META
Ecopetrol denuncia y rechaza violencia contra trabajadores e infraestructura en el Meta
Ecopetrol denuncia una ola de actos de violencia, como amenazas y amedrentamientos contra los trabajadores, y sabotajes a las instalaciones e infraestructura de la Empresa, las cuales se registran desde el pasado 12 de mayo en el municipio de Acacías (Meta), uno de los principales centros de producción de hidrocarburos del país.
En la madrugada de hoy encapuchados ingresaron al taladro Independence 204 ubicado en la vereda El Triunfo, en Acacías, y amenazaron e instaron a los trabajadores que se encontraban de turno a salir de la locación y abandonar la operación.
Así mismo, en las últimas horas fue quemada una camioneta al servicio de Ecopetrol y fueron abiertas las válvulas de varios pozos, lo que originó un derrame de crudo que no se ha podido controlar, porque los manifestantes impiden el ingreso de las cuadrillas de atención de emergencias. El derrame de crudo podría llegar al caño Danta, que a su vez desemboca en el río Orotoy.
A estos hechos se suman agresiones contra el personal que estaba reparando la malla que protege la estación Acacías, la cual fue averiada el día anterior por los mismos manifestantes, así como ataques con piedras y elementos incendiarios contra los vehículos que transportan personal de empresas contratistas.
El fin de semana desconocidos agredieron con objetos contundentes el helicóptero que intentaba aterrizar en el sitio para entregar la alimentación a los trabajadores de turno. A la fecha, el personal ubicado en dicho taladro no ha podido recibir alimentos.
Esta oleada de violencia ya afecta la operación de la empresa en el departamento del Meta. Debido a los ataques han tenido que ser apagados un total de 92 pozos en producción.
Las manifestaciones de violencia están siendo realizadas por personas que aseguran seguir directrices de representantes de las Juntas de Acción Comunal que conforman la Corporación Comunitaria de Juntas de Acción Comunal del área de influencia directa San Isidro de Chichimene (CJAID). Rechazan la entrada en vigencia del Decreto 1668 de 2016, en el que se establece la zona de influencia del municipio para la contratación de la mano de obra local, dentro de las políticas de contratación laboral transparente y gratuita.
El pasado 11 de mayo, en reunión con cerca de 400 personas de la comunidad de Acacías, Ecopetrol ratificó su compromiso de cumplimiento absoluto de Ley e hizo un llamado a que se denuncien los hechos de incumplimiento de la normatividad laboral vigente. La reunión fue presidida por el Alcalde Municipal de Acacías, en compañía de la Personería Municipal, representantes de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos y del Ministerio de Trabajo.
Ecopetrol hace un nuevo llamado a los manifestantes que cesen las acciones de hecho y permitan la normalidad laboral. Reitera que estas acciones afectan el trabajo y contratación de personas de la región. De la misma forma, solicita a las autoridades su intervención para el restablecimiento del orden público en este municipio donde se producen cerca de 200 mil barriles de petróleo por día.
Las vías de hecho, además de afectar la operación de Ecopetrol, impiden la generación de regalías y contraprestaciones a favor de la Nación, lo que ocasiona pérdidas económicas de miles de millones de pesos en producción y demás actividades conexas.
Fuente: Prensa Ecopetrol
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
