrado un compromiso con el servicio a la comunidad.
4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): padres y madres comunitarios vinculados al ICBF que atiendan a niños y niñas en zonas rurales o con altos índices de vulnerabilidad.
5. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: investigadores vinculados a instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyas investigaciones generen un impacto social positivo.
6. Ministerio del Deporte: deportistas que hacen parte del Programa Atleta.
Requisitos principales:
Estar registrado en las bases de datos de las entidades del orden nacional que el ICETEX ha definido en el marco de esta medida.
Que la entidad fuente de información certifique de manera directa al ICETEX la labor de impacto social.
Que la labor de impacto social haya sido desarrollada desde el año 2022, en concordancia con la entrada en vigencia de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023.
Tener un crédito de pregrado país con recursos propios del ICETEX, en modalidad matrícula, encontrarse en etapa de amortización y al día.
En los casos en que el usuario cumpla los requisitos para acceder a la medida, pero se encuentre en mora, tendrá la posibilidad de ponerse al día para que se pueda dar aplicación al beneficio.
Contar con un saldo de capital igual o superior a cuatro (4) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.
No haber recibido previamente el beneficio de Condonación Parcial de Capital por Compensación Social, ni condonación de capital por otros conceptos diferentes a compensación social.
El ICETEX será en encargado de validar el cumplimiento de requisitos en las bases de datos suministradas por las entidades del orden nacional y de notificar a cada uno de los beneficiarios la aplicación de la Condonación Parcial de Capital por Compensación Social.
Para más información sobre esta medida y sobre convocatorias de créditos, fondos condonables y becas, ingresar a www.icetex.gov.co.
Fuente: Comunicaciones ICETEX
NACIONALES
En firme acuerdo entre arroceros y molineros para fijar precio mínimo de compra del arroz
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó, mediante Resolución No. 65722 del 29 de agosto de 2025, la fijación del precio mínimo de referencia de compra de arroz paddy verde.
La decisión se adoptó luego de haber recibido concepto previo, vinculante y motivado por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Según se indicó, luego de analizar la situación actual de la cadena de arroz, el Ministerio de Agricultura, en su concepto, y la Superintendencia en esta resolución, concluyeron que el acuerdo propuesto por los productores e industriales del arroz resulta necesario para la estabilidad y creación de condiciones de comercio justo en este sector estratégico para la soberanía alimentaria de Colombia.
En este sentido, la resolución estableció que “una vez obtenida la autorización por parte de esta Superintendencia, la Industria, molinos o compradores, pagarán el Arroz Paddy Verde, según el municipio o departamento de compra, y bajo los parámetros de calidad establecidos en el literal (c) siguiente, como mínimo a los siguientes precios de referencia”:
De otro lado, se informó que este acuerdo, que estará vigente hasta el 30 de octubre de 2025, comprende:
• La fijación de un precio mínimo de referencia para la compra de arroz paddy por departamentos o zonas del país, teniendo en cuenta algunos parámetros de calidad.
• La adopción de un mecanismo de compra de arroz paddy verde como arroz paddy seco equivalente utilizando los mismos criterios de calidad y de precio mínimo de referencia.
• La articulación de acciones conjuntas para el desarrollo del plan de ordenamiento productivo del arroz.
De acuerdo con la SIC, lo que se busca es que haya una estabilidad económica del sector y la garantía de condiciones de remuneración que hagan sostenible la producción, calidad y comercialización del grano.
En el informe se indicó que “el análisis de este acuerdo concluyó que, si bien la medida podía implicar una limitante a las condiciones de venta como es el precio, su adopción está llamada a generar externalidades positivas en la cadena de arroz y derivará en un beneficio para los productores. Así, el acuerdo persigue garantizar un nivel de ingreso a los productores, asegurar los planes de siembra y evitar la pérdida de un producto esencial para la canasta alimentaria del país”.
De otra parte, la Superintendencia reconoció que este acuerdo no tendría efectos negativos en el consumidor y, por el contrario, permitirá dinamizar la oferta de arroz blanco en el mercado, redundando en un beneficio para los consumidores.
Adicionalmente, con el fin de garantizar el respeto de la libre competencia económica en el sector arrocero, la Superintendencia, a través de la Dirección de Cumplimiento, realizará seguimiento y vigilancia detallado de la ejecución de este acuerdo. Para cumplir con esta función, se estableció una metodología que permitirá monitorear la cadena de arroz en Colombia.
Así, la Superintendencia determinó que las partes deberán remitir a la Dirección de Cumplimiento, información relacionada con los precios mínimos de referencia, cantidades de compra, formas de pago, los parámetros de calidad utilizados en las adquisiciones de arroz paddy verde, entre otras variables.
Fuente: Comunicaciones SIC
